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En 1990, los pueblos indígenas de tierras bajas inician una marcha por el territorio y la dignidad logrando arrancarle al gobierno de Jaime Paz Zamora cuatro decretos que restituían legalmente los territorios indígenas, entre los que estaban el DS 22610 que reconoce al Parque Isiboro-Secure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán (TIPNIS). Hoy la marcha de defensa del mismo TIPNIS, está encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), organización que representa a los 34 pueblos indígenas de los 36 reconocidos en la Constitución bajo la falsa categoría de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Dicha categoría fue impulsada por el Movimiento al Socialismo, pretendiendo aglutinar a los pueblos indígenas, a las “naciones” originarias y las comunidades campesinas, en una sola categoría para engrosar su base política social e instrumentalizar su uso a través del Estado Plurinacional. Lo cierto es que los pueblos indígenas poco o nada tienen en común con las “naciones” originarias o con las comunidades campesinas. Si visión del mundo es diferente, y eso solo refuerza la riqueza de nuestra diversidad social, territorial y cultural de nuestro país. Pero para reconocer esta diversidad, se requiere un profundo nivel de tolerancia con el que piensa diferente. Tolerancia que no ha sido precisamente una característica del actual gobierno. Lo irónico es que en un gobierno que no creyó, no cree y no creerá nunca en la división vertical del poder; en el Estado Autonómico, es en el único lugar en que los pueblos indígenas han avanzado en términos de representación política. En estos niveles subnacionales (gobiernos departamentales y municipales) se les reconoce espacios de representación asociados a su autoindentificación étnica sin tomar en cuenta su proporcionalidad poblacional, que demás está decir es casi insignificante, respetando sus usos y costumbres para elegir a sus propias autoridades. Un día los pueblos indígenas eran la reserva moral de la humanidad, ahora simplemente son traficantes de tierras y de madera, financiados por el imperialismo gringo, incapaces de comprender las vías desarrollo y el progreso, y a cuyas mujeres hay que enamorar para que accedan a la construcción de la carretera, mostrando un profundo desprecio por aspiraciones y reivindicaciones. Ayer fueron los obreros que en busca de una justa reivindicación salarial, fueron acusados de contrarrevolucionarios trotskistas. Ahora les toco a los pueblos indígenas que un día fueron la base fundamental del proceso de cambio y del famoso Estado Plurinacional, que ahora se convierten un obstáculo para los intereses de los cocaleros, verdadera base del Presidente Morales. El dirigente cocalero, logro proyectarse a nivel nacional e internacional camuflándose en su traje de indígena y de avatar chuto, adoptando el discurso reivindicativo de la opresión colonial sobre los pueblos indígenas o los originarios –no se quien en américa se puede decir originario- o finalmente sobre las comunidades campesinas. Hoy veinte un años después, más de 1,000 hombres, mujeres, niños y niñas de los pueblos indígenas están protagonizando una sacrificada marcha por las mismas reivindicaciones del pasado. ¿Sera que es necesario cambiar todo para que nada cambie?

Para los que no vieron la película, avatar es el cuerpo artificial creado genéticamente de un na’vi (pueblo indígena originario humanoide de piel azul y con algunos rasgos felinos de Pandora, un luna del planeta Polifermo), que es usado por un humano para camuflarse entre los nativos. A diferencia de nuestro sujeto del artículo, en la película el protagonista termina enamorado de las costumbres del clan Omaticaya, a tal punto que termina defendiéndolos de su propia raza. El mundo –en especial el viejo mundo- fue capturado rápidamente por el indígena que había logrado ser Presidente, en especial por el ch´aki intelectual de la conquista bárbara de hace 500 años. Hábilmente Evo Morales, en el ámbito internacional adopto el discurso “verde” de protección al “Árbol Madre” siendo el dirigente principal de los productores de la hoja de coca, arbusto que es un depredador del suelo donde éste es plantado. En diciembre del 2010, Bolivia se opuso a los acuerdos aprobados por 193 países quedando completamente aislada en la COP16 realizada Cancún. En lo interno planteo la transformación del Estado Nacional en el Estado Plurinacional, utilizando como base fundamental de su discurso a “la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre los territorios” (artículo 2 de la Nueva Constitución Política del Estado). En abril del 2010, durante la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra” realizada en Cochabamba el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) instalaron la mesa 18 ante la negativa del gobierno de debatir los problemas internos ambientales, marcando el primer distanciamiento con los pueblos indígenas y la agenda verde. En julio del 2010, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) inicio una marcha por el avasallamiento de sus tierras en el Oriente (principalmente por colonizadores de tierras altas que siembran cocales) y la falta de reconocimiento de sus territorios, además de la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 29 de septiembre de 2010, el presidente Morales hizo divulgar a su oficina de prensa un documento titulado “Carta a los pueblos indígenas del mundo”, donde afirmaba que “Cada día desaparece en el mundo una extensión de bosques y selva equivalente a 36.000 canchas de fútbol. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques y selva. A este ritmo, los bosques desaparecerán antes de fines de siglo”. El 30 de junio de este año, Morales advirtió “Tenemos los recursos económicos pero aparecen algunos supuesto defensores del medio ambiente mediante ONG´s que usan a nuestros hermanos para que no se construya este camino. Quieran o no quieran vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión” en referencia a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a pesar de la oposición de los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El presidente ya había inaugurado el 4 de junio la construcción de la carretera de 306 kilómetros de longitud. Esto es una demostración que el Presidente está violando la Constitución Política del Estado en los artículos 11 parágrafo II numeral 1, 30 parágrafo II numeral 15, 304 parágrafo I numeral 21 y 403 parágrafo I que consagra la consulta previa. Nuevamente comprobamos que el slogan “gobernar obedeciendo al pueblo” es eso, un slogan de campaña mediática. ¿Dónde quedo el avatar de Evo Morales?, o será que este siempre fue un camuflaje chuto que se está despintando poco a poco.

Una de las banderas de lucha del Movimiento al Socialismo fue la despolitización de la justicia, cuando esta organización política antisistémica reclamaba –como la mayoría de los bolivianos- el cuoteo partidario de la administración de justicia. Que fácil había sido transitar de una acera a otra, lo único que se requiere es estar en el poder para confirmar la frase célebre cambiar todo para que nada cambie. Ahora que tienen el control total del órgano legislativo ya no requieren ser parte del cuoteo para hacerse del control de todos los órganos del poder público. En algunas circunstancias hacen gala de su poder “metiéndole no más” por decreto, como ya ha sucedido con el nombramiento de las actuales autoridades “liquidadoras” del Poder Judicial y el copamiento casi absoluto del Ministerio Público. Es cierto que la percepción de la gente en general, es que era necesario realizar profundos cambios en la administración de justicia boliviana. Pero no es menos cierto que mucho de lo que se dice o decimos, en la mayoría de los casos lo hacemos de memoria y sin tener un conocimiento real de los problemas del órgano judicial. En una brillante exposición el ex Presidente de la Corte Suprema y ex Presidente de la República; Dr. Eduardo Rodriguez Veltzé, nos explicaba –con conocimiento de causa- que lamentablemente “el debate público parece concentrarse únicamente en la elección de los titulares de los Tribunales” olvidándonos del resto del sistema judicial, de su diseño y su correspondencia con un Estado Plurinacional, descentralizado con autonomías y con el principio del pluralismo jurídico. No es posible pensar en administrar justicia con aproximadamente 1,000 jueces para todo el país (10 jueces x cada 100,000 habitantes), mientras el Consejo de la Judicatura cuenta con 1,000 funcionarios administrativos, y su asignación presupuestaria depende de la voluntad política del órgano legislativo, y no de la necesidades institucional de un órgano de poder independiente y “autónomo”. Las nuevas autoridades del órgano judicial tendrán la responsabilidad de administrar justicia a partir de la nuevas leyes “estructurales” que han venido siendo aprobadas por el partido de gobierno como una maratón legislativa, ahorrándose el debate técnico, político y social, haciendo uso y abuso de la legitimidad electoral. Yo particularmente no creo que democratizar la justicia sea la solución a un problema que requiere de alta especialización –meritocracia por ende- y personas de una trayectoria intachable –probidad- quienes tendrán que definir en última instancia que es justo y que no. No estoy dispuesto a que los más votados; es decir, los más populares sean los responsables de administrar justicia. Mientras no construyamos institucionalidad y la soluciones no se construyan de abajo hacia arriba; es decir, escuchando a los que día a día viven el problema, continuará la justicia al servicio del poder político. El reto de quienes no estamos de acuerdo con el proceso electoral de octubre; por diferentes razones, es que este proceso carezca de legitimidad democrática. Y solo se obtiene eso, si los resultados finales demuestran que la mayoría de la gente no fue a votar, anulo su voto o voto en blanco. Esto nos permitirá como sociedad poder expresar nuestro rechazo a las acciones de las autoridades que gozaran de legalidad pero no de legitimidad. Será su mismo discurso de la legitimidad del pueblo, la única fuerza que pueda luchar contra el monopolio legal de Evo Morales y sus sistémicos seguidores, y que ajuste cuentas.

La verdadera discusión política de fondo –posiblemente la única- que nos ha planteado el Movimiento al Socialismo con la aprobación de la nueva Constitución es: vivir bien o vivir mejor; emulando a la famosa frase que inmortalizaría Shakespeare en su atormentado personaje Hamlet. Y es posible que esta discusión esconda en el fondo, las diferentes concepciones sobre el objetivo de la toma del poder de la nación o del Estado. La administración del poder en la nación, busca preservar los usos y costumbres para garantizar la sobrevivencia de la identidad cultural independientemente de su localización geográfica de los que se dicen pertenecer a una nación. La administración del poder en el Estado, busca mejorar la calidad de vida de sus estantes y habitantes dentro de un territorio determinado, independientemente de sus diferentes nacionalidades. De ahí que no es casual que los responsables de la preservación de las identidades nacionales –normalmente expresadas en sus culturas- sean proclamados líderes espirituales de estos pueblos. E ahí principal la razón por la cual Evo Morales fue nombrado líder espiritual de los pueblos indígenas americanos, porque en él, vieron la posibilidad de la protección y preservación de los diferentes usos y costumbres. Pero el conflicto nación vs. Estado, es parte de un problema boliviano irresuelto desde el nacimiento de la República de Bolivia en el año 1825. Para resolver este conflicto, se requiere no solo un nuevo diseño institucional –que se intentó reflejar en la Nueva Constitución- sino también calzar la estructura de los diferentes órganos del poder público con su territorialidad. Un buen ejemplo de este problema resuelto es Raqaypampa, que siendo un distrito municipal indígena ha sido el único espacio territorial que ha avanzado en la autonomía indígena a través de la construcción de sus Estatutos. Solo una vez resuelto los conflictos espaciales y de apropiación del territorio, es posible que los objetivos de la nación (preservar los usos y costumbres) y los objetivos del Estado (mejorar la calidad de vida de sus habitantes) puedan coexistir. Pero el vivir bien o el vivir mejor, requieren también resolver otro problema subyacente que tiene que ver con la relación económica con los detentores del poder. El vivir bien parte de la lógica paternalista donde lo que prima es una relación rentista con los que detentan el poder, en cambio el vivir mejor supone una lógica de autogestión que solo espera seguridad del Estado para poder desarrollar sus actividades, sin esperar otra cosa que justicia. Por lo tanto tiene también una dimensión política diferente. Es decir, el vivir bien asume una lógica de subordinación centralista, en cambio el vivir mejor requiere niveles de autonomía que le permitan participar en la toma de decisiones de sus autoridades y el manejo de sus recursos a partir de sus propias necesidades y potencialidades. Nada más gráfico que la reacción de la gente; ante el gasolinazo, respecto a esta cuestión de fondo. La gente no quiere “vivir bien”, la gente quiere “vivir mejor”. Lo que actualmente tiene no es ni será nunca suficiente, porque intrínsecamente los hombres queremos siempre cosas mejores y hacer mejor las cosas. Ese siempre es y será el desafío de cualquier Estado ¿cómo puede asegurar a sus estantes y habitantes mejorar su calidad de vida? incorporando o no –parcial o totalmente- su apego a sus tradiciones y costumbres. Para esto se requiere entender y respetar a la Bolivia diversa cultural, étnica, lingüística y territorialmente, que requiere un modelo de Estado complejo con arreglos institucionales diferenciados sectorial y territorialmente. Esa es la cuestión.

Posiblemente uno de los dramas más dolorosos de nuestros tiempos es que a pesar de la modernidad todavía exista gente que no cuenta con los recursos suficientes para atender sus necesidades básicas. Esta cruda realidad lacerante en el planeta, es todavía peor en los países –llamados- en vías de desarrollo o tercermundistas como el nuestro, donde se calcula que la población que vive con menos de un dólar al día es aproximadamente el 60%. Ayer, la Fundación Ethos presentó el índice de pobreza de ocho países de América Latina, donde Bolivia, Ecuador y Venezuela ocupan los primeros lugares entre los que fueron analizados en los últimos tres años. El agua para los pobres cuesta entre tres a cinco veces más el agua potable en zonas con acceso directo a los servicios básicos. El acceso a los servicios de alcantarillado sanitario es poco más que un sueño, que atenta diariamente contra su salud. Las vías no son pavimentadas, con mayor polvo y por lo tanto susceptible a más contaminación y mayores focos de infección y enfermedades. Y en época de lluvias, el acceso es casi imposible por la cantidad de aguas anegadas. La diferencia entre los establecimientos educativos fiscales, las de convenio y las particulares, es muy notorio, fundamentalmente en los primeros grados donde la falta de una adecuada nutrición conspira con el aprovechamiento de los estudiantes. No hay centros de salud, y los que hay no tienen médicos, y los que tienen médicos no tienen insumos o materiales. En algunos casos no existe electricidad, peor aún servicios de internet o banda ancha, incrementando la brecha y el analfabetismo digital. La vivienda está en áreas peri-urbanas, posiblemente con problemas de derecho propietario que le impiden gozar de los beneficios otorgados por instituciones que podrían ayudarlo a producir más capital. El saneamiento legal de estas propiedades requiere solo de voluntad política y de legislación que facilite este proceso. Al no contar con garantías “reales” los costos financieros son muchos más altos de cualquier microempresario, siendo presa fácil de los usureros y es probable que se termine –literalmente- comiendo su capital al cabo de un tiempo. La escaza calificación de la mano de obra, se transforma en una falta de oportunidades para crear emprendimientos exitosos o de articulación con mercados nacionales e internacionales, con niveles muy bajos de productividad y por ende poco competitivos. Según datos del último Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia, el ingreso laboral promedio en el sector informal es la mitad de la remuneración promedio en el sector formal, el ingreso laboral de los jóvenes que superan la primaria es el doble de ingresos de aquellos que no superan este nivel y la condición de ser mujer, vivir en el área rural, ser indígena y pertenecer al 20% más pobre reduce cuatro veces la escolaridad promedio. Ser pobre es muy caro en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y finalmente como Estado. Se tiene que desarrollar políticas destinadas a romper el círculo vicioso que quien menos tiene, menos oportunidades tiene de aspirar a un futuro mejor. De otra manera el costo social, económico y político se convertirá siempre en un obstáculo constante para tener una sociedad incluyente, justa, equitativa, productiva y competitiva, donde la prosperidad no este asociada a condiciones de raza, edad, sexo, religión o filiación política. Las políticas asistenciales son importantes por un tiempo, pero no son suficientes para romper con este círculo vicioso, por lo que se requieren políticas más agresivas que hagan que estos recursos no sean gastos y se conviertan en inversión en nuestros recursos humanos.

Así podríamos definir de manera contundente al tan mentado proceso de cambio que pregonó el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Sin Miedo y su Movimientos Sociales, y que los llevo a la toma del poder político nacional. ¿Cuál es la diferencia entre las elites tradicionales que gobernaron el país y este proceso de cambio? Después de la recuperación de la democracia y el fracaso de la izquierda popular, se hicieron del poder elites que usaron el poder político para beneficio de unos cuantos, con débiles respuestas a la pobreza y a las desigualdades sociales, económicas y políticas, olvidando el verdadero sentido de la política. Durante estos gobiernos, dos o tres personas decidían quienes eras parlamentarios, a través de ellos decidían quienes administraban la justicia y también designaban autoridades de la Corte Nacional Electoral, el Ministerio Público, designaban a los Prefectos y a los candidatos a Alcaldes y Concejales, y obviamente ellos eran los candidatos presidenciales. La política se convirtió en una mala palabra y el quehacer político poco a poco se fue desplazando hacia las calles, reclamando un cambio de actores, pero también de conducta. Hoy el poder está concentrado también en pocas manos, y el discurso de gobernar obedeciendo al pueblo o mejor aún el gobierno de los movimientos sociales, no ha dejado de ser un slogan que nunca se ha dado en la realidad. Ahora ya no son dos o tres, es uno… si uno que decide todo, cual rey o emperador. Y es más no solo los designa, sino que además acusa, juzga y sentencia a cuanto ose cuestionar este poder. Las cuotas de poder ahora se distribuyen entre dirigentes de movimiento sociales o sindicatos afines al gobierno, replicando las prácticas de nepotismo, corrupción, ineficiencia, impunidad, abuso del poder y menosprecio a las minorías electorales. La toma del poder se ha convertido en el fin, en vez de ser el medio de transformación de la realidad del país y sus ciudadanos. El hambre de justicia, el hambre de libertad, el hambre de igualdad, el hambre de soberanía, el hambre sobre todo hambre no ha sido satisfecha en lo más mínimo replicando las prácticas que llevaron al colapso al sistema político coptado por las elites tradicionales. Y entonces, ¿en qué quedo el proceso de cambio? Como dirían vulgarmente en mi tierra, resulto siendo la misma chola con otra pollera. No es extraño ver manifiestos de gente ligada al gobierno que reclaman la recuperación del proceso de cambio para curar su ch´aki intelectual, y así deslindar su responsabilidad en los resultados desastrosos de esta gestión de gobierno. O escuchar a analistas políticos hablando de la fallida hegemonía del partido de gobierno y su divorcio con la realidad del país. Con el Movimiento al Socialismo y sus aliados estaremos cerrando un capítulo negro de nuestra historia, cuyo sistema político prebendal, caudillista y por ende centralista fracaso en la construcción de un Estado fuerte capaz de asumir la responsabilidad de construir una sociedad incluyente y justa. Lo cierto es que nada ha cambiado… por lo que habrá que construir un nuevo paradigma de país, con una agenda sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el desarrollo económico sostenible, la construcción de una institucionalidad estatal descentralizada al servicio de la ciudadanía, eficiente en la satisfacción de sus necesidad básicas, con liderazgos con responsabilidad social y capacidad de gestión, y con su mirada puesta en el futuro.

En nuestro anterior artículo “Por la razón o la fuerza, la autonomía está en peligro” sostuvimos que el Estado Autonómico no estuvo, no está y no estará en la visión política del Movimiento al Socialismo. Y la mejor evidencia de esto es el Proyecto de “Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos” que ha sido aprobado por la Cámara de Senadores y con la cual se dará el tiro de gracia a las Autonomías. En la primera parte se clasifican los impuestos de dominio nacional, departamental y municipal, con una clausula residual centralista (artículo 6 parágrafo II) que impide la posibilidad de crear cualquier nuevo impuesto que no haya sido clasificado como departamental o municipal en dicha ley, con lo que la autonomía está prácticamente muerta. El tiro de gracia, viene en la segunda parte de la Ley, donde se establece que un gobierno departamental o municipal para crear o modificar un impuesto de carácter departamental o municipal, deberá solicitar un informe técnico favorable del ministerio responsable de economía y finanzas públicas del nivel central del Estado como autoridad fiscal competente, violando los artículos 272, 297, 300 parágrafo I inciso 22, 302 parágrafo I inciso 19, 323 parágrafo II y 341 de la Constitución Política del Estado. Con lo que, una competencia exclusiva constitucional (creación y administración de impuestos de carácter departamental y municipal) de los órganos legislativos departamentales y municipales; elegidos por voto popular directo, queda subordinada a la voluntad de un funcionario del nivel central designado a dedo por el Presidente, violando –por si no fuera suficiente- el artículo 410 de la Constitución en su integridad. Ya de por si es imposible hoy saber cuáles son las recaudaciones tributarias efectivas del gobierno nacional, y si estas son distribuidas de manera correcta –léase legalmente- entre los gobiernos municipales y departamentales, lo cual hace imposible un control cruzado del destino de los recursos estatales, limitando la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales a la voluntad del órgano ejecutivo nacional que realiza esas transferencias. Con esta norma se incrementa la dependencia total de la autonomía departamental del nivel central del Estado, pues estos serán esclavos de los recursos hidrocarburiferos (regalías e impuesto directo a los hidrocarburos), distribución que estará sujeta –como ya lo vimos con los DS 29323 y 29400- a la voluntad del órgano ejecutivo nacional y de sus preferencias políticas partidarias. En el caso de los gobiernos municipales la historia no es diferente, en febrero la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia denunció que la Ley Financial 2011 vulneraba las autonomías municipales imposibilitando a las alcaldías hacer modificaciones a sus presupuestos cuando estos se incrementen o disminuyan, marcando un claro retroceso de la autonomía municipal a 17 años de la aprobación de la Ley de Participación Popular que paz descansa. Otra oportunidad perdida para cambiar el modelo tributario estatal, que reconfigure la relación rentista de los gobiernos subnacionales, generando un pacto fiscal partiendo del principio de subsidiariedad y corresponsabilidad fiscal. Y a partir de esto, los gobiernos subnacionales realicen esfuerzos para: a) ampliar el fomento de las actividades económicas en base a la vocación productiva de sus respectivas jurisdicciones; b) promover la formalización de sectores económicos; y c) incrementar la capacidad de fiscalización tributaria, generando un efecto de sinergia que amplié la base tributaria y como consecuencia las recaudaciones del Estado en su conjunto.

La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) fue una iniciativa promovida por Venezuela y Cuba. Fue creado como contrapartida al ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), por considerar que “la integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones” y se ha convertido en la Perla Negra de “Jack Sparrow” Chavez. Está integrada por Venezuela y Cuba (Diciembre 2004), Bolivia (abril 2006), Nicaragua (2007), Dominica (enero de 2008), Honduras (2008 aunque en enero de 2010 se retiró), San Vicente y las Granadinas (abril de 2009), Antigua y Barbuda (junio 2009) y Ecuador (junio 2009). Todas sus iniciativas han sido financiadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela; con dinero proveniente de los precios altos del petróleo, subempleando al Estado Cubano a través de programas de educación y salud, y comprando – con crudo venezolano subvencionado- los votos de los pequeños países del Caribe en los organismos multilaterales (OEA y ONU principalmente). En Bolivia, se ha financiado el programa de erradicación del analfabetismo con la utilización del método pedagógico cubano “Yo sí puedo”. Programa, que ha sido utilizado solo para el adoctrinamiento político so pretexto de enseñarles a escribir su nombre, sin saber si quiera lo que están escribiendo. Según el periódico Granma “los médicos cubanos atendieron a unos tres millones de enfermos en alrededor de un año, o sea, el 30% de la población” boliviana, a pesar que los colegios de médicos han realizado muchas denuncias respecto a las constantes “malas praxis” de los cubanos; que en su mayoría son simplemente técnicos en medicina (con 1 o 2 años de estudios), y que en un país donde lo que falta son fuentes de empleo, se emplea a extranjeros de dudosa idoneidad. Para compensar la pérdida de las preferencias comerciales otorgadas por los EE.UU. a través del programa ATPDEA (por sus siglas en inglés), y haber quedado fuera de las negociaciones del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (UE) y los miembros de la Comunidad Andina, en el marco del ALBA se ha pretendido crear empresas grannacionales –en sustitución de las trasnacionales- de producción de alimentos (maíz amarillo, soya, arroz y papa), de manufactura, una planta binacional de tejidos, y para la fabricación de pilas y baterías de litio. En Santa Cruz se ha inaugurado la Escuela de Defensa y Soberanía del ALBA, que tiene por objetivo formar a militares, civiles, campesinos e indígenas en la nueva doctrina “antiimperialista”, asesorados justamente por el Gobierno de Irán, confirmando la información que Venezuela tiene presencia, virtualmente, en casi todas las bases militares bolivianas y se ha utilizado aviones de PDVSA que transportan dinero y armamento vía el aeropuerto de Chimore. El ALBA solo tuvo, tiene y tendrá un objetivo geo-político: impedir una alianza estratégica entre Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que nos hubiese permitido convertirnos en el centro energético del Cono Sur. Para esto, se ha creado PetroAndina (alianza entre PDVSA y YPFB) como Caballo de Troya aumentando la dependencia de los hidrocarburos importados, evitando la exploración de nuevos campos, la industrialización de nuestros hidrocarburos, el hierro del mutún y el litio, que competirían en extraordinarias condiciones con el petróleo venezolano, poniendo en riesgo la influencia política del petropirata del caribe. Perla negra seguirá surcando en los mares de los países pobres, mientras la ignorancia la gobierne y no aparezca “La Venganza de la Reina Ana” y lo logre hundir y atraparlo en una botella que es donde pertenece.

La Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados; es decir la ley para autos chutos, solo termina de mostrar la fragilidad del Estado para hacer cumplir la ley. Para hacer honor al artículo copiare y adaptare chutamente (ilegalmente) un mensaje que me llego a mi correo hace mucho tiempo atrás. Pertenezco a un país donde la ley de ser siempre “más vivo” es la moneda que siempre es valorada tanto o más que el dólar. Pertenezco a un país donde ser narcotraficante, contrabandista o coyote es mejor que ser emprendedor, micro, pequeño, mediano o gran empresario legalmente constituido. Un país donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar un patrimonio a largo plazo basada en el trabajo, el esfuerzo, valores y respeto a los demás. Pertenezco a un país donde estudiar y esforzarte para culminar una carrera universitaria o un postgrado ha pasado de moda, y es mejor ser dirigente universitario o sindical para ocupar un puesto negociando el apoyo de tus “bases” con el partido del gobierno de turno. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, es decir, poniendo unas cajitas en las veredas donde uno paga por un solo periódico y saca un solo periódico dejando los demás donde están. Pertenezco al país donde las “empresas privadas” son librerías particulares de sus empleados deshonestos, que se llevan para su casa hojas de papel, lapiceros, bolígrafos, lápices, marcadores y todo lo que pueda hacer falta para la tarea de sus hijos, entre otras cosas. Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfal si consigue colgarse del cable del vecino, puentea el medidor de luz o agua. Donde no hay interés por la ecología y las personas tiran la basura en las calles y luego se reclama al gobierno por no dar mantenimiento al alcantarillado. Pertenezco a un país donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones para no pagar o pagar menos impuestos o donde es mejor comprar facturas. Donde se pide rebaja a costa de que no me emitan factura. Pertenezco a un país donde la impuntualidad es un hábito. Donde los directivos de las empresas no generan capital humano. Donde no existe la cultura por la lectura y no hay conciencia ni memoria política, histórica ni económica. Pertenezco a un país donde nuestros legisladores trabajan levantando la mano para aprobar leyes que lo único que hacen es premiar al que no cumple la ley (mejor si es oficialista), jode al que se esforzó en cumplirla y beneficia sólo a unos cuantos. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden “comprar”, sin hacer ningún examen. Donde puede subir una persona de edad avanzada, o una mujer con un niño en brazos o algún minusválido y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas se hace la dormida para no dárselo y si alguien le reclama se levantará pero para dar un golpe o decir una mala palabra. Pertenezco a un país en el cual la prioridad de paso es para el automovilista y no para el peatón. Donde la gente busca como burlar la ley, pero que disfruta criticando a sus gobernantes. Mientras más le digo corrupto a Goni, mejor soy yo como persona, a pesar de que apenas ayer me consiguieron todas las preguntas del examen de mañana. Cualquier similitud con la realidad de la Bolivia chuta es pura coincidencia.

El nacimiento del Estado Autonómico fue un proceso largo y muy costoso, pero finalmente con las elecciones del 4 de abril del 2010 y la posesión de sus autoridades el 1 de junio de mismo año, pario la burra. La autonomía no fue una concesión del Movimiento al Socialismo, se la arrancamos. Y no precisamente los que la enarbolaron como bandera política, sino quienes siempre creímos que la descentralización estaba incompleta y que “el mejor gobierno es el que está más cerca del pueblo”, defendiéndola a su turno de los distintos gobiernos que siempre tuvieron tentaciones centralistas. Una vez conocidos los resultados electorales de las elecciones de abril del 2010, el Movimiento al Socialismo había logrado la victoria en 6 de las 9 Gobernaciones; aunque tenía mayoría simple en 8 de las 9 Asambleas Legislativas Departamentales, y solo había logrado ganar en 2 de los 10 principales Gobiernos Municipales (9 capitales de departamento y El Alto). A pesar del fuerte bajón de electores que votaron por el partido de gobierno que en menos de cuatro meses (diciembre de 2009 a abril de 2010) obtuvo casi un millón de votos menos. Los resultados electorales de las Gobernaciones excepto Pando (donde solo se requieren muy pocos votos para alterar el resultado y aparentemente hubo un fraude) no muestran grandes sorpresas. Lo llamativo es la pérdida en las Alcaldía de La Paz y Oruro, y de otros municipios como Achacachi, Llallagua, Quillacollo y Punata entre otros también del Occidente. Lo cierto es que inmediatamente después de los resultados e inclusive antes de la posesión de algunas de estas autoridades -Quillacollo es un ejemplo de esto- se inició la cacería de brujas (de alcaldes quise decir) a través de mecanismos judiciales, que posteriormente fueron “legalizados” con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. A su turno cayeron los alcaldes de Quillacollo, Punata, Sucre, Potosí, Warnes, Pailon y Buenavista, sin olvidar que están en proceso la Alcaldesa de Oruro y estuviera en cartera el Alcalde de La Paz. Lo propio ocurrió con el Gobernador de Tarija (ahora en el exilio), y se está cocinando –si cocinando- la destitución de los Gobernadores del Beni y Santa Cruz. Y si para esto se tiene que inventarse la existencia de un pueblo indígena o abrir causa contra ellos por comprar autos usados, nombrar a un delegado anticorrupción o por reparar un motor de luz, no importa. El proceso autonómico está en crisis; los chinos expresan crisis por dos caracteres, uno que representa peligro y el otro oportunidad. La verticalidad del mando político en el Movimiento al Socialismo; que inhibe los liderazgos intermedios, sumado a la visión centralista del proyecto político de gobierno que busca la hegemonía total, y sumada la crisis fiscal del gobierno nacional, conspiran contra el desarrollo autonómico del Estado. Al otro lado de la vereda, se muestra la presencia de referentes –individuales- locales y regionales emergentes, que obligan a pensar en un nuevo sistema político de agregación de visiones y paradigmas, sustituyendo al viejo sistema político centrado en el caudillismo partidario. Lo cierto ahora es que por la razón o la fuerza –como dice la leyenda del escudo chileno, ahora que está de moda-  el Movimiento al Socialismo ha buscado copar todos los espacios estatales institucionales del poder público a través de la toma de los órganos ejecutivo, legislativo, electoral y ahora judicial (división horizontal del poder), del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesinos (división vertical del poder). El Estado Autonómico no estuvo, no está y no estará en la visión política del MAS.

Desde que en el Palacio de Gobierno tenemos a un dirigente sindical en vez de un estadista, las instituciones están pretendiendo ser transformadas a partir de su comprensión de la política a título de la refundación del país con el –tan mentado- proceso de cambio, cuyo instrumento principal es la Nueva Constitución y la instauración del Estado Plurinacional. Esta lógica –sindical- ha transformado al Congreso Nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus respectivas normas internas, limitando el debate político al fijar posición e inmediatamente someterlo al voto. Han sido innumerables las ocasiones; por no decir todas, que este Órgano se ha convertido en un espacio de gimnasia de genuflexión manual (levantando la mano) de las órdenes de Evo Morales. La última demostración de esto último es, que mientras los asambleístas del oficialismo se rasgaban las vestiduras diciendo que no se podía modificar ni una coma la Ley del Régimen Electoral, el presidente ordeno la modificación del artículo 82 de dicha norma. En un acto de subordinación vergonzosa, el Órgano Electoral inmediatamente elaboro una propuesta para hacer eco de la propuesta del Secretario Ejecutivo del Sindicato que gobierna. ¿Cuál es el objetivo de la elección de las autoridades del Órgano Judicial? ¿Democratizar la justicia? O a título de que el pueblo gobierna, copar una institución cuyo único mérito de sus autoridades, será haber sido propuesto en las ternas por el partido oficialista o en el mejor de los casos ser algo popular. La lógica del Presidente es sindical, la justicia la administra la Asamblea del sindicato y como no puede organizar a todo el país en un sindicado, entonces nombra “delegados judiciales” de la voluntad popular. Votar por las máximas autoridades del Órgano Judicial ¿hará que nuestra democracia sea más sólida? ¿Garantizará que sus decisiones sean las más ecuánimes o justas? ¿Qué el principio de imparcialidad se cumpla? ¿Qué tengamos el derecho al debido proceso? ¿Qué la presunción de inocencia sea respetada? ¿Qué los opositores de ahora o de mañana, tengan garantías a sus derechos humanos o constitucionales? Lamentablemente la respuesta es NO, simplemente confirmaremos que seguimos con la justicia al servicio del poder político de turno. La administración de justicia, no necesita ser democratizada. Necesita gozar de autonomía, tal como reza la antigua y la nueva Constitución. Necesita de gente capaz, idónea y proba, que no esté sujeta a los caprichos políticos de quienes circunstancialmente los eligieron; o en este caso, los seleccionaron. Que pueda administrar sus propios recursos (humanos y financieros), para tener el suficiente personal capacitado y que pueda llegar a los rincones más lejanos del país, sin que los ciudadanos sientan una especie de inexistencia del Estado para en base a razones se resguarden sus derechos y se castigue a quienes los vulneren. Y eso, solo lo lograremos cuando se cumpla un principio básico del cualquier Estado moderno. Cuando exista una real separación de los Órganos del Poder Público y estos funcionen con autonomía. Y cuando a partir de esto se comprenda que el desarrollo democrático de un país, pasa por cualificar a sus cuadros encargados de la administración de estos órganos. Mientras tanto, los ciudadanos estaremos sujetos al capricho de quienes sustentan el poder político y por ende prisioneros de la prebenda o el clientelismo de caudillos que abusando de la ignorancia de la gente, ostentan el poder a título de la democracia.

Inmediatamente después de escuchar a varios funcionarios de gobierno de acusar a un grupo de la Central Obrera Boliviana –en especial del magisterio- de trotskistas, me vino a mi mente el título de un libro mexicano escrito por un caricaturista famoso apellidado Rius, del cual sin su consentimiento me “robe” el nombre para este artículo. Y es que el libro narra como el “amado y seguido por las masas, teórico y agitador, creador del ejército rojo, cerebro de la revolución de octubre y amigo íntimo de Lenin, fue atacado, perseguido, desterrado de la Unión Soviética” por Stalin. Como al gobierno se le agoto el discurso de la derecha neoliberal o separatista, de los agentes de la CIA y de la embajada americana, para tapar su incapacidad de resolver las principales reivindicaciones de la población después de más de cinco años de gobierno, decidió usar ahora como chivos expiatorios a los trotskistas. No sabe cómo explicar cómo, a pesar de que los ingresos del Estado se triplicaron del año 2005 (15 mil millones de bolivianos) al año 2010 (44 mil millones de bolivianos); principalmente gracias a la aprobación de la Ley 3058 promulgada por Hormando Vaca Diez (q.e.p.d.) y votada en contra por los diputados del MAS (entre ellos Evo Morales), no puede satisfacer la demanda de mejores ingresos para los asalariados o peor aún para los miles de jubilados. Claro que tiene 300 millones de dólares para la compra de un satélite, o 35 millones de dólares para la compra del avión presidencial (desaparecido por cierto), solo por mencionar algunos de los caprichitos del Presidente Morales. Lo que es más grave, esconde información respecto a: la deuda pública, el incremento de los gastos corrientes (de funcionamiento) del gobierno, la total y absoluta dependencia de los hidrocarburos, la elevada inflación en los artículos alimentarios. Develando que Bolivia ha estado viviendo en una burbuja que se pinchó, esto sin contar los costos futuros de las mentadas “nacionalizaciones”, fruto del pago de las indemnizaciones a las cuales estará sujeto el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Será que la Suiza que nos prometió el Presidente en uno de sus largos discursos un 6 de agosto de 2006 en la capital de la República, está cada vez más lejos?. ¿Cómo tapar todos estos datos lacerantes de la realidad? Colocando cuanta cortina de humo se le ocurre, pintando diablos en las paredes y acusando a algunos dirigentes sindicales –que cuestionados por sus bases de serviles al gobierno- han tenido que reclamar por el bolsillo de los trabajadores, de trotskistas contrarevolucionarios. Al no tener enemigo al frente –y no me equivoco cuando digo enemigo y no adversario- necesitan construir el mito de alguien que les impide cumplir llegar a la “tierra prometida” a partir del proceso de cambio o de la revolución democrática. Si no, pregúntele a Cuba que ha logrado conservar un régimen dictatorial, utilizando al Tío Sam como factor de cohesión, no admitiendo la pluralidad a título de atentar contra la revolución. Por eso, que el gobierno y en especial los asesores de imagen del Presidente Morales, necesitan cualquier chivo expiatorio que les permita reposicionar la imagen de Evo o por lo menos cerrar filas en torno a él, usando cuanto argumento sea posible. Y que otra cosa más brillante hubieran encontrado los Stalinistas del gobierno que decir que el diablo se llama Trosky.