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Me hubiese gustado utilizar el título de este artículo para describir que el país anda muy bien, pero lamentablemente lo tengo que usar para hablar de todas las marchas que reclaman mejores días para cada uno de los diferentes sectores en conflicto con el gobierno central. Uno de los principales problemas de gobiernos populistas con tintes fascistoides, es que les vende al común de la gente la ilusión de la tierra prometida, cual si fueran profetas muy cercanos a ser Dioses. La diferencia, es que en algún momento sus propias promesas comienzas a cobrarles la factura, porque muchas veces han confundido la paciencia y el silencio de la gente con estupidez. El pueblo boliviano; en su mayoría, queríamos un cambio en la forma de conducción del país. El problema es que muy pocos nos pusimos a discutir la dirección del cambio, y muchos fueron encantados por los cantos de sirena del “proceso de cambio” que muy hábilmente vendió el Movimiento al Socialismo, capturando la confianza y el voto de millones de habitantes cansado del abuso de poder de ciertos círculos que se conformaron en torno al poder político y económico del país. Lo cierto es que hoy sectores que se reclamaban parte del “proceso de cambio”, ven con frustración que han sido engañados y han decidido utilizar todos los recursos a su alcance para hacer escuchar su voz de protesta por el maltrato de medidas de gobierno que afectan en especial sus bolsillos. “Hemos dado cátedra en economía, no sólo al país, sino a todo el continente” decía el Vicepresidente fanfarroneando sobre la nacionalización, que como vimos en días pasados fue una farsa que solo heredo los beneficios de la Ley 3058 de Hidrocarburos aprobada por Hormando Vaca Diaz (Q.E.P.D.) y el incremento del 100% en los precios del petróleo. La pregunta natural de la población es; si somos tan ricos como dicen los millonarios spots televisivos y cuñas radiales, ¿Por qué los asalariados no pueden tener un incremento salarial acorde a la subida de la canasta familiar? ¿Por qué el gobierno se empeña en que los médicos trabajen 8 horas, sin poder incorporarlos a la Ley General del Trabajo que garantice la vigencia de sus derechos laborales? ¿Por qué los maestros urbanos son tratados con discriminación respecto a los maestros rurales? ¿Donde queda esa danza de miles de millones de dólares de la cual habla cada miembro del gobierno en cada acto de campaña en la cual se encuentra el Movimiento al Socialismo desde hace 6 años? Siguen los anuncios, siguen las promesas y el país pide resultados. Lamentablemente los únicos resultados que veremos cuando los inquilinos circunstanciales de Palacio Quemado abandonen sus aposentos, será la gran telaraña de corrupción y compadrerio que han tejido los cocaleros y algunos colonizadores, parte de la nueva oligarquía gobernante. Ahora solo vemos a Bolivia en marcha demandando mejores días para los trabajadores de los diferentes sectores y de los pueblos indígenas, pidiendo que los gobernantes cumplan sus promesas de su permanente campaña y la nueva Constitución.

Desde que Evo Morales comenzó con sus procesos de nacionalización, el pueblo boliviano ha sido sistemáticamente engañado respecto a quienes fuimos victimas de confiscación de los derechos de propiedad sobre las “famosas” empresas transnacionales. Comenzamos esta historia de burlas con la tan mentada nacionalización de los hidrocarburos a través de la emisión del DS 28701 del 1 de mayo de 2006 que en su artículo 6 inciso I se estableció que “se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S. A., Andina S. A. y Transredes S. A.” En Chaco y Andina, los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995 teníamos alrededor del 48% de las acciones y el 34% en Transredes, tuteladas por las dos administradoras de fondos de pensiones que operaban en el país. En buen romance el Estado boliviano nos quito sin que medie Ley e indemnización justa a los bolivianos nuestras acciones en las empresas hidrocarburiferas a titulo de nacionalización. Mientras que llego a jugosos acuerdos para pagar sus acciones a las empresas transnacionales, que según el cálculo de Francesco Zaratti; en un estudio que forma parte del libro Nacionalización, le costó al país cerca de 3.900 millones de dólares (solo de este sector). El 23 de abril de 2007, mediante DS 29101, dispuso “la transferencia en favor del Estado boliviano, a título gratuito, de las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en ENTEL S.A., administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones”, confiscando nuevamente la participación accionaria de los bolivianos. El 1 de mayo de 2008, el gobierno emite el DS 29544 que establece la nacionalización del paquete accionario que tiene la empresa Euro Telecom International NV (ETI) en la empresa Entel S.A., acordando tiempo después un pago de pagó 100 millones de dólares a ETI, cerrando todo arbitraje y conflictos legales, según informo el propio Gobierno. El 1 de mayo del 2010 fue el turno de las empresas del sector eléctrico. El DS 0493 estableció la nacionalización de la Empresa Guarachi S.A. (EGSA), Corani S.A. y Valle Hermoso S.A. y el DS 0494 estableció la nacionalización de ELFEC S.A., estableciendo en ambos casos un plazo de 120 días para que se determine el costo que ENDE pagará por cada una. En octubre del 2011 el Gobierno llegó a un acuerdo con los accionistas de GDF Suez de Francia pagando 18,4 millones de dólares como indemnización por la nacionalización del 50% de sus acciones en la Empresa Eléctrica Corani S.A. La transnacional británica Rurelec PLC, que controla el 50% del paquete accionario de EGSA, notificó el inicio de un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano en diciembre de 2010, exigiendo una compensación de más de 70 millones de dólares. PPL Corporation poseía a través de su subsidiaria PPL Bolivia Holding Company el 92.12% del paquete accionario de ELFEC S.A. e Integra S.A. En Julio de 2007, PPL Corporation anunció la venta total de sus acciones en PPL Bolivia Holding Company a un grupo de inversores entre los cuales se encontraban ejecutivos y trabajadores de la misma empresa, convirtiéndola en 100% nacional. Estos, mediante asamblea extraordinaria de socios, decidieron cambiar la razón social a Luz del Valle S.A., quedando conformada la nueva sociedad por SOELBO S.A. (60%) y los trabajadores de ELFEC e Integra (40%). En fecha 09 de abril del año 2008, COMTECO adquiere de SOELBO S.A. el 56.66% del paquete accionario en la empresa Luz del Valle S.A., que equivalió a adquirir y controlar el 52.2% de las acciones de ELFEC S.A e Integra S.A. La referida adquisición, demandó una inversión de 17,1 millones de dólares, que de acuerdo a la última valoración realizada en octubre de 2009 era cercano a los 24 millones de dólares. El Gobierno estableció mediante el DS 1178 transferir la titularidad de las acciones pertenecientes a Luz del Valle S.A. a favor de ENDE, expropiando de esta manera las acciones de COMTECO y los trabajadores de ELFEC e Integra, violando lo dispuesto en el Código de Comercio y la propia Constitución Política del Estado. El artículo 57 de la Constitución Política del Estado establece que “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.” Pregunto ¿hasta cuando los bolivianos estaremos sujetos al abuso del Estado y del partido de gobierno? ¿hasta cuando nos quitaran lo que nos pertenece? ¿hasta cuando nuestros gobernantes no cumplirán la Ley? ¿hasta cuando nos podrán nacionalizar lo nacional?

Desde que Evo Morales asumió la primera magistratura del país, varios fueron los reclamos de muchos que creíamos que debía renunciar a la Presidencia de las 6 Federación de Productores de Hoja de Coca del Chapare. Pero ninguna de estas peticiones fueron escuchadas por el. El argumento es sencillo, para poder gobernar a favor de todos los bolivianos tenía que dejar de ser Presidente de solo un sector. El último informe de monitoreo de cocales de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bolivia reporto que existen 31,000 hectáreas de coca, 19,000 hectáreas más de lo permitido por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y de Sustancias Controladas. Es claro que este incremento de la producción de hoja de coca, se debe a la protección que el gobierno nacional ha desarrollado sobre los productores de coca, en especial, los del Trópico del Chapare, base fundamental del Movimiento al Socialismo. El mismo informe revelo que el 93,53% de la coca que se produce por las 6 Federaciones de las cuales es Presidente Morales no se comercializa por el mercado legal, es decir; se destina al narcotráfico. Esta claro que es imposible que dejar a los ratones cuidandoel queso, pero ¿que se hace cuando el Presidente del país, es el Presidente de los ratones? La guerra por el TIPNIS, tiene un ingrediente especial por el cual Morales ha decidido meter toda la carne al asador para “si o si” construir la carretera que atraviesa el corazón de este territorio. Los cocaleros del chapare han agotado sus tierras y necesitan tierras vírgenes donde ampliar su frontera agrícola para dicho cometido, y parece que Evo les ofreció “la tierra prometida” a sus fieles, demostrando una vez más que no es Presidente de los bolivianos, sino simplemente del sector más duro de sus movimientos sociales que lo llevaron al gobierno. La aprobación de la Ley 180 de Protección (e intangibilidad) del TIPNIS, puso en jaque al Presidente de los Cocaleros, quien rápidamente borro con el codo lo que escribió con la mano aprobando la Ley 222 de Consulta Previa en el TIPNIS. La causa de la coca, no solo ha marcado la agenda política nacional, sino que además ha desplazado a la única política de Estado que ha tenido el país, la defensa de una salida soberana al mar Pacífico. El 1 de julio de 2011, Bolivia anunció su retiro de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU; conocida como Convención de Viena, medida que se haría efectiva el 1 de enero de 2012. Antes de que se cumpla ese plazo, el 31 de noviembre de 2011, el gobierno de Morales envío a la ONU una nota de adhesión y reserva, señalando que el requisito de la Convención que establece que “la masticación de hoja de coca debe ser abolida” es incompatible con lo establecido por el artículo 384 de la nueva Constitución. Ahora ha señalado que el 12 de marzo, viajará junto a un grupo de cocaleros a Viena, para defender el uso legal de la hoja de coca en este foro internacional. Evo no fue, no es y no será Presidente de los bolivianos, fue, es y seguirá siendo Presidente de los Cocaleros.

Si alguien pensó que la lucha por preservar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) había finalizado con la sanción y promulgación de la Ley No 180 de 24 de octubre de 2011, se equivoco. Bastaba ver la cara de Evo Morales en el acto de promulgación llevado a cabo en Palacio de Gobierno para saber que se venía la revancha contra aquellos que habían osado contravenir su voluntad suprema. “Quieran o no quieran vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión” sentencio Morales el 30 de junio de 2011. Y no tardaron las acciones para revertir la derrota infringida por los indígenas de tierras bajas. Primero, llamo fuertemente la atención del Gobernador y Alcalde de Cochabamba por no haber realizado ninguna acción en apoyo a la construcción de dicha carretera. A raíz de esto, Edmundo Novillo trato de articular un Comité Impulsor de la Carretera con la vergonzosa participación de algunos actores cochabambinos que como tontos útiles se prestaron a esta maniobra oficialista. Luego vino la organización de la contramarcha, movilizando a la base fundamental del Movimiento al Socialismo; los cocaleros del Trópico del Chapare y los colonizadores, quienes además tienen intereses económicos muy fuertes en la construcción de dicha carretera. El TIPNIS es un área protegida creada como Parque Nacional Isiboro Secure mediante DS 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarada Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas. Tenía originalmente una extensión de 1.236.296 has, y debido a la presión de colonizadores, el presidente Evo Morales entrego a los pueblos indígenas un título ejecutorial sobre el TIPNIS en el año 2009, reconociendo sólo 1.091.656 has. Estas cerca de 200.000 has están delimitadas por una línea roja donde se prohíbe nuevos asentamientos y es conocida como polígono 7, que ha sido deforestada por los colonizadores y utilizada para sembrar coca habiendo desaparecido 8 comunidades indígenas. La reciente Ley de Consulta promulgada desnuda lo que todos sabíamos, Evo le meterá no más, y contra viento y marea intentará consolidar la construcción de la carretera atravesando el TIPNIS para beneficiar a los colonizadores y cocaleros, y seguramente cumplir compromisos con algunas transnacionales hidrocarburiferas. Los indígenas aglutinados en la CIDOB ya han anunciado la IX Marcha en defensa de su territorio y sus derechos, lo que desata la posibilidad de un conflicto de escalas mayores. Hay que recordar que la Guerra del Gas, inicio con la demanda de la “nacionalización” de los hidrocarburos y término exigiendo la salida del ex Presidente Sanchez de Lozada. Son muchos los sectores urbanos y rurales que ya han manifestado su apoyo a la nueva marcha, y cuidado que la defensa de esta causa termine como catalizador del descontento social del país y se termine exigiendo la renuncia de Morales. Quienes creemos en los principios de la democracia, no podemos estar de acuerdo con una salida por el desastre. Pero esta claro que la tozudez de algunos gobernantes, terminan exacerbando los sentimientos del pueblo y es en éste el que en última instancia reside la soberanía, por lo que dice el refrán “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Son impredecibles las consecuencias de la escalada de este conflicto, pero lo único que queda claro es que una vez más Evo ha demostrado que solo gobierna para los fieles del MAS.

Cuando Evo Morales nos presento a Edmundo Novillo y Edwin Castellanos para ser candidatos; uno para la Gobernación y el otro para la Alcaldía, nos dijo que había elegido a los mejores hombres para gobernar Cochabamba. En el caso de Novillo, todos sabíamos que el ex Presidente la Cámara de Diputados en la primera gestión de Morales, era un hombre cercano al Presidente por lo que su candidatura no sorprendió a casi nadie. La sorpresa fue sin duda que un músico talentoso como Castellanos haya sido elegido para ser candidato en una de las plazas donde la disputa política seria dura para el Movimiento al Socialismo. Recuerdo todavía al mismo Evo haciendo campaña en un spot televisivo al pie de Cristo de la Concordia presentando a su diestra y a su siniestra a estos dos candidatos. A más de un año y medio los resultados han sido desastrosos en ambos casos. Cochabamba que debería ser la hija predilecta del Presidente Morales, ya que es su cuna política, no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido como nunca. La vara con la que sería medido Novillo de por si era alta, pues mas allá de los Prefectos interinos Rafael Puente y Jorge Ledezma -que estuvieron 20 meses- cuya gestión dejo mucho que desear, el Prefecto Manfred Reyes Villa había demostrado un dinamismo propio de él en sus gestiones como Alcalde del Cercado, intentando desde ahí construir su segunda candidatura presidencial. En cambio, para Castellanos la vara era pequeña. Todos coincidíamos que cualquiera que sustituyera al Alcalde Chaly Terceros lo haría mejor. Su gestión había sido tan ineficiente que era muy difícil superar dicha incompetencia. En ambos casos, tanto Novillo como Castellanos, han demostrado una total ineptitud no solo para gestionar más y mejores recursos para Cochabamba, sino para ejecutar los recursos con los que ambos cuentan por ley. En su primer año de gestión, ambos no superaron el 50% de ejecución presupuestaria, y no dudaron en justificar este desastre -en coro- echandole la culpa a la transición de gestión. No hay que olvidar que Novillo sustituía a Ledezma; ambos del Movimiento al Socialismo, y Castellanos sustituía a Terceros, socio del partido de gobierno no solo en el Gobierno Municipal, sino en cuanto proceso electoral sucedió durante el periodo comprendido entre el 2004-2010. Su segundo año de gestión ha concluido y los resultados siguen siendo los mismos. Ambos bordean el 50% de ejecución presupuestaria, y sin movérseles un pelo no han dudado en salir a celebrar el esfuerzo de sus equipos técnicos por semejante logro. Cochabamba, definitivamente no se merece este tipo de autoridades. En el desquite ya se aplazaron y tienen un año más para el re-desquite, pues en diciembre; cumplido la mitad de su periodo de mandato constitucional, se abre la posibilidad de impulsar el Referéndum Revocatorio de las autoridades electas por el voto ciudadano. Para hacer efectiva dicha iniciativa popular se deben cumplir las siguientes dos condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 026: “a) El número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria (casilla SÍ) es superior al número de votos válidos emitidos en contra (casilla NO); y b) El número y el porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria (casilla Sí) es superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad”. Habrá que considerar esta trampita, para decidir con rigor matemático que iniciativa impulsamos los estantes y habitantes Cochabambinos, yo apostare por la Revocatoria del Alcalde Castellanos. Lo cierto es que otra cosa es con guitarra ¿no Edwin?.

Finalmente, nada menos y nada más que el Presidente Morales suministro posesión a las máximas autoridades judiciales que fueron elegidas el año pasado, demostrando con este acto la absoluta sumisión del “nuevo” Órgano Judicial Plurinacional al Órgano Ejecutivo. El artículo 12 de la flamante Constitución Política del Estado establece que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado esta fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos Órganos”. En un país donde la Democracia y el Estado de Derecho no fueran simples enunciados, se respetarían estos principios. Todos en Bolivia sabemos que el Movimiento al Socialismo tiene el control total del Órgano Legislativo, por lo que haciendo uso de sus dos tercios ha designado a cuanta autoridad puede hacerlo desde ahí; incluidas las del Órgano Electoral, y ha aprobado –ya que ni siquiera para elaborar tiene iniciativa- cuanto proyecto de ley le ha mandado el Órgano Ejecutivo para consolidar así el monopolio del poder del Estado en las manos de Evo I, cual si fuera el Rey Luis XIV de Francia que dijo “El Estado soy yo”. Ya el 18 de febrero de 2010, a un mes de asumir por segunda vez la presidencia Morales designo por Decreto Supremo 432 a 18 magistrados titulares y suplentes en el Poder Judicial; cinco autoridades de la Corte Suprema de Justicia, diez (cinco titulares y cinco suplentes) del Tribunal Constitucional y tres del Consejo de la Judicatura, que ejercieron sus cargos hasta ahora. Si alguna virtud tuvo las elecciones judiciales 2011 fue que expusieron a los ojos de la población la toma del Órgano Judicial por parte del partido de gobierno y pintaron a las autoridades “electas” de azul. Ahora con la posesión de los magistrados pitufos, habrá consolidado dicho control sobre este Órgano y con él de la administración de justicia, función que ha sido instrumentalizada para utilizarla como guillotina jacobina. Los llamo magistrados pitufos –aunque podía bien haberlos llamado maSistrados- no solo porque están vestidos de azul (color que representa el partido de gobierno), sino en especial por el tamaño de su legitimidad electoral, que en el mejor de los casos proviene del voto del 5% para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 6% para el Tribunal Agroambiental y 9% para el Consejo de la Magistratura del Padrón Nacional Electoral respectivamente. Ya ni hablar del voto de las últimas autoridades electas que ni siquiera llegan al 1% de respaldo popular. Por su parte, el voto Nulo en todos los casos supero el 34%, el Blanco el 12% y la abstención fue del 20% del mismo padrón. Además, la primera muestra de su tamaño la dieron al aceptar ser posesionados por Evo Morales, cuando lo natural sería que el Órgano Electoral –cuyo Presidente se ha demostrado es un ferviente militante del partido de gobierno- bien se hubiese prestado para camuflar este acto vergonzoso de sumisión. Inclusive a pesar, que el artículo 24 inciso 15 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional dice que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral “Registrar candidaturas, disponer su inhabilitación y otorgar las credenciales a las candidatas y los candidatos que resulten electos, en los procesos electorales de alcance nacional” el Presidente del Estado Plurinacional en un acto caracterizado de soberbia dio por inaugurado un nuevo ciclo de la justicia boliviana. Difícil es en estas condiciones, creer que la “nueva” justicia sea independiente e imparcial, pues lo único evidente es que seguirá al servicio del poder político de turno, hoy de los pitufos.

El Terror es un periodo de violencia de la Revolución francesa que duró de septiembre de 1793 a la primavera de 1794, el cual estaba caracterizado por la brutal represión de los revolucionarios. Tuvo dos etapas: el Terror Rojo, en el que fueron los jacobinos sus instigadores y ejecutores, y el Terror Blanco, desarrollado durante la reacción thermidoriana. Como todos saben el Vicepresidente se ha autodenominado el “último jacobino” y ha revelado que le regalo el libro titulado El Arte de la Guerra al Presidente Morales. Fieles ha sus antecedentes, estos dos personajes bolivianos han decidido eliminar a sus “enemigos” políticos utilizando la guillotina judicial para el efecto. Las más notables victimas de dicha estrategia han sido los ex Presidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodriguez Veltze, y el ex Vicepresidente Victor Hugo Cardenas. El primero ya fue condenado por “difamar” al Banco Unión y enfrenta un segundo proceso porque en su gobierno se firmaron contratos de exploRación de hidrocarburos. El segundo esta procesado porque en su gobierno se suscribieron contratos de exploTación, aunque parece que fue indultado como él lo hizo con Evo Morales en octubre del 2003. El tercero acusado de entregar armamento a los EE.UU. liberado de la causa, a pesar de ser Capitán General de las Fuerzas Armadas. El cuarto procesado por la “capitalización” de las empresas estatales, además de haber asaltado su casa y golpeado a su familia por grupos afines al partido de gobierno. El caso más emblemático es el de Leopoldo Fernandez ex Prefecto de Pando, que fue detenido y secuestrado por tropas militares que lo confinaron en La Paz desde hace más de tres años sin tener a la fecha sentencia en su contra por su “responsabilidad política” en los enfrentamientos de Pando. Igual suerte han corrido la ex Presidenta del Comité Cívico de Pando y otros cien ciudadanos que han sido acogidos como refugiados políticos en el Brasil. También enfrentan varios procesos judiciales el Senador Roger Pinto y el ex Senador Paulo Bravo con el afán de amedrentarlos. El Gobernador de Tarija, Mario Cossío fue suspendido de su cargo y actualmente se encuentra con asilo político en Paraguay. Parece que le llego el turno al Gobernador del Beni Ernesto Suarez y al Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas. El primero por reparar un motor de un poblado para que tengan luz, y el segundo por desacato figura penal que ya no existe en los Estados modernos que respetan los derechos humanos. En Chuquisaca, la ex Prefecta Sabina Cuellar, el Presidente del Comité Cívico están siendo procesados, junto al ex Alcalde de Sucre Jaime Barrón, la ex Diputada y actual Concejal de oposición Lourdes Millares, los ex Alcaldes Rene Joaquino de Potosí, Hector Cartagena de Quillacollo, Víctor Balderrama de Punata, y la actual alcaldesa de Oruro Rocío Pimentel. También los Alcaldes de Buena Vista y Cotoca han sido privados de su libertad. Esta persecución judicial –en la mayoría de los casos injusta- tiene una sola constante, ser opositor al gobierno de Evo Morales. Al otro lado de la vereda, en las filas del Movimiento al Socialismo, habiéndose evidenciado hechos de corrupción, narcotráfico, trafico de influencias, contratos lesivos con el Estado, masacres, muertos, desviación de fondos públicos, etc., etc., etc. hasta el momento no hay un solo sentenciado.

Después de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y la segunda victoria electoral de Evo Morales, parece que al gobierno del Movimiento al Socialismo se le agotaron las ideas (y por ende las banderas), y viene dando cada vez más frecuentemente muestras de agotamiento de su gestión. La nacionalización e industrialización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente agotaron rápidamente la agenda política del Movimiento al Socialismo, que cumplidas esas tareas -cual tierra prometida- hizo creer a la mayoría de la población que todo cambiaria. Lo cierto es que lo único que ha cambiado es que existe una nueva oligarquía que concentra el poder, la oligarquía cocalera. Andres Soliz Rada ex ministro de hidrocarburos de Evo Morales en un artículo que titula ¿Hubo nacionalización? dice “cinco años después del Decreto del 01-05-06, el país no ha exportado ni un metro cúbico de gas con valor agregado, importa diesel, gasolina y GLP, el cambio de matriz energética está en pañales, no tenemos plantas separadoras de líquidos y la posibilidad de gasoductos al Mutún, al salar de Uyuni y al occidente del país es un sueño lejano. No se determinó en los contratos un cronograma de desembolsos para explorar y desarrollar nuevos campos. YPFB no es capaz de calcular el monto de nuestras reservas”, y lo más grave es que hemos incrementado la dependencia de los ingresos fiscales del Estado de los hidrocarburos en vez de utilizarlos para diversificar la economía nacional. La Asamblea Constituyente pario un Proyecto de Constitución que tuvo que ser reformado por el Congreso, y más allá de los simbolismos no ha cambiado en nada la realidad de la población boliviana y no logro re-constituir el pacto político y social, siendo utilizado este mecanismo para la toma del control total de las instituciones del Estado a manos de un proyecto de corte hegemónico que utiliza la leyes para perseguir, encarcelar y sentenciar a cuanta voz disidente se alce contra el gobierno. Como lo anticipo uno de los gurús de la economía Jeffrey Sachs “Bolivia es una burbuja que se va pinchar”, y la burbuja se pinchó. Prueba de ello es que en diciembre del año pasado el gobierno a título de la nivelación de los precios de los carburantes intento implementar un gasolinazo que desnudo la fragilidad de las finanzas públicas del Tesoro General de la Nación y el alto incremento en gasto corriente del gobierno y su consecuente déficit presupuestario. Si a esto le sumamos la crisis energética (apagones en todas las regiones del país) y la crisis alimentaria (no solo hemos dejado de exportar alimentos, sino que ahora los importamos), podemos afirmar que tenemos una seria crisis económica que nada tiene que ver con la crisis financiera de los países “desarrollados”. La aprensión del Gral Sanabria por la DEA, revelo la penetración de los carteles mexicanos y colombianos (fundamentalmente) en altas esferas de gobierno que garantizaban la protección para sus operaciones ilícitas. El último informe de las Naciones Unidas, no solo revela en crecimiento de las plantaciones de coca a la escalofriante cifra de 31,000 hectáreas, sino que además confirma lo que el Cardenal Terrazas había denunciado respecto a la situación del narcotráfico en el Chapare, sentenciando que el 97% de la coca que se produce en dicho lugar se destina al narcotráfico. La VIII marcha de los indígenas de tierras bajas desnudo el falso discurso indigenista y de protección del medio ambiente, no solo internamente sino fundamentalmente en el exterior donde el Avatar Chuto de EvoMorales había vendido muy bien su disfraz. Generando -entre otras cosas- una ruptura de su base social que lo había llevado al gobierno. Un país con crisis económica, con matices de convertirse en un narco-Estado, con conflictos territoriales y bloqueos permanentes, con disputas permanentes entre los militantes del partido oficialismo y con una base política y social mermada, reflejan sin lugar a duda la decadencia del gobierno.

El título del presente artículo surge a partir de un trabajo elaborado por el equipo permanente de reflexión interdisciplinar del Centro Cuarto Intermedio, titulado ¿El MAS es de Izquierda?. Parecería que al hacer esta pregunta es inevitable hacer la otra, la de este artículo. Y para esto haremos algunas precisiones. La derecha y la izquierda, es un artificio político que se usó para definir a los seguidores del Rey y del Tercer Estado en la Francia Revolucionaria; es decir, unos conservadores y otros revolucionarios. El mismo código que siguió siendo utilizado en los siglos XIX, XX y es todavía usado en pleno siglo XXI de manera intencional, a partir de una visión maniquea de la realidad. Los medios de comunicación y comentaristas políticos hablan de la oposición como si fuera “una” sola, cuando existe varias oposiciones de diferentes características ideológicas cada una, que han tenido como factor común la defensa del sistema democrático y el rechazo al proyecto totalitario que el Movimiento al Socialismo ha pretendido consolidar en el país. Lo cierto es que hay algunos sectores opositores que se han caracterizado por una visión conservadora, que les garantice seguir aprovechándose de algunos privilegios que conquistaron a partir de la cooptación del poder a través de su vinculación a algunas organizaciones políticas que llevaron a la situación de crisis de Estado que Bolivia sufrió desde el año 2000. Creo que la miopía de este sector, más una gestión ineficiente, corrupta y prebendal terminaron cansando a la población que termino exigiendo un cambio. Parte de ese cambio fue reflejado en los pedidos de la oposición de Autonomía Departamental, como la conclusión de un proceso de descentralización iniciado a mediados de los 80´s. Al final esta demanda, ha terminado siendo la principal transformación institucional real del Estado desde la promulgación de la nueva Constitución. La que termino siendo la principal fuerza política de oposición después de las elecciones del 2005, le propuso al país un cambio con una dirección muy clara: nuevo modelo político, nuevo modelo económico, despolitización de la justicia, inclusión e igualdad, y autonomías. La polarización, hizo que se sustituyera el debate de lo principal por los estigmas de un lado y de otro, perdiendo en última instancia el pueblo la oportunidad de un debate democrático de las diferentes visiones del país. Actualmente las oposiciones se encuentran fragmentadas y diluidas, en una lucha de resistencia y de sobrevivencia a los constantes embates políticos y judiciales que el partido de gobierno ha promovido con el fin de hacer desaparecer a cualquiera que muestre señales de disenso a su forma de gobernar. El agotamiento de un sistema de caudillos y jefes –la mayoría dueños de las siglas políticas- y el surgimiento de fuerzas locales y regionales, obligan a repensar la configuración de las nuevas organizaciones políticas de abajo hacia arriba. De ahí que creo que la recomposición del sistema de organizaciones políticas nacionales se darán a partir de un proceso de agregación de las demandas regionales conjugado con una visión nacional compartida. Es difícil pensar en una oposición u oposiciones que no incluyan en su agenda “el cambio”. Lo que estará en juego es la dirección del cambio que propongan unos y otros, por lo que sería difícil definirlas como de derecha; a menos que, el cambio que propongan sea el regreso al pasado lo cual las sacaría del escenario electoral futuro. El Movimiento al Socialismo ha agotado su agenda política del proceso de cambio y si tuviéramos que definirla por los resultados y no por el discurso simbólico, coincidiremos que ha terminado siendo una organización política de derecha, convirtiéndose rápidamente en un partido conservador.

Durante casi 6 años, el gobierno se ha dedicado a echarle la culpa de todos sus males a los casi 180 años de vida Republicana, intentanto partir la historia boliviana en antes de Evo (a.e.) y despues de Evo (d.e.) como si se tratara de él Mesías. Para muchos el Jacha Uru (en aymara significa el gran día) había llegado con la asunción de Evo Morales como Presidente de Bolivia. Entonces comenzó la historia de la liberación del Estado Colonial, discurso que compraron rápidamente los embajadores (y sus gobiernos) de los países colonizadores producto de su chaki moral. Los 500 años de dominación y discriminación de los indios -aunque el único que le decía indio era su jefe, el petropirata del caribe- habían concluido y se daba inicio a “un futuro sin sufrimiento ni miseria”. Y entonces vino la construcción del Estado Plurinacional Aparente (prometo que le dedicare un artículo completo a este tema), con la whipala como instrumento facistoide de dominación e identificación, y la instrumentalización política de los pueblos indígenas. Más tarde veríamos indignados, que todo eso había sido simplemente un discurso cuando la VIII marcha indígena fue brutalmente reprimida. Los nubarrones se ciernen sobre nuestro país, no solo por la grave crisis internacional, sino principalmente por un inadecuado manejo de la economía que hace que hoy importemos mucho más de lo que importábamos antes (incluidos alimentos), y exportemos mucho menos que lo que exportábamos antes (en volumen). El gasto corriente del gobierno en bienes y servicios trepó de 198 millones de bolivianos (28 millones de dólares) en 2006 a 3.544 millones de bolivianos (509 millones de dólares) según las previsiones para 2012, y de las 14 empresas estatales sólo tres permanecen en operación. La cátedra en economía que nos iban a dar comienza a mostrar signos inequívocos de que se farrearon un lustro de bonanza económica, producto de los altos precios internacional de las materias primas y del incremento de los ingresos del erario nacional gracias a la Ley 3058 de Hidrocarburos que aprobó Hormando Vaca Diez (q.e.p.d), condenando nuevamente al país a la dependencia delos hidrocarburos como nuestro principal producto legal. Cuenta la leyenda que en momento de traspasar el poder, Nikita Khrushchev a Leonid Brezhnev le entregó dos cartas y le dijo: cuando estés en problemas y no tengas salida abres la carta número 1. Cuando te encuentres otra vez en la misma situación abres la carta número 2. Año y medio después Brezhnev se encontraba con tantos problemas que se vio en la obligación de abrir la primera carta y esta decía: Échale toda la culpa a las administraciones anteriores incluyendo la mía (Firmado: Nikita Khrushchev), así lo hizo y salió bien librado de los problemas. Tiempo después volvió a encontrarse en una situación límite y abrió la segunda carta y en esta decía: Ahora escribe dos cartas. Yo no sé si el Presidente Morales tiene que escribir las dos cartas, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que ya uso la primera carta y la gente está comenzando a cansarse del ab(uso) del mismo discurso. Parece que el Jacha Uru no ha llegado y el avatar chuto está desesperado de aplicar soluciones liberales para el manejo de la economía; como el “nivelar los precios de los hidrocarburos”, por lo que el día de escribir las dos cartas cada vez está más cerca.

Finalmente el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados finales de las Elecciones Judiciales 2011. Varias son las conclusiones que podríamos sacar de este proceso inédito –no por ser inédito significa que sea mejor o peor por sí mismo- que pretendió democratizar la elección de las máximas autoridades del órgano judicial. Han sido bastantes los argumentos vertidos por un sinnúmero de personas del porque nos opusimos a que se elijan a los administradores de justica a través de este mecanismo. Ahora nos concentraremos en hacer un análisis de los resultados de los mismos. Lo primero y contundente es que los votos nulos obtuvieron en promedio un 34% del Padrón Electoral (43% de los votos emitidos), que hubo un 20% de abstención y que los votos blancos sumaron un 12% del mismo Padrón Electoral (15% de los votos emitidos). Si aceptáramos el desafío que lanzo el gobierno de convertir este proceso en una especie de plebiscito presidencial, tendríamos que decir que un tercio (1/3) de los electores habilitados votaron en contra del presidente, un tercio (1/3) voto a favor del presidente y un tercio (1/3) no se sintió motivado por ninguna de las dos posiciones para emitir su voto (ya sea no asistiendo a votar o votando en blanco). A la hora de entrar al menudeo, tendríamos que decir que los más votados fueron el Dr Nulo, seguido por el Dr. Abstención y finalmente por el Dr. Blanco, en cada una de las cinco casillas a emitir un voto. Pues los más votados fueron Cristina Mamani Aguilar con 460,436 votos (9% del Padrón Electoral) para el Consejo de la Magistratura, Bernardo Huarachi Tola con 291,946 votos (6% del Padrón Electoral) para el Tribunal Agroambiental y Gualberto Cusi Mamani con 275,013 votos (5% del Padrón Electoral) para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Está por demás decir que el resto de los candidatos obtuvieron votaciones mucho menores. Lo cierto es que el debate entre la legalidad y legitimidad vuelve a aflorar, mucho más si fue el partido de gobierno el que recurrió a esta diferenciación para descalificar las acciones de anteriores gobiernos que según ellos no gobernaban escuchando al pueblo, porque además no los representaban. Ahora se convierten en espadachines defensores a ultranza de la legalidad, la misma que ignoran constantemente en sus diferentes actuaciones de gobierno. Lamentablemente no hemos resuelto el problema que la administración de justicia seguirá estando al servicio del poder político de turno y se convierta en un instrumento más de favorecer a quienes circunstancialmente lo detentan, perdiendo una oportunidad más de resolver sus problemas de fondo. Dos hipótesis a futuro: la primera que cada uno de los candidatos electos después de su posesión se iluminen y les entre una dosis de ética y comiencen a actuar con racionalidad y apego a la Constitución; lo cual dudo sinceramente, ó la otra es que tengamos a estas masymas –y no me equivoque en la escritura- autoridades del órgano judicial validando todo lo que se le dé la gana al emperador Juan Evo Morales Ayma; incluyendo su habilitación para volver a ser candidato presidencial, generando la necesidad de un cambio ahora si en serio.

Ese fue el lema de la VIII Marcha de los Pueblos Indígenas de tierras bajas en defensa de Territorio Indígena y Parque Nacional Isobore Secure (TIPNIS), que al igual que en 1990 logró arrancarle al gobierno de turno una Ley para cumplir la Constitución recién promulgada, ¿Qué ironía no? ¿Cuáles fueron los temas de trasfondo que afloraron a partir de esta marcha? Lo primero que quedo claro es que los Pueblos Indígenas no se sentían representados por la wiphala; símbolo que el Movimiento al Socialismo intento imponer como bandera de victoria en la Nueva Constitución. La marcha tuvo a la tricolor boliviana y a una bandera blanca con la flor de patujú, como símbolo de diferenciación del partido de gobierno. Lo segundo es que la categoría “indígena originario campesino”, tiene fuertes contradicciones en su visión del mundo y su relación con él. Tierra y territorio los separan. Los campesinos y los colonizadores (originarios migrantes) hablan de la tierra y los pueblos indígenas hablan del territorio. La primera es una concepción de usufructo y la segunda es una concepción de pertenencia. Lo tercero fue la instrumentalización política de los Pueblos Indígenas por el partido de gobierno; en especial los 34 de tierras bajas reconocidos en la Carta Magna como Naciones y Pueblos indígena originario campesinos, pues sus demandas nunca fueron parte de la visión neo-colonial que tiene el jefazo y sus bases cocaleras. Lo cuarto es que el Estado Plurinacional ha fracasado, pues los derechos de los Pueblos Indígenas solo se hacen efectivos -aunque parezca irónico- en el Estado Autonómico, donde se reconoce la representación de las minorías a través de sus usos y costumbres; es decir se reconoce la democracia comunitaria, y donde el territorio y la libre determinación de los pueblos indígenas tienen cabida a partir de la constitución de sus propias autonomías. Lo quinto es que los únicos que querían que la construcción de la carretera que una a Cochabamba con Trinidad atraviese el TIPNIS son los colonizadores; en su mayoría productores de hoja de coca, que necesitan ampliar su frontera agrícola debido al agotamiento de las tierras del Trópico del Chapare, y la empresa constructora brasilera OAS que obtuvo de parte del Estado Boliviano un contrato de construcción que lo mínimo tiene vicios de nulidad por la irregularidades en la adjudicación expuestas por un informe de la Contraloría General del Estado y por la denuncias de sobreprecio expresadas por la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Cochabamba. Lo sexto es que todo el TIPNIS es un área de reservas hidrocarburiferas susceptibles de ser exploradas y con alta probabilidad de encontrarse grandes yacimientos petrolíferos y gasíferos, a partir de los intereses que tiene el Brasil a través de Petrobras. Lo séptimo es que Evo Morales es un avatar chuto y no tiene ningún compromiso de defensa de la madre tierra, porque desde el principio hasta su claudicación con la firma de la Ley de Protección al TIPNIS, no ha dejado de creer que los salvajes no han entendido que él quería el desarrollo para ellos y “para salvar su responsabilidad con la historia” ha dejado claro que son ellos los que se opusieron a tan magnánimo acto. Lo último es que por solidaridad al principio, pero espero yo por convicción en el futuro, se ha generado una nueva conciencia verde en la población boliviana, que tendremos que estar atentos a la venganza porque todos somos TIPNIS.