Autonomía y Estatutos

En los próximos días se realizarán los Referéndums para la aprobación o rechazo de los Estatutos Autonómicos Departamentales. Acto electoral que estará signado por la falta de información y posiblemente el mayor ausentismo de la gente.

Dado la mayoría del MAS en casi todas las Asambleas Legislativas Departamentales, la redacción de los Estatutos autonómicos se ha reducido a un cumplimiento de una obligación constitucional reduciendo así la Autonomía a la voluntad del Gobierno Central.

Los Estatutos deberían permitir la consolidación del proceso autonómico en los Departamentos, dotando de instrumentos jurídicos para la elección de todas las autoridades departamentales (independientemente de sus niveles de dependencia funcional del nivel central) y el manejo de los recursos generados desde la región, cambiando la lógica paternalista de un Estado Centralista por uno con Autonomías; como reza la Constitución.

La insignificante labor de las Asambleas Legislativas Departamentales ha eliminado el debate regional sobre los asuntos referentes al desarrollo y se ha perdido una oportunidad para que la sociedad civil participe de manera activa en la construcción de la visión departamental.

En los departamentos donde se presentaron propuestas de Estatutos o de artículos de este por parte de ciudadanos, organizaciones políticas o de la sociedad civil, estas han sido desechadas sin que medie debate alguno.

Entre varios de los temas cuestionados en el Proyecto de Estatuto de Cochabamba, se encuentra que se sigue usando como base para la elección de los Asambleístas Departamentales a las Provincias (estructura política administrativa en desuso) de manera igualitaria generando desequilibrios en la representación poblacional.

Por ejemplo, la Provincia Cercado tiene tan solo un representante poblacional y uno por territorio; igual que cualquier otra Provincia, siendo que concentra más de 1/3 de la población del Departamento. Además, la elección de los Asambleístas Departamentales no se realiza en forma proporcional al voto departamental, como se hace en el caso de los Asambleístas Plurinacionales (Senadores y Diputados).

Por otro lado, se ha generado una desconfianza en la sociedad respecto a que las normas jurídicas puedan cambiar la realidad, dejando a la deriva y a la buena voluntad de las autoridades de turno la resolución de los problemas estructurales y cotidianos.

Además, la promulgación de una serie de normas nacionales; entre ellas la Ley de Clasificación de Impuestos, ha limitado la capacidad institucional de las Gobernaciones a niveles inclusive anteriores a las extintas Prefecturas, generando un desequilibrio muy grande con los recursos manejados por los Gobiernos Municipales.

Todos los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento (excepto Tarija) cuentan con más recursos que las Gobernaciones, lo cual no cambiará con la aprobación del Estatuto.

Lamentablemente no se augura un futuro prometedor ni siquiera con la discusión del pacto fiscal, porque no existe una manifiesta voluntad política del nivel de compartir la generación de políticas públicas y completar el proceso de descentralización a través de la consolidación de las autonomías. Los que estamos convencidos que es necesario trasformar el modelo central paternalista, por uno de abajo hacia arriba, tendremos que seguir esperando otro momento político para avanzar.