Los primeros resultados del Referéndum Constituyente, nos reflejan que el empate territorial, no se ha resulto. Ya lo decíamos en nuestro anterior artículo, este empate territorial tendrá su corolario el 6 de diciembre de este año.
Pero permítanme darle un matiz diferente a estos resultados: 4 departamentos votaron a favor del SI y 4 departamentos votaron a favor del NO, Chuquisaca como siempre reflejando este empate. Si hacemos el análisis por ciudades capitales, 6 le dijeron NO y 3 le dijeron SI. Si vemos la composición urbana y rural, en el área rural es 80% por el SI y 20% por el NO y en el área urbana el resultado es casi un empate; claro que este empate del área urbana se distorsiona por un resultado similar al rural de la ciudad de El Alto.
En Bolivia; de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV), la población rural alcanza al 38% y la urbana al 62%. Si contrastamos estas cifras con las premisas del párrafo anterior, podríamos concluir que las cifras nacionales dan 61% a favor del NO (38% x 80% + 62% x 50%) y 39% a favor del SI (38% x 20% + 62% x 50%). Por lo que parecería que nuestras premisas no están alejadas de la realidad, confirmando el resultado nacional del Referéndum Constituyente.
Estos números nos permiten hacer algunas inferencias. Existe una parte de la población (aparentemente el 39%) que creemos en lo que Jorge Lazarte denominaba “la capacidad de acción autónoma de la sociedad”; i.e., de manera silenciosa trabajamos todos los días para autogenerarnos un futuro mejor, sin esperar nada del Estado. Vivimos de nuestro trabajo –somos cuentapropistas- los ingresos, vivienda, el acceso a salud y educación nuestros y de nuestros hijos depende exclusivamente del esfuerzo que realizamos. Pagamos nuestros impuestos y estamos vinculados con la economía formal. Otra parte de la población (aparentemente el 61%) cree en un Estado paternal que se ocupe de proveerle trabajo y todos los servicios básicos casi de manera gratuita, y en la mayoría de los casos está vinculado a la economía informal.
Esta realidad que refleja la visión individual, tiene su correlato en las instituciones del Estado. Los gobiernos municipales, las administraciones prefecturales o otras instituciones, se dividen entre los que usan sus recursos (propios o de transferencias del gobierno nacional) para apalancar recursos y promover el desarrollo, y otros que simplemente gastas –y a veces mal- los recursos que tienen.
Las diferencias de visiones del país, no tienen nada que ver –como muchos nos quieren hacer creer- con nuestro origen étnico o con nuestro lugar de nacimiento. Tiene que ver con nuestra relación con el origen de la renta. O creemos en que tenemos que generar nosotros mismos nuestra renta o creemos que el Estado debe de darnos lo que “nos corresponde”. De ahí el gran debate sobre la tenencia o la propiedad de los recursos naturales (entre ellos la tierra). Porque mientras para algunos los recursos naturales son un medio para producir, para otros son el fin que les permitiría vivir sin esfuerzo alguno excepto el de “explotarlos” y que mejor que lo haga el papá Estado.
El gran reto de los bolivianos es que todas las demandas de inclusión y territorio, no terminen dividiendo a los bolivianos por esta percepción sobre el usufructo exclusivo de ciertos sectores, sin una visión de incorporar “valor agregado” y “el uso sostenible”. Esta realidad no se cambiará con la Nueva Constitución Política del Estado. Esta realidad solo se cambiara en la medida que tengamos una sociedad mejor educada, donde el Estado promueva y despierte el sentido de autosuficiencia, y nos vayamos olvidando del rentismo que lo único que hace es “gasta” los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos. Solo así podremos romper el círculo vicioso de quienes menos tienen, menos oportunidad tiene y por lo tanto más dependientes siguen, y lograr una efectiva lucha contra el mayor enemigo: la pobreza y la desigualdad.
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