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El alumbrado público siempre ha significado símbolo de atención de parte de las autoridades locales a las áreas más alejadas del territorio, y con el tiempo se ha asociado a un entorno habitable, seguro y atractivo para los ciudadanos. En Bolivia, el alumbrado público es competencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, y en la mayoría de las veces representa un gasto, pues a medida que la mancha urbana crece se requiere más recursos para comprar las luminarias y la infraestructura para su instalación, pagar el consumo de electricidad y garantizar su mantenimiento. Dado que la electricidad es proporcionada por las empresas distribuidoras de electricidad, este servicio normalmente se cobra en la factura de luz al ciudadano; como un porcentaje de su consumo, y se concilia las cuentas con la Alcaldía tanto por el consumo de energía eléctrica y en algunos casos por el uso de los postes donde se instalan las luminarias. Según el anuario estadístico 2018, emitido por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), en Bolivia, la demanda de electricidad para alumbrado público alcanza el 5.5 % de la demanda total de electricidad en el país. La mayoría del alumbrado público se basa principalmente en lámparas de vapor de sodio de alta presión y halogenuros metálicos, generando impactos negativos para el medio ambiente. Los sistemas tradicionales de alumbrado público han causado varios problemas como el propio mantenimiento o su bajo índice de reproducción cromática haciendo que todo parezca amarillento. Con la irrupción de la tecnología SSL (Solid State Lighting); comúnmente conocida como LED, se ha producido una revolución en el alumbrado público, debido fundamentalmente a que se reduce la demanda de electricidad y como consecuencia reduciendo sus costos de operación. Además de proveer a la población confort visual y seguridad, reduciendo impactos negativos al medio ambiente. Otras de las ventajas de la iluminación LED para alumbrado público son que estas alcanzan su máxima luminosidad de forma instantánea, no necesitan tiempo para calentarse, lo que las convierte en una fuente de luz más flexible, y como no contienen plomo, ni mercurio u otros gases nocivos son más respetuosas con el medio ambiente, generan menos emisiones de CO2, menor deslumbramiento al estar dirigidas a la superficie de la carretera y no afectan gravemente a la visión de los conductores, tienen un rendimiento de color más preciso, lo que facilita el reconocimiento de los objetos por parte de los conductores y de otras personas, generan más producción de luz, ya que la iluminación LED funciona mejor a temperaturas más bajas, lo que es beneficioso durante los meses de invierno, y pueden soportar condiciones climáticas más extremas, y tienen mayor protección contra el polvo y agua. Además, pueden ser controladas de forma remota, permitiendo que la iluminación sea atenuada cuando los sensores no detectan movimiento o se ilumine más cuando hay actividad. También se puede configurar para que se adapte a la densidad del tráfico o se puede combinar con el control del tráfico de vehículos, el clima y la cantidad de luz natural disponible. Hay una segunda generación de luminarias LED alimentadas con energía solar. Si bien su uso es recomendable en parques, jardines o áreas recreativas, su instalación rápida y sencilla, su iluminación eficiente, y al ser una luminaria autónoma, la convierte en una solución económica que cada vez gana más terreno con los nuevos y mejores modelos para ser usados en cualquier parte. Existe una segunda revolución en camino, que consiste en utilizar a las luminarias como parte del sistema de comunicación e interacción de una Ciudad Inteligente, a través del Internet de las Cosas (IoT). Para esto, el equipo de control de la luminaria (Driver o convertidor LED) debe incorporar capacidad almacenamiento y tratamiento de datos mediante arquitecturas digitales basadas en un microprocesador, y disponer de la capacidad de almacenamiento e intercambio bidireccional de esta información. Esto hace posible que cada luminaria para alumbrado exterior se pueda convertir en un servidor de datos (data-enabled lighting), y toda la infraestructura de alumbrado público, no solo sirve para iluminar, si no también pasa a ser un servicio de recolección de datos, almacenamiento y transmisión de estos, convirtiéndose en nodos de la infraestructura de Internet de las Cosas (IoT). Si sustituimos la infraestructura actual del alumbrado público por otra basada en tecnología punta, transformándolo en un sistema de alumbrado público inteligente, ahorraremos energía y por ende dinero. Con el ahorro generado por el consumo de energía eléctrica, se pude financiar perfectamente la sustitución de todas las luminarias antiguas y construir perfectamente un sistema de alumbrado público inteligente. Columna originalmente publicada en público.bo, el 18 de noviembre de 2021.

El dinero surgió cuando las poblaciones fueron creciendo y los trueques entre “conocidos” fue rebasado por la cantidad de población conocida ó cuando se comenzó a hacer negocios con otros pueblos y se requería un instrumento que permitiera el intercambio justo entre desconocidos. La primera moneda, tiene sus orígenes en Egipto, aproximadamente 2000 años antes de nuestra era, y tenía la forma de un trozo o barra de metal en bruto (un lingote) y se utilizaba para adquirir algún bien. Posteriormente, aproximadamente 800 años antes de nuestra era, se dividió los lingotes en un tamaño más pequeño, lo que hacía más fácil su intercambio y transporte, y finalmente se utilizó una inscripción en la pieza que tenía como función indicar su valor de cambio, según su peso. Al principio se utilizaban metales como el oro y plata (brillantes y difíciles de obtener) en cantidades fijas, y el sello funcionaba como garantía del emisor, por lo que existían varios emisores. Es así como inicio el sistema monetario metálico. Después de la moneda acuñada, el siguiente paso importante para el establecimiento de los sistemas monetarios fue la creación del papel moneda; donde, a diferencia de la moneda metálica que en sí misma tenía un valor por el material con el que se hacía; el papel moneda tiene un valor disociado de su propia materia prima. Sus orígenes se remontan a la China en el siglo IX, aunque su circulación en Europa y el resto del mundo inicio hasta mediados del siglo XII. El gran problema de la moneda metálica era transportar y verificar la autenticidad, principalmente en transacciones comerciales grandes, por lo que su principal objetivo del papel moneda o billete fue facilitar el intercambio comercial. Cuando los Bancos Centrales comenzaron a emitir (garantizar el valor) el papel moneda, este dejo de tener valor por si mismo y paso a ser una abstracción de su valor. Se suponía que el monto expresado en el papel moneda, era el equivalente a su peso en oro; es decir, a la sola presentación al emisor, este lo cambiaria por su equivalente en oro y así nació el patrón oro. En 1944, por los acuerdos de Bretton Woods, se estableció la convertibilidad de la divisa estadounidense con el oro, y del resto de divisas con el dólar. En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estableció el fin del patrón oro, iniciándose así la fluctuación de las divisas. Posteriormente, apareció el dinero (moneda) de plástico, y aunque su origen se remonta a la primera década del siglo XX en Estados Unidos cuando, en 1914, la compañía Western Unión creó una tarjeta para sus clientes más selectos que les permitía acceder a un trato preferente y tener una línea de crédito sin cargos, su uso se hizo popular con la aparición de la Tarjeta Diners Club en 1950 y luego la American Express en 1958. El modelo de negocio se basaba en hacer de intermediario entre el establecimiento y el comprador, cobrando una comisión por transacción al primero y una comisión de mantenimiento al segundo, a cambio de un pago aplazado a final de mes sin intereses. El dinero plástico tiene dos modalidades: la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. La primera otorga al tenedor la posibilidad de hacer pagos diferidos por lo que puede comprar o sacar dinero de cajeros automáticos para reponerlo después. La segunda le permite realizar compras con la presentación de ella, en función del monto que tiene en su cuenta corriente en una institución bancaria o financiera, de modo que instantáneamente se produce en ésta un débito por la suma de la transacción. El sistema funciona dentro de una comunidad de pagos que tiene tres elementos fundamentales: el organismo emisor de las tarjetas, los titulares de ellas y los comerciantes adheridos a la red crediticia. Así, el dinero (metales, papel o plástico) no tiene hoy en día ningún respaldo en términos de metales preciosos, sino que su valor descansa en la confianza de cada individuo en su ente emisor; es decir, el Banco Central de su país y de que será aceptado como medio de pago por los demás. Hasta ahora, los bancos o las entidades financieras se habían constituido en los garantes del valor de uno de los principales activos, el dinero. Lamentablemente el valor de este se ha visto seriamente afectado por la decisión de cada país de emitir más dinero generando problemas de inflación (pérdida del poder adquisitivo del dinero), además de una centralización que busca controlar todas las transacciones financieras, desapareciendo nuestra privacidad en sus manos, con el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Con la aparición en 2009 del Bitcoin, se crearon las criptomonedas o el dinero digital, convirtiéndose en una red internacional de pagos e intercambios descentralizados que no está respaldada por bancos o gobiernos, cuyo valor lo otorga el mercado y específicamente en el caso del Bitcoin, se crea a velocidad predecible y decreciente hasta llegar a los veintiún millones de bitcoins en el año 2140. El Bitcoin es neutral ante el emisor, el receptor e incluso el valor de la transacción, pues se cobra una pequeña comisión por la transacción independientemente del monto de esta, no se vincula a identidades; aunque se usan perfiles públicos perfectamente identificados que pueden ser seudónimos y su fortaleza está en la cantidad de participantes de la red descentralizada. Bienvenido al mundo de las criptomonedas, el dinero del futuro o el internet del dinero. Esto es el dinero digital o dinero 4.0. Columna originalmente publicada en público.bo, el 2 de diciembre de 2021.

Presentación de la denuncia del candidato a la presidencia del Estado, Jorge Tuto Quiroga, respecto a la gran estafa que significa la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia, después que en el periodo 2007-2014 el gobierno de Evo Morales regaló bajo la excusa de “costos recuperables” más de 5.083 millones de dólares a las empresas petroleras que se están enriqueciendo como nunca gracias a las riquezas del subsuelo boliviano…

El 18 de mayo de 2005, Hormando Vaca Diez (QEPD); a pesar de la oposición de Evo Morales y Carlos Mesa, promulgo la nueva Ley 3058 de Hidrocarburos en aplicación a los resultados del Referéndum del Gas, creando el Impuesto Directo a los Hidrocarburos con una alícuota del 32%; es decir, incrementando casi 2 veces más (177%) los ingresos fiscales para el país. El precio del gas de exportación al Brasil el 2005 era de $us 2/MM BTU y el 2013 es de $us 9/MM BTU; es decir, 450% más de ingreso sólo por efecto del incremento en el precio. Igual fenómeno sucedió con la Argentina, el precio del gas el 2007 era de $us 5/MM BTU y el 2013 de $us 10/MM BTU; es decir, el doble de ingresos. Durante este mismo periodo, los volúmenes de exportación y consumo interno se incrementaron significativamente, incrementándose un 72%. El 2005 exportábamos 5 MMCD (Millones de Metros Cúbicos Diarios) a la Argentina y 24 MMCD al Brasil, mientras el consumo interno era de 3 MMCD. El 2013 exportamos 15 MMCD a Argentina, 30 MMCD a Brasil y consumimos 10 MMCD internamente. Es por eso, que el 2005 exportábamos $us 1,500 MM (Millones de dólares) y el 2013 exportamos $us 6,000 MM; cuatro veces más, por efecto precio y volumen. Representando en conjunto con la reforma tributaria, casi 10 veces más en ingresos para el Estado. Con la Ley 1689 la renta petrolera promedio en el periodo 2001-2005 fue de 330 MM $us, con la Ley 3058 el 2013 los ingresos fiscales producto de la exportación de los hidrocarburos fueron de 3,000 MM $us. Ninguno de estos incrementos extraordinarios en los ingresos fue obra de Evo & Cia.; es más, se opuso sistemáticamente a todo. Se opuso a la firma del Contrato con el Brasil, se opuso a la construcción del gaseoducto al Brasil (los dos), se opuso al Referéndum el Gas que subía los ingresos al 50% para el Estado Boliviano, y se opuso a la Ley 3058 sancionada y promulgada por Hormando Vaca Diez (QEPD). Y cuando el niño comenzó a dar los primeros pasos, se autonombro el padrino y casi progenitor, bautizándolo con NACIONALIZACIÓN. El 1 de mayo de 2006 promulgo el Decreto Supremo 28701 incrementando 32% la tributación establecida en la Ley 3058, exclusivamente en los mega campos, incremento que las petroleras pagaron pero que el país tuvo que devolver, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorias (ocultas hoy en día) en los nuevos contratos, convirtiendo a la “nacionalización” en un espectacular show con militares, bandera y letreros incluidos como tristes actores de una gran mentira. Es por esto por lo que los beneficios recibidos por el Estado boliviano, nada tienen que ver con la falsa nacionalización de los hidrocarburos que Evo cacarea todos los días, aplicando la máxima fascista “miente, miente que algo quedará”, como lo hemos demostrado aquí son exclusivamente efecto simultaneo de la nueva Ley 3058 de Hidrocarburos, incremento de los volúmenes de exportación y consumo interno, y un incremento desmesurado de los precios internacionales de los hidrocarburos.

Parecería que la única manera de derrotar al inconstitucional candidato Evo Morales, es a través de la unidad de las diferentes oposiciones que existen en el país. Por lo menos esa es la sensación colectiva que se ha instalado en la gente. Pero es necesario distinguir quienes han sido coherentes y consecuentes en su lucha contra un régimen que se ha caracterizado por la corrupción, despilfarro, odio, resentimiento, abuso de poder, y los que han sido cómplices activos o silenciosos. El actual régimen tiene un voto duro de al menos un tercio de la población, así como otro tercio de esta ha sido inquebrantablemente voto opositor. Hay un tercio que voto por un cambio en la forma de gobernar pero que se ha desencantado y que claramente no ha definido hoy su voto. Lo que habría que preguntarnos es si la gente quiere la unidad de los dirigentes políticos; que aspiran (legítimamente) repetir 5 años más su cargo como asambleístas plurinacionales, departamentales o concejales municipales, o se quiere construir una Bolivia diferente con un liderazgo que no le interese tener una bancada de parlamentarios para proteger sus intereses o los de ciertos grupos. El tiempo comenzará a presionar a los “jefes” para tomar decisiones sobre las alianzas, pues muchos tendrán que incorporar en el cálculo personal su renuncia (todo funcionario público designado o electo) si aspira a ser candidato en función de las posibilidades electorales de la “unidad”. ¿Se quiere reproducir la experiencia de la Convergencia electoral y la divergencia parlamentaria? O peor aún, llegar al gobierno con una mega coalición parlamentaria, ¿que impida realizar las grandes transformaciones que el país necesita? Tuto Quiroga ha lanzado un reto a la oposición para derrotar a Evo en la primera o vuelta, o mínimamente para llevarlo a una segunda vuelta electoral. El reto consiste en que una semana antes a la realización de las elecciones #QueSoloQuedeElMejor de los opositores y el resto de los Candidatos declinen su candidatura para darle la posibilidad a la gente de concentrar el voto opositor. Este reto ha sido desestimado por Samuel Doria Medina; candidato de la alianza UN-Demócratas, desestimándola porque según él sería imposible realizarlo a esa altura de las elecciones. Hay que recordarle al país y a los electores, que fue el mismo Samuel que hizo que su Candidato a la Alcaldía de Sucre decline su candidatura para vencer al Movimiento al Socialismo faltando 5 días para las elecciones. ¿Si eso fue posible, para “salvar” la Alcaldía de Sucre porque no aplicar la misma fórmula para salvar a Bolivia de un régimen autoritario y totalitario? ¿Los intereses del país no son más importantes que la vanidad personal o las aspiraciones personales de algunos postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Yo todavía creo que hay personas en la política que están dispuestos a anteponer los intereses del país pueden estar antes que los intereses personales, y como decía Mandela “todo parece imposible hasta que se hace”. El dilema es ¿estamos dispuestos hacer lo imposible para que sea posible?

Cuando el Estado deslinda su responsabilidad de financiar a las organizaciones políticas, estas están condenadas a buscar fuentes de financiamiento privadas. Los grupos de poder económico tienen intereses específicos y sectoriales, que condicionan su apoyo a partir de privilegios que distorsionan los objetivos de las organizaciones políticas y de sus candidatos, generando “facturas” que tarde o temprano se cobran. Siempre hay sectores privados que contribuyen al financiamiento de las campañas políticas por diferentes motivos; afinidad política, simpatía con el candidato(s), algún interés específico, etc. Mientras este es una de las fuentes de financiamiento, no es un problema. Es un problema, cuando esta se convierte en la única fuente de financiamiento, porque vuelve a lo(s) candidato(s) en rehenes, subordinando el interés público al interés privado y en particular de quien financio la campaña, privatizando la política. La diferencia se acentúa más entre el oficialismo y la oposición, debido a que el oficialismo cuenta con el manejo de los recursos públicos para realizar propaganda política disfrazada de publicidad gubernamental, o peor aún, ofrecer “favores de gestión” a los detentores del poder económico a cambio de apoyo a su organización política y candidatos. De esa manera fomenta el círculo vicioso de grupos de poder económico que se convierten en socios del poder político para reproducir el poder (económico para unos y político para otros). Y en caso de que estos no quieran “pactar” con el poder político siempre podrán ser desplazados por otros (que pueden ser parte del poder político) que estén dispuestos a jugar este rol. Los únicos que tienen alguna posibilidad de disputar un espacio de poder público, son los que por diferentes circunstancias poseen poder económico, cuyos ingresos no dependan del gobierno de turno o de sus decisiones políticas. Hoy, la posibilidad de llegar a grandes cantidades de personas les ha dado un poder a los medios de comunicación de intermediar los actores, el tiempo y el contenido del debate político, convirtiéndola en una disputa de ratings. Un segundo en televisión o radio es más importante que horas y horas de caminatas y contacto directo con la gente. Los medios de comunicación privados buscan generar utilidades para sus inversionistas, por lo que venden espacios publicitarios a las organizaciones políticas o a los candidatos, negociando –en algunos casos- como parte del paquete entrevistas que permita su promoción. Los medios de comunicación públicos o gubernamentales, buscan reproducir el poder de los que están en la gestión, por lo que vetan a las organizaciones políticas de oposición o difunden lo que les conviene. Mientras el Estado no restituya el financiamiento público; es decir nosotros los ciudadanos a través de nuestros impuestos, a las organizaciones políticas, seremos prisioneros de la privatización de la política.

No es casual que después de más de 50 años Estados Unidos haya decidido cambiar su política exterior respecto a Cuba. Los altos precios del petróleo han logrado grandes inversiones en todo tipo de energías, poniendo en riesgo la dependencia del combustible fósil utilizado como principal fuente de energía. Las grandes reservas de petróleo de esquisto que se han descubierto en Estados Unidos; que se explota mediante el fracking o fractura hidráulica, han generado un desbalance en el mundo energético convirtiéndolo en un nuevo jugador de la oferta. Desde la década del 70 no había logrado la mayor producción doméstica de crudo, por lo que pasó de ser un voraz comprador a un potencial vendedor de hidrocarburos, necesitando con urgencia abrir mercados. El mercado natural de Estados Unidos es Latinoamérica, por lo que lo primero que necesita es cambiar su imagen del “Imperio” por una más suave que le permita ofrecer shale gas o shale oil y poder competir con Petrocaribe; empresa creada por el extinto presidente Hugo Chávez para controlar los votos de estos países en varios organismos internacionales (ONU, OEA, etc.) a cambio de petróleo subsidiado por Venezuela. La baja del precio del petróleo pone en riesgo que Petrocaribe pueda seguir subsidiando a estos países y los obliga a pensar en la necesidad de sustituir esta fuente de energía, para lo cual necesitan cambiar sus políticas de protección a inversiones privadas en especial en esta área. Pensando en esto, Estados Unidos realizó la primera Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe poco después del anuncio del Presidente Obama de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y pedir al Congreso Norteamericano levantar el embargo a la isla. El desarrollo de la industria y por ende el crecimiento económico de cualquier país son una variable dependiente de la energía, por lo que sus relaciones exteriores están basadas en el balance energético interno y externo. Un Estado serio, diseña principalmente su política exterior en función de su matriz energética y su dependencia tecnológica. Cuando un país es altamente dependiente de los ingresos generados por las materias primas; en especial de combustibles fósiles, sin haber logrado procesos de industrialización y diversificación de su economía, está sujeto a que los precios internacionales fluctúen en función de variables tecnológicas y políticas que no son controlables ni predecibles. En Bolivia hemos transitado modelos económicos, pero siempre hemos mantenido el mismo patrón monoexportador de materias primas. La década de la bonanza de materias primas, parece haber concluido y lamentablemente no hemos aprovechado nuestro potencial energético (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, gas natural y litio) y nuestra posición geopolítica estratégica para convertirnos en el centro energético del cono sur.

La autonomía es un proceso de descentralización política y fiscal que delega a los gobiernos subnacionales la facultad de elegir a sus propias autoridades, conformar sus propios órganos de poder y emitir sus propias normas dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Uno de los factores más importantes para que los gobiernos autónomos puedan cumplir con sus competencias, es que cuenten con los recursos suficientes. Para esto es fundamental que compartan con el nivel central del Estado la facultad de generar y administrar los ingresos fiscales y eso supone un pacto fiscal. Esto supone una transformación vital entre la relación ciudadanía-gobierno, puesto que un adecuado diseño puede representar fortalecer al Estado en su capacidad de formalizar las actividades económicas, partiendo del principio de subsidiariedad y corresponsabilidad fiscal, ampliando su capacidad de fiscalización y de promotor del desarrollo económico en función de su vocación productiva y sus potencialidades. La transición de un Estado centralista a uno con autonomías requiere voluntad política y romper con la lógica paternal, delegando funciones y compartiendo responsabilidades. La concepción tradicional supone que el gobierno nacional recauda los impuestos y los distribuye a los gobiernos subnacionales a partir de ciertos criterios no necesariamente adecuados a las responsabilidades delegadas. Por eso se requiere confianza en que los gobiernos subnacionales pueden realizar tareas tradicionalmente exclusivas del nivel central. Actualmente, salvo los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y a la transferencia de estos, el resto de los impuestos son recaudados por el gobierno nacional. El pacto fiscal es la oportunidad para cambiar esta lógica paternalista y transformar el modelo tributario en uno de abajo hacia arriba, es decir que los gobiernos que están más cerca de la gente; municipales e indígenas, sean las principales agencias tributarias estatales a través de un sistema interconectado y de distribución automática, con un solo número de identificación tributaria que amplíe la capacidad estatal impositiva. Es decir, que cualquier persona natural o jurídica pueda realizar todos los trámites impositivos y sus respectivos pagos en cualquier gobierno municipal generando un efecto de sinergia en la formalización de las actividades económicas y en el pago de sus tributos. Esto permitiría un ahorro sustancial de tiempo para los ciudadanos, en los engorrosos trámites que tiene que realizar en todas las instancias estatales para desarrollar un negocio. Además, podría permitir al Estado y al ciudadano tener un estado consolidado de todas las actividades económicas sujetas al pago de tributos, facilitando la información para la elaboración de las cuentas nacionales, estadísticas por rubro o región, etc. La crisis, como la que aparentemente nos tocará enfrentar debido a la disminución de los precios internacionales de las materias primas, puede convertirse en una oportunidad para concretar acuerdos políticos que redistribuyan la responsabilidad fiscal en beneficio de todos. Convirtiendo a los gobiernos autónomos en un aliado del desarrollo económico y no simples prestadores de servicios. Este paso, significaría una gran revolución y consolidaría la autonomía a partir de las potencialidades de cada región, de sus capacidades institucionales y de su propia realidad.

En los próximos días se realizarán los Referéndums para la aprobación o rechazo de los Estatutos Autonómicos Departamentales. Acto electoral que estará signado por la falta de información y posiblemente el mayor ausentismo de la gente. Dado la mayoría del MAS en casi todas las Asambleas Legislativas Departamentales, la redacción de los Estatutos autonómicos se ha reducido a un cumplimiento de una obligación constitucional reduciendo así la Autonomía a la voluntad del Gobierno Central. Los Estatutos deberían permitir la consolidación del proceso autonómico en los Departamentos, dotando de instrumentos jurídicos para la elección de todas las autoridades departamentales (independientemente de sus niveles de dependencia funcional del nivel central) y el manejo de los recursos generados desde la región, cambiando la lógica paternalista de un Estado Centralista por uno con Autonomías; como reza la Constitución. La insignificante labor de las Asambleas Legislativas Departamentales ha eliminado el debate regional sobre los asuntos referentes al desarrollo y se ha perdido una oportunidad para que la sociedad civil participe de manera activa en la construcción de la visión departamental. En los departamentos donde se presentaron propuestas de Estatutos o de artículos de este por parte de ciudadanos, organizaciones políticas o de la sociedad civil, estas han sido desechadas sin que medie debate alguno. Entre varios de los temas cuestionados en el Proyecto de Estatuto de Cochabamba, se encuentra que se sigue usando como base para la elección de los Asambleístas Departamentales a las Provincias (estructura política administrativa en desuso) de manera igualitaria generando desequilibrios en la representación poblacional. Por ejemplo, la Provincia Cercado tiene tan solo un representante poblacional y uno por territorio; igual que cualquier otra Provincia, siendo que concentra más de 1/3 de la población del Departamento. Además, la elección de los Asambleístas Departamentales no se realiza en forma proporcional al voto departamental, como se hace en el caso de los Asambleístas Plurinacionales (Senadores y Diputados). Por otro lado, se ha generado una desconfianza en la sociedad respecto a que las normas jurídicas puedan cambiar la realidad, dejando a la deriva y a la buena voluntad de las autoridades de turno la resolución de los problemas estructurales y cotidianos. Además, la promulgación de una serie de normas nacionales; entre ellas la Ley de Clasificación de Impuestos, ha limitado la capacidad institucional de las Gobernaciones a niveles inclusive anteriores a las extintas Prefecturas, generando un desequilibrio muy grande con los recursos manejados por los Gobiernos Municipales. Todos los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento (excepto Tarija) cuentan con más recursos que las Gobernaciones, lo cual no cambiará con la aprobación del Estatuto. Lamentablemente no se augura un futuro prometedor ni siquiera con la discusión del pacto fiscal, porque no existe una manifiesta voluntad política del nivel de compartir la generación de políticas públicas y completar el proceso de descentralización a través de la consolidación de las autonomías. Los que estamos convencidos que es necesario trasformar el modelo central paternalista, por uno de abajo hacia arriba, tendremos que seguir esperando otro momento político para avanzar.

Los resultados del Referéndum sobre los Estatutos Autonómicos del 20 de septiembre nos agarraron con sorpresa a propios y extraños. En los cálculos políticos del oficialismo y la oposición no estaba considerados la contundencia del NO. No se puede explicar de otra manera que varias organizaciones políticas de oposición no se hayan inscrito para poder realizar campaña por el NO, a pesar de que el contenido de los Estatutos no reflejaba su visión sobre las autonomías. Casi todos esperaban una victoria del SI, o en el mejor de los casos un cierre de infarto en algunos Departamentos. Posiblemente el único lugar donde se anticipaba una victoria del NO era Potosí que meses antes había logrado un movimiento cívico de reivindicación regional muy fuerte, que a pesar de no haber logrado la atención a sus demandas, el Referéndum se veía como una posibilidad de revancha al maltrato gubernamental. Un dato no menor, es que el NO gano en las cinco regiones donde tradicionalmente el partido de gobierno gano con amplia mayoría en las casi todos los procesos electorales, exceptuando el del Órgano Judicial del 2011. Desde mi perspectiva son varios los factores que hicieron que la población saliera a votar silenciosamente por el NO. Trataré de esbozar algunos de los factores que se vienen a mi mente, sin pretender ser excluyente de otros factores. La primera causa, fue la falta de información sobre el contenido mismo de los Estatutos que en la mayoría de los casos fueron aprobados por las Asambleas Legislativas Departamentales utilizando el rodillo azul, sin considerar los aportes de la ciudadanía y de otras organizaciones civiles o políticas. La segunda causa, fue la sensación que la aprobación de esta norma poco o nada iba a cambiar la realidad regional, sensación incrementada por la poca observancia a las normas de los detentores del poder. La tercera causa, fue el exceso de arrogancia de parte del gobierno expresada en una amarrada de guatos (cordones) al Presidente Morales en un video que circulo por las redes sociales y se hizo viral. La cuarta causa, fue las constantes denuncias de corrupción socapadas desde los niveles más altos del gobierno cuyo más significativo caso (no el mayor) fue el del Fondo Indígena, que a pesar de las pruebas contundentes del enriquecimiento ilícito de varios dirigentes oficialistas, no se ha hecho nada por investigar y sancionar a los responsables. La quinta causa, fue la torpe intención de días antes presentar el Proyecto de Ley para modificar la Constitución que permita a la dupla presidencial RePostularse –sofisma utilizado para marear la perdiz- a un cuarto periodo presidencial. El NO es tan generoso, que posiblemente en la cabeza de los ciudadanos había mil y un razones más para expresar su descontento por situaciones personales o sociales que difícilmente podremos identificar. Lo cierto es que los resultados, desnudaron la falta de visión de los partidos políticos y lo desconectados que están con la realidad cotidiana de los ciudadanos. Ahora que las cartas ya están echadas para un nuevo Referéndum para la ReReReElección, se le hará cuesta arriba al gobierno en cinco meses cambiar el NO por un SI.

EDICIÓN 89 | 2020 Vesna Marinkovic U. Promover la demanda de baterías de litio boliviano, a través de la electromovilidad en el transporte público y privado, sería parte de esta iniciativa. 1 Crear ENDE Transporte Eléctrico S.A., nació durante el gobierno de Jeanine Añez, ¿puede mantenerse en el tiempo y efectivizarse como proyecto, pese al cambio de gobierno y autoridades? Lamentablemente no hubo tiempo de discutirla con la presidenta Jeanine Añez ni con el ministro Rodrigo Guzmán, es una propuesta de Gamal Serhan que ojalá sea tomada en cuenta por el nuevo gobierno y sus autoridades. Las propuestas deben dejar de ser políticas de gobierno y convertirse en políticas de Estado para que independientemente de gobierno y su ideología sean sostenibles en el tiempo. PERFIL Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un postgrado en Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de otros estudios superiores en diferentes universidades extranjeras y nacionales, y recientemente realizó un curso sobre Estrategias de Transformación Digital en el INCAE. Trabajó en varias empresas constructoras mexicanas y bolivianas, ocupando importantes cargos ejecutivos. Docente universitario y ocupó varios cargos en la Administración Pública. Escribió el libro “La historia NO oficial de la Asamblea Constituyente” y fue parte de la Comisión Política que trabajo en las modificaciones a la Nueva Constitución que fue aprobada el 2009. Fue gerente general ejecutivo de SEMAPA, Director Ejecutivo de Grupo Vértice, Gerente General de ENDE Transmisión Argentina, S.A. y actualmente de ENDE Andina, S.A.M. 2 Esta iniciativa estaría a cargo de ENDE como cabeza de sector? Es una propuesta para que ENDE como Empresa Nacional de Electricidad la lidere, pero dependerá de las nuevas autoridades si su participación es como accionista o simplemente como promotor. Creo que es fundamental una Asociación Público-Privada para el fomento de la electromovilidad. 3 Cuál la singularidad más importante de este proyecto? Esta propuesta busca cumplir varios objetivos, promoviendo la electromovilidad para descarbonizar la economía boliviana, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, disminuyendo la importación de diésel y gasolina, y por ende la subvención de estos hidrocarburos, y consumiendo un recurso que hoy tenemos en exceso que es la energía eléctrica. La idea es crear una o varias empresas donde ENDE tenga participación accionaria o no; que puede ser mayoritaria o no, en asociación con los gobiernos municipales de las principales ciudades del país o no, en asociación con los sindicatos de transportistas o no. “Poseen un precio mayor al de los buses diésel, pero siguen siendo competitivos durante sus ciclos de vida…” 4 La electrificación masiva del sector del transporte podría redundar en un efectivo impacto en la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente? El sector de transporte representa una gran cantidad de las emisiones globales de CO2, y sacarlo de los combustibles de origen fósil tendría un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. Y “esto solo será posible a través de la electrificación masiva del sector de transporte, junto con la descarbonización de la red eléctrica utilizada para cargar vehículos eléctricos”, según una investigación de Diálogo Interamericano. Los buses eléctricos generan entre un 25% y un 70% menos de ruido que las unidades diésel normales y ahorran 60 toneladas de emisiones de CO2 por bus al año aproximadamente. Poseen un precio mayor al de los buses diésel, pero siguen siendo competitivos durante sus ciclos de vida de casi 20 años, ya que los costos operativos (electricidad en lugar de combustible) son hasta un 76% más bajos. El mantenimiento como reparaciones y cambio de neumáticos también es un 25% más barato. 5 Esta transición sería costosa en términos monetarios para el país? En Cochabamba se está invirtiendo en el “Tren Metropolitano”; que más que un tren es un tranvía, cuyo costo es de 450 millones de dólares que pudieron haber servido para comprar 2,500 buses con una capacidad de 80 pasajeros cada uno y una autonomía de 365 km, es decir podrían realizar el recorrido desde Quillacollo a Sacaba 10 veces sin tener que parar a cargar electricidad. Adicionalmente al beneficio ambiental que representa la utilización de los vehículos eléctricos, en el caso de Bolivia representaría primero un ahorro de divisas dado que el país tiene que importar la gasolina porque el petróleo que extraemos es muy liviano y también significaría un ahorro considerable para el Tesoro General del Estado pues el precio de la gasolina está subvencionado. Actualmente el precio de la gasolina en Bolivia es de 0.544 dólares por litro y en Chile de 0.996 dólares por litro, esto significa que aproximadamente el país gasta (a precios de mercado) 0.452 dólares por litro en la subvención de la gasolina. Suponiendo que un vehículo recorre 12,000 km por año y que el consumo sea de 1 litro de combustible por cada 12 kilómetros, esto significa que se consume 1,000 litros en un año por vehículo, es decir el Estado boliviano se ahorraría 452 dólares por año por vehículo en la subvención de la gasolina, si este fuera reemplazado por un vehículo eléctrico, más la posibilidad de tener 996 dólares disponibles para cualquier otra importación. 6 Esta iniciativa estaría directamente vinculada a la producción de litio en Bolivia? Por supuesto, actualmente ya fabricamos los vehículos Quantum en Bolivia, pero todavía no se utilizan baterías de litio boliviano. La idea sería promover la demanda de baterías de litio boliviano a través de la electromovilidad no solo del transporte público, sino también privado. “…actualmente ya fabricamos los vehículos Quantum en Bolivia, pero todavía no se utilizan baterías de litio boliviano”

De no ser porque el BBVA inicio arbitraje contra Bolivia ante el CIADI por el traspaso de la AFP Previsión, muchos se hubiesen olvidado que hace más de tres años se tomó la decisión de “nacionalizar” las Administradoras de Fondos de Pensiones; más conocidas como AFP’s, creando para el efecto la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que tendrá a cargo la administración del Sistema Integral de Pensiones, es decir el manejo de los recursos que deberían de servir para nuestras jubilaciones. Normalmente las nacionalizaciones se han realizado con pompa y sonaja, a diferencia de esta que se realizó lo más silenciosamente posible. Para muchos de los aportantes al sistema de seguridad social de largo plazo, es poco conocido lo que sucedió con los viejos fondos de pensiones estatales y las estafas a estos, que dejaron a varios bolivianos en la calle con los ahorros de toda su vida perdidos. El monto aproximado de los ahorros de los bolivianos en las dos AFP’s es de 16,446 millones de dólares (a mayo del 2018) de los cuales cerca al 28% se encontraba “invertidos” de manera casi obligatoria en pagarés del Estado, un 56% en la Banca, 9% en el sector financiero no bancario y un 7% en otros. Uno de los peligros de esta nacionalización, es que el Estado era (porque no se sabe qué pasará en el futuro con la Gestora Pública) el principal deudor de las AFP’s. La cifra no es nada despreciable, pues representa casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) y es el ahorro de más de 2 millones de bolivianos que representa el 40% de la población económicamente activa que participa en el sector formal de la economía. La normativa que dio lugar a la creación y operación de la Gestora Pública permite invertir el 50% en el exterior y el otro 50% en las empresas públicas estratégicas. Todos sabemos que la mayoría de las empresas estatales son deficientes y deficitarias, por lo que no creo que ningún boliviano en su sano juicio estuviera dispuesto a “invertir” nuestros ahorros en estas empresas. Por si esto no fuera suficiente, los Directores y los Gerentes serán nombrados por el partido de gobierno; interinamente por el órgano ejecutivo y, con posterioridad por el órgano legislativo, convirtiendo a la Gestora Pública en un botín de los militantes del “proceso de cambio”. Lamentablemente no sabemos cuál será el destino de los ahorros de toda nuestra vida, pues no ha sido precisamente norma de este gobierno el acceso a transparente a la información de las instituciones públicas.