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El Voto “Constructivo” de Censura (VCC) es el procedimiento mediante el cual el Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200 de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido, como medida de excepción, cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en este. ¿Cuando el Concejo Municipal pierde la confianza en el Alcalde?. La lógica diría que es cuando el Alcalde realiza malos manejos. Entonces no seria lógico que el Alcalde y/o sus funcionarios respondan por estos malos manejos de acuerdo con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se puede abrir contra este, y de esta manera evitar que el VCC sea la “espada de Damocles” de los Alcaldes, reduciendo la gestión municipal a un año, generado que la visión y los objetivos de los Alcaldes de turno sean de corto plazo, obligándolos en muchos casos a trasformar sus Planes de Desarrollo Municipal (quinquenales) en Planes de Desarrollo Urbano aún en municipios eminentemente rurales, perdiendo la perspectiva del desarrollo económico sostenible, atentando contra la ya frágil capacidad de gestión, generando inestabilidad laborar –además de la alta rotación de personal per se- provocando de esta manera que los esfuerzos de capacitación de los funcionarios, ya sea a través de procesos formales, de asistencia técnica y de elaboración de documentos técnicos operativos y/o implementación de sistemas administrativos, continuamente estén cayendo en sacos rotos. Además, los Concejos Municipales y otras instituciones de Control Social, han usado este instrumento para desestabilizar los Gobiernos Municipales o para negociar espacios de poder, más que para garantizar la eficiencia y transparencia del uso de los recursos municipales. Inclusive convirtiendo los mecanismos de planificación participativa en instrumentos de intercambio, donde lo que se negocia no es el futuro del municipio sino la permanencia del Alcalde v.s. prebendas. Quizás el principio con el que se concebio el VCC fue bueno; no se tiene porque soportar a un Alcalde malo durante cinco años, pero su aplicación en la práctica ha reducido el manejo del Gobierno Municipal a una dictadura de tres personas (en la mayoría de los gobiernos municipales solo se tiene 5 concejales), a través de la famosa democracia representativa. Durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero el fantasma del VCC cobra una fuerza inusual en el ámbito político de los Gobiernos Municipales. Esto no significa que durante todo el año vivamos constantemente anuncios de cambios de Alcaldes en los diferentes gobiernos municipales de nuestro país. Pero en especial este proceso cobra una importancia inusual a los años precedentes ya que el artículo 51 inciso 9 de la Ley 2028 de Municipalidades establece que durante el quinto año de gestión municipal dicho procedimiento no podrá ser aplicado, lo que implica que los Alcaldes en ejercicio el 6 de febrero del 2003 continuaran siendo Alcaldes durante dos años más, salvo casos de fuerza mayor, por esto, es que no nos extrañe que en los siguientes días estemos frente a una reconfiguración del mapa político de los Gobiernos Municipales La carrera por las elecciones municipales del 2004 ya se ha lanzado. Si así es, esta recomposición de los gobiernos municipales, obedece circunstancialmente a nuevos “pactos democráticos” que encontraran en mejor posición a los partidos políticos que estén en el ejercicio del poder durante las elecciones municipales venideras. Por esto es importante plantear una reforma a los artículos 200 y 201 de la Constitución Política del Estado y los artículos 50 y 51 de la Ley 2028 de Municipalidades, ya sea implementando el Referéndum como una manera de validar dicho proceso o modificando la elección de los Acaldes y Concejales, para que cada quien ocupe el lugar para el cual fue elegido. Esto permitirá darle mayor gobernabilidad a los municipios y transformar la visión cortoplazista, en una visión que desarrolle la vocación productiva del municipio. Parece que el Voto “Constructivo” de Censura es necesario censurarlo y no es tan constructivo, por lo que es importante que cada uno de los actores en sus diferentes ámbitos contribuyan a que el proceso de descentralización de nuestro país, sea un proceso que coadyuve al desarrollo nacional a partir del desarrollo local, pero para eso necesitamos que cada quien haga su parte.

Durante la campaña electoral pasada, duras fueron las peleas de quienes se adjudicaban la paternidad de la idea de la Asamblea Constituyente. Comenzando por quien días atrás la vuelve a mencionar como si todavía estuviera en campaña, atribuyéndose ser el primero en proponerla, aunque a la fecha no se sabe claramente para qué, ni cómo, ni porque. Pasando por quien la usó como su único eje de discurso, que en un principio lo llevó a estar peleando los primeros lugares de las encuestas, pero ya vimos que por boca propia se cayó, seguramente para comprobar el mismo que el país no lo merece. Y terminando en los intentos desesperados de montarse al caballo de la idea que parecía concentrar las demandas de participación de la población a la clase política. Pero parece que al pasar el tiempo, el gobierno actual ha tenido la habilidad de desviar el interés del tema –será porque además el principal partido de gobierno no creía en este reclamo popular- con una estrategia que a propios y ha extraños nos ha sorprendido desconociendo al ex Ministro de Gobierno y actual Ministro de la Presidencia, en una posición de conciliación irreconocible. No solo han logrado que nos olvidemos del asunto, sino que además están logrando convertir a Evo Morales otra vez en el dirigente sindical de los cocaleros que solo representa a este sector y que no representa a una sociedad cansada de lo mismo y que votó por el, con la esperanza de que el podría representar a la grandes mayorías con el eslogan de “somos MAS”. También ha logrado, a través de un “fast track”, que el Mallku deje sus posiciones intransigentes y pase de ser un irreverente a un parlamentario muy educado. Si bien algunos ciudadanos comunes, no creíamos que la Asamblea Constituyente por si misma resolvería las grandes diferencias que existe en nuestro país, también creíamos necesario su conformación como un pacto social entre todos los bolivianos, que fuera incluyente y no excluyente, que reconociera la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. E intencionalmente no digo un nuevo pacto, porque nunca ha existido un pacto real entre todos los habitantes de nuestro rico país. Inclusive hubimos algunos que trabajamos en encontrarle una salida constitucional a la Asamblea Constituyente que evitará que la “mañudería” política nos privara de esta oportunidad. Una de las grandes contribuciones que tuvo la Ley 2235 del Diálogo Nacional –aunque no creo que haya sido intencional- fue que en su artículo 33 previó (…sig) “El Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia y conforme a las atribuciones y facultades establecidas por las disposiciones legales vigentes, al menos una vez cada tres (3) años , convocará a las organizaciones naturales de la Sociedad Civil al Diálogo Nacional, a los efectos de promover la concertación de políticas públicas destinadas al desarrollo económico, social e institucional del país e informar sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de largo plazo”. Seguro que algunos jurisconsultos podrían desterrar esta “salida constitucional” pero en todo caso la voluntad política será quien determine su factibilidad o no. Aún a pesar de que las nuevas constituciones promulgadas por otros países hermanos no han sido la respuesta a sus innumerables problemas, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de reconstituir nuestra Carta Magna, que fue elaborada para y por los que detentan el poder, solo para garantizar el círculo vicioso de quien más tiene, más y mejores oportunidades tiene. Será que la Asamblea Constituyente era un eslogan de campaña o es una necesidad real de participación ciudadana en la construcción de nuestro país?

Quienes nos denominamos de corte municipalista, celebramos la creación del Ministerio de Desarrollo Municipal, con la firme convicción que al fin la clase política había entendido la importancia de un proceso de descentralización truncado que exigía la creación de una instancia de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales, ya que las prefecturas habían fracasado en su papel de nexo regional de coordinación entre ambos niveles de gobierno. Las primeras palabras del ministro Paredes auguraban también que se había entendido que los Fondos de Inversión tenían que dejar de ser instrumentos políticos y debían de servir a los gobiernos Mmnicipales como una Banca de Inversión -la cual no tenemos por cierto en Bolivia- para concentrar los recursos en la planificación participativa como la verdadera expresión de la democracia participativa. Pero a pesar del discurso lo cierto es que los fondos siguen siendo dependientes del Ministerio de la Presidencia (brazo político del Gobierno Central) inclusive desconociendo un proceso de institucionalización que se había llevado en la gestión de gobierno pasada. Son innumerables las tareas pendientes del proceso de transferencia de recursos y de competencias del Gobierno Central a los gobiernos municipales que han quedado inconclusos en el modelo de descentralización boliviano. Comenzando con la difícil tarea de unificar a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) -que agrupa a una treintena de municipalidades; entre las que destacan los de la principales ciudades del país- y a la Federación de Asociaciones de Municipalidades de Bolivia (FAM); apoyada técnica y financieramente por organismos de cooperación internacional, buscando romper la lógica del sindicalismo oportunista a una de asociativismo institucional. Pasando por reformular la fracasada Política Nacional de Compensación (PNC), que una vez más ha demostrado que centralizar los recursos, congestiona las decisiones y evita incrementar la inversión pública que tanta falta nos hace. Y que de “yapa” no solo castiga a los que mayor cantidad de esfuerzos hacen por luchar contra la pobreza -posiblemente la lógica de que los pobres necesitan más recursos para ser menos pobres no sea la más adecuada hipótesis- sino que además inhibe la capacidad de gestión de los gobiernos municipales para conseguir recursos de la cooperación internacional pues castiga su “techo indicativo presupuestario”; dicho en cristiano, la cantidad de recursos que consiguen de la cooperación internacional es descontada de los recursos que les tocaría a través de la PNC. Además de los problemas de Ordenamiento Territorial, que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo y seguro se olvidarán debido a que el ente rector de esta área ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. O el Programa de Ajuste Estructural llamado Plan de Readecuación Financiera (PRF), que ha estrangulado mucho más a las ya altamente endeudadas municipalidades, disminuyendo su capacidad de inversión, pues sus reducidos ingresos debido a la recesión en la cual nos encontramos los tienen que destinar al Fondo de Garantía del PRF para el pago del servicio de la deuda. Y terminando en el fracaso de la descentralización y la transferencia de la administración de educación y salud a los gobiernos municipales, con lo cual no sólo perdimos todos, porque con la cortina de humo de la “privatización” de estos servicios quienes nos gobiernan cedieron a las presiones de los sindicatos que vieron peligrar sus lógicas centralistas de poder, negando la oportunidad al ciudadano común de exigir más y mejores servicios educativos y de salud. También perdieron los gobiernos municipales porque de los recursos del HIPC -que de acuerdo a las conclusiones del Diálogo 2000 debían ser administrados en su integridad por los gobiernos municipales- el Gobierno central administra 27 millones de dólares (25 por ciento más o menos) en el Fondo Solidario Municipal para la Educación y la Salud Pública. Seguro que la fragilidad de mi memoria deja varios asuntos pendientes en el tintero, tendremos que estar condenados por un tiempo más a que la solución a nuestros problemas cotidianos, sean decididos por burócratas sentados en los escritorios de los ministerios del ramo, sin posibilidad de la participación de la ciudadanía. A menos… a menos que exista una real voluntad política que a la fecha no hemos visto transcurridos los 90 días que pidió el nuevo gobierno de plazo.

Cuando se realizo el Dialogo Nacional, la discusión se centro en como se debía redistribuir los recursos provenientes del alivio de la deuda (HIPC), olvidándose que Bolivia además recibía recursos proveniente de Donaciones y/o Créditos Concesionales, los cuales tendrían que ser canalizados a la Inversión Pública a través de algún mecanismo. Dicho mecanismo fue establecido en la Ley del Dialogo en lo que se denomino la Política Nacional de Compensación. La idea original era recentralizar los recursos provenientes de la ayuda oficial y la cooperación internacional. Para esto se redefinió el rol de los Fondos de Inversión manteniendo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como brazo crediticio y creando al Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) para administrar los fondos de transferencia no reembolsables. Se asigno recursos a los municipios tomando en cuenta la misma formula que se usa para la distribución de los recurso HIPC. Se comunico que los Gobiernos Municipales recibirían un 85% más de los recursos de Coparticipación Tributaria, entre los recursos HIPC más las asignaciones del FPS. En Cochabamba los Gobiernos Municipales recibirán –nominalmente- 31 millones de dólares de Coparticipación Tributaria, casi 11 millones de dólares de los recursos HIPC (7.3 para infraestructura productiva y social, 2.3 para educación y 1.3 para salud) y alrededor de 15 millones de dólares en asignaciones del FPS. Estas asignaciones obliga a los Gobiernos Municipales en promedio a comprometer 3.4 millones de dólares de sus recursos en contrapartes. A la fecha el FPS ha anunciado con gran pompa y sonaja que Cochabamba ya tiene proyectos aprobados por 4 millones de dólares y que próximamente serán licitados. Para quienes conocen de procesos administrativos esto equivale a decir que por ahí de Octubre si tenemos suerte se comenzaran a ejecutar dichos proyectos, lo cual equivale a decir que en el mejor de los casos se ejecutará el 20% del anticipo, o sea, 800 mil dólares americanos. Es decir tendremos en Cochabamba para fines prácticos 17.6 millones de dólares de inversión pública congelados, de los cuales aproximadamente los casi 3 millones de dólares de la contraparte municipal se encuentra congelada desde principios de la gestión, por lo que me pregunto no será que ha fracasado la Política Nacional de Compensación?