La nacionalización de las jubilaciones

De no ser porque el BBVA inicio arbitraje contra Bolivia ante el CIADI por el traspaso de la AFP Previsión, muchos se hubiesen olvidado que hace más de tres años se tomó la decisión de “nacionalizar” las Administradoras de Fondos de Pensiones; más conocidas como AFP’s, creando para el efecto la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que tendrá a cargo la administración del Sistema Integral de Pensiones, es decir el manejo de los recursos que deberían de servir para nuestras jubilaciones.

Normalmente las nacionalizaciones se han realizado con pompa y sonaja, a diferencia de esta que se realizó lo más silenciosamente posible.

Para muchos de los aportantes al sistema de seguridad social de largo plazo, es poco conocido lo que sucedió con los viejos fondos de pensiones estatales y las estafas a estos, que dejaron a varios bolivianos en la calle con los ahorros de toda su vida perdidos.

El monto aproximado de los ahorros de los bolivianos en las dos AFP’s es de 16,446 millones de dólares (a mayo del 2018) de los cuales cerca al 28% se encontraba “invertidos” de manera casi obligatoria en pagarés del Estado, un 56% en la Banca, 9% en el sector financiero no bancario y un 7% en otros. Uno de los peligros de esta nacionalización, es que el Estado era (porque no se sabe qué pasará en el futuro con la Gestora Pública) el principal deudor de las AFP’s.

La cifra no es nada despreciable, pues representa casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) y es el ahorro de más de 2 millones de bolivianos que representa el 40% de la población económicamente activa que participa en el sector formal de la economía.

La normativa que dio lugar a la creación y operación de la Gestora Pública permite invertir el 50% en el exterior y el otro 50% en las empresas públicas estratégicas. Todos sabemos que la mayoría de las empresas estatales son deficientes y deficitarias, por lo que no creo que ningún boliviano en su sano juicio estuviera dispuesto a “invertir” nuestros ahorros en estas empresas.

Por si esto no fuera suficiente, los Directores y los Gerentes serán nombrados por el partido de gobierno; interinamente por el órgano ejecutivo y, con posterioridad por el órgano legislativo, convirtiendo a la Gestora Pública en un botín de los militantes del “proceso de cambio”.

Lamentablemente no sabemos cuál será el destino de los ahorros de toda nuestra vida, pues no ha sido precisamente norma de este gobierno el acceso a transparente a la información de las instituciones públicas.