Autonomía SI

Quienes defendimos desde un principio la Autonomía Departamental como parte del proceso de descentralización incompleto que se inicio en 1994 con la promulgación de las Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa, debemos celebrar que este próximo 31 de mayo se derrotará definitivamente al Estado Centralista que se caracterizo por ser ineficiente, corrupto y prebendal.

No es garantía que el nuevo Estado Autonómico resuelva per se dichas características. Pero en todo caso acerca más el gobierno a la gente y con esto la posibilidad de incidir en sus decisiones –que finalmente inciden en nuestro cotidiano vivir- y realizar un más cercano control de la administración de la cosa pública y exigir su rendición de cuentas.

Tampoco es –lamentablemente- el tipo de autonomía que hubiéramos querido, pues la carga ideológica se impuso a la razón que proponía una autonomía departamental asimétrica estructural: que algunos departamentos opten por la autonomía y otros no; asimétrica competencial: que algunos departamentos tuvieran algunas competencias en función a sus necesidades y sus capacidades institucionales; y asimétrica diferencial: donde cada departamento toma sus medidas según sus características culturales, necesidades o costumbres.

El Movimiento al Socialismo cometió –irónicamente a pesar de discursivamente ser defensor de la pluralidad- el error de homogenizar todo el país, sin entender que el fracaso del Nacionalista Revolucionario, fue no entender que el país no solo es diverso culturalmente, sino también territorialmente. Por consiguiente las necesidades y potencialidades de los habitantes de cada región son diferentes y requieren gobiernos departamentales diferentes.

La Autonomía Departamental tiene todavía un largo proceso, pero hay que celebrar que 200 años después de las luchas por la independencia del país, estemos comenzando la única transformación institucional real en el país. Más allá del simbolismo del Estado Plurinacional Comunitario con el que el partido en función de gobierno pretende hacer creer que ha ganado una batalla, que claramente la concepción del un partido hegemónico no está dispuesto a reconocer como una derrota contundente, a pesar de los esfuerzos oportunistas de subirse al tren de la historia –la autonomía- que había partido sin ellos.

Las fallidas administraciones prefecturales, a pesar de haber avanzado seleccionando a los prefectos, no respondieron el reto de completar la descentralización que el país reclamaba y tendrán que dar paso a los gobiernos departamentales, de cuya organización con la que se doten y recursos financieros con los que cuenten, dependerá su éxito o fracaso. Más allá de los afanes homogeneizadores del gobierno central, cada departamento irá adoptando sus propias decisiones usando su cualidad legislativa y en algunos casos rebasando la propia Constitución Política del Estado, que en el futuro tendrá que ser reformada para no quedar anacrónica ante la realidad aplastante que se irá dando en el futuro, a través –para beneplácito de algunos y desagrado de otros- de pactos políticos que esperemos no se vean presionados por las circunstancias y más bien actúen con una visión de futuro.

El mayor reto de las autonomías departamentales será el nuevo pacto fiscal, pero dejemos esto para otro artículo. En todo caso lo que hay que precisar hoy, es que las expectativas de lo que pueden hacer los gobiernos departamentales son más grandes que el tamaño de sus sabanas, a menos que se redistribuya la cantidad de tela entre los diferentes niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. ¿Y las entidades territoriales indígena originaria campesinas y su autonomía? Será sin duda una incógnita que solo el tiempo podrá responder.

Ojala que cuando cumplamos los 200 años del nacimiento de la República de Bolivia, podamos afirmar –como hoy lo podemos hacer respecto a la autonomía municipal- que la autonomía departamental se ha consolidado y ha respondido a las ricas características diversas de nuestro país.