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De acuerdo a los últimos datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el 58.6% de la población boliviana es pobre (34.22% es pobre moderado, 21.69% es indigente y 2.68% vive en la marginalidad); es decir, carecen de servicios de agua y saneamiento, residen en viviendas precarias, tienen muy bajos niveles educativos y severos déficits en la atención de salud. Dos de cada tres bolivianos no alcanzan ingresos per cápita (por hogar) necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarías, personales y básicas; y uno de cada tres es extremadamente pobre, es decir, con los ingresos personales ni siquiera logran cubrir sus propias necesidades alimentarías. Según datos del gobierno, la tasa de desempleo abierta es del 8.7% y de acuerdo al anuario estadístico de la CEPAL (Centro de Estudios Para América Latina), de la población ocupada urbana el 52.4% trabaja por cuenta propia, o sea, no es asalariado (44.5%) o empleador (3%). El los últimos veintiún años de democracia, el crecimiento económico ha sido deficitario en relación al crecimiento vegetativo de la población. Las exportaciones han crecido sólo un 20% y tenemos una economía pequeña, con un marcado sesgo hacia la producción de bienes primarios (materias primas), de muy bajo valor agregado. Con el perdón por la letanía de tantos números, era sin embargo inevitable recalcar estos datos para que los brillantes políticos nacionales e internacionales, comiencen a entender que cuando el pueblo decide salir a las calles, antes ha tenido que tomar la decisión de morir en su casa de hambre; con la vergüenza de la mirada de su familia y comunidad, o morir luchando por lo que intuyen puede ser un futuro mejor para sus hijos. Porque por lo menos morir por un movimiento reivindicatorio, le va permitir legar dignidad a su familia, que no se la pudo dar a partir del orgullo de ganarse el pan de cada día trabajando. Lo que tienen que entender los organismos internacionales que piden defender a ultranza al gobierno legalmente constituido, es que esta “casta democrática partidaria política” no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de este pobre país, que históricamente ha servido para enriquecer a unas cuantas familias y a otras naciones que aprovecharon los gobiernos de turno que gobernaron en la búsqueda de articular sus intereses corporativos, olvidándose y postergando con discursos dilatorios a un pueblo que confió en ellos, pero que ya no está dispuesto –como decía Wiston Churchill- a que confundan su silencio con la estupidez… Lo que todos tenemos que entender, es que la soberanía del país reside en el pueblo, tal como reza nuestra constitución y si nos piden respeto a ella, lo que estamos pidiendo es lo mismo a nuestros gobernantes que sólo la usan para legitimar sus puestos de gobierno. La constitución también dice que “la organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano” y “…al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano”. Es muy fácil gobernar cuando tengo todos mis problemas y de mi familia resueltos… pero quien no los va tener resueltos ganando 24 000 Bs/mes; salario de un diputado, es decir 40 veces más que el promedio boliviano (600 Bs/mes), peor aún si analizamos a esas dos terceras partes que decíamos a un principio eran pobres que -según Hernani- viven con 194 Bs/mes y que los pobres extremos tienen que vivir con tan solo 127 Bs/mes. Si esto no es suficiente para la indignación, por lo menos que nos de vergüenza que a título de defender la democracia han matado a 62 bolivianos; niños, mujeres, hombres, que no creo que hayan tenido la oportunidad de realizar este análisis y son llorados por otros tantos que tampoco, dadas las condiciones actuales podrán desarrollar sus potencialidades y ejercitar sus plenos derechos. ¡Por favor!, la democracia no es el presidente, ni las FF. AA. tienen la obligación de defender a un gobierno legalmente constituido que esta atentando contra la seguridad y estabilidad de la República, pues el articulo 208 de la constitución también les asigna la misión de defender el Honor Nacional hoy manoseado por politiqueros. Hasta cuando tendrán que aguantar mancharse de sangre, por decisiones de aquellos que después de lanzar la piedra esconden la mano? No, no queremos más gobernantes que no conozcan Bolivia, las dos, las tres o las diez Bolivias, que comenten lo que sucede en nuestro país como ajenos a la realidad sin asumir la mínima responsabilidad, queremos gobernantes que no pongan en riesgo el futuro de nuestros hijos, por su soberbia y ceguera. No queremos gobernantes que nos obliguen a debatirnos entre el hambre y la guerra.

Hasta hace unos años atrás, los políticos daban discursos llenándose la boca con la ” importancia de haber recuperado la democracia”, parecía que el solo hecho de vivir supuestamente en ese régimen garantizaría mejores días para la población. Y no es que ejercitar la democracia no sea importante, lo malo es que en nombre de la ella vivimos una época de dictadura “democratica”. Esta afirmación es atrevida, pero permítanme explicarla. La Constitución Política del Estado establece que la soberanía reside en el pueblo, pero que su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero también establece la independencia de estos órganos. Podríamos partir del ejercicio de ¿quién es el candidato a la presidencia de un partido político?; pero hasta la pregunta es tonta y a estas alturas obvia la respuesta: el jefe del partido político en cuestión, es decir, quien dependiendo de los votos y acuerdos a los que llegue, ocupará el Poder Ejecutivo o negociará de una u otra forma ser parte de él. Ahora bien; quien o quiénes deciden los nombres de los Senadores o Diputados; mismos que luego constituirán el Poder Legislativo. Dado el sistema caciquista en el que vivimos, son los jefes de los partidos políticos los que deciden quienes ocuparán dichos cargos, por lo que le deben obediencia al jefe del partido, bajo el disfraz de la disciplina partidaria que a la vez se traduce de adulaciones y subordinaciones que insultarían a cualquier persona que se considere capaz y pensante. Esta falsa disciplina partidaria es además, un velo para aceptar de manera tácita la dictadura de los jefes de partidos políticos. Pero vamos un poquito más allá, ¿quienes nombran a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo?; correcto el congreso, es decir como existe disciplina partidaria los jefes de los partidos políticos deciden las autoridades del Poder Judicial. De ahí que vemos que le hacen renunciar a un ministro de estado, sin nombrar su sucesor para correr a votar porque su senador suplente se encuentra en vacación; quise decir en comisión, quien sabe en que lugar disfrutando de los muchos recursos que tenemos como nación, pasajes y viáticos modestos, realizando gestiones importantísimas para el país, mientras este se debate entre la vida y la muerte. ¿Y así nos quieren hacer creer que vivimos en democracia?. ¡Basta por favor!. A lo mejor parecemos pero no somos… Resulta que hasta la permanencia de un presidente depende de las ganas de su esposa de seguir siendo la primera dama. Me pregunto entonces: ¿Como puede pedirse respeto “al imperio de la ley” cuando son los políticos partidarios los primeros en romperla?. Abundando más, ¿por quien y para quien son elaboradas las leyes? ¿alguna vez como ciudadanos hemos sido consultados sobre la conveniencia o no de una ley o de una política? La democracia esta moribunda… la que fue concebida para favorecer a unos cuantos a nombre de todos. El pueblo no solo debe participar votando, ese es un derecho ciudadano, no de la democracia. La democracia, con sus apenas 21 años de edad reclama dejar de ser manoseada por un sistema monopólico de partidos políticos que solo la han usado para beneficio personal… Por esto, creo que tenemos que tomar la decisión de cual es el tipo de medicina que debemos usar para que nuestra democracia no se muera, o de otra manera dejémosla morir en paz.

Esta entrevista tiene dos intenciones, en primer lugar, averiguar la formación y pensamiento de las nuevas generaciones y en segundo lugar, comenzar a reflexionar acerca de las municipalidades y las funciones que deben cumplir. Falta muy poco para las elecciones de donde surgiran las nuevas autoridades edilicias. El Ing. Gamal Serhan Jaldin reúne las condiciones necesarias para cubrir ambos propósitos. ESCENARIO POLÍTICO: Dada su experiencia en el campo de la política municipal, ¿cual es su visión de la Cochabamba del 2015? Gamal Serhan: Primero, para hablar de la Cochabamba del 2015 tenemos que imaginarnos una ciudad metropolitana, integrada por los municipios de Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Cercado y Sacaba. Me imagino una ciudad para estudiar, descansar, conocer y producir, por lo que necesitamos crear instituciones en las cuales compartamos la misma visión y acción, los del sector público y privado, y las universidad formen profesionales con este perfil. Para que esto sea posible, necesitamos bajar nuestros niveles de contaminación, mejorar nuestro sistema de vialidad y transporte, nuestros centros de abasto, generar los espacios urbanos para viviendas productivas y villas de descanso, tener las condiciones de servicios que nos permita recibir una fuerte cantidad de turistas y desarrollar la vocación productiva de cada parte de la microregión de la zona metropolitana. Es decir la única manera de imaginarnos el futuro, es comenzar a construirlo ya! E.P.: En ese tiempo dada la dinámica universal y nacional, ¿que cosas podrán suceder en materia de urbanismo en general en los países y las ciudades? G.S.: La globalización y los procesos de descentralización, han provocado la concentración de mayor cantidad de población en las zonas urbanas y al mismo tiempo el debilitamiento de los gobiernos centrales, por lo que existe la tendencia de transferir al sector privado la prestación de todos los servicios básicos. El Gobierno Municipal debe recuperar el control de todas las empresas que tienen que ver con la prestación de dichos servicios para evitar que las prácticas monopólicas y oligopólicas pongan en riesgo el desarrollo sostenible y bienestar social. No hace poco hemos sufrido en el país y en los países más industrializados apagones de grandes magnitudes, por lo que la Alcaldía a través de la formulación de políticas públicas debe fomentar el uso eficiente del agua; sustituyendo los tanques de agua de los inodoros de 18 lts. por lo de 6 lts., el uso eficiente de la energía eléctrica; sustituyendo los focos comunes (incandescentes), por otros de bajo consumo de energía (fluorescentes compactos), o fomentar el uso del gas domiciliario y vehicular, todo esto para generar ahorros en el gasto familiar, ampliar la cobertura de los servicios y garantizar el cuidado de nuestros recursos. E.P.: Cuales son las mayores potencialidades y debilidades de la Alcaldía? G.S.: No hay duda que el mejor gobierno es aquel que esta más cerca de la gente… Pero lo que podría ser una gran potencialidad se ha convertido en su gran debilidad. La Alcaldía tiene un instrumento valiosísimo para la incorporación de las demandas de la sociedad civil en su concepción de cual es el futuro que queremos para nuestra ciudad; la planificación participativa, lamentablemente el uso de este instrumento no esta siendo promovido y aprovechado. La ventaja de estar cerca de la gente, es que puede convertirse en un instrumento que fortalezca la democracia ciudadana, porque hace efectiva la participación de la población y la actuación de sus autoridades no escapa al control ciudadano, permitiendo que cualquier iniciativa o acción, pueda ser evaluada inmediatamente o inclusive corregida. E.P.: Alguna vez nosotros dijimos que la política en los Gobiernos Municipales debía ser discutida, concebida en el Concejo, y que el Alcalde debería ser un administrador nombrado por el Concejo Municipal para ejecutar los proyectos discutidos y aprobados en su seno. Que opina Ud. de esta propuesta? G.S.: En realidad así esta concebida la Ley 2028 de Municipalidades, se establece que la máxima autoridad del Gobierno Municipal es el Concejo Municipal, que es donde se discuten las políticas que debe aplicar el Alcalde. Lo que sucede es que, la política boliviana es caciquista y no hay que olvidar que el candidato a primer concejal es el que se postula para ser Alcalde, lo cual supone que el resto de los candidatos a concejales son subordinados al candidato de Alcalde y por ende las políticas del Concejo esta supeditadas a la concepción del Alcalde. Si lográramos que la elección del Alcalde, fuera independiente de la elección de los concejales; como el caso del legislativo y ejecutivo nacional, los concejales distritales tendrían que responder a sus votantes y no a sus partidos, ejerciendo de mejor manera su rol fiscalizador y los Alcaldes responderían a las políticas discutidas y emanadas por el Concejo Municipal. Es necesario reformar la Constitución Política del Estado. E.P.: En la proyección de la descentralización administrativa existe alguna contradicción entre la Alcaldía y la Prefectura, y de ser así como se puede resolver esto? G.S.: Yo creo que cada una de estas instituciones cumplen roles diferentes. La Prefectura debería de servir para acercar al Gobierno Central con la población en áreas de interés nacional. Lo que ha sucedido es que, mientras las Alcaldías no tienen la suficiente cantidad de recursos para atender todas sus demandas, a su turno las administraciones prefecturales han mostrado una ineficiencia traducida en el mal uso de los recursos con los que cuentan. Las Administraciones Prefecturales han servido para acomodar a los militantes de los partidos de turno de gobierno y no han tenido ni la visión política y económica para convertirse en agentes del desarrollo regional, queriendo en muchos casos competir con la popularidad de los Gobiernos Municipales realizando inversiones en campos de estricta competencia municipal, en vez de realizar inversiones concurrentes. Por esto creo que es urgente la revisión de las competencias prefecturales y de los recursos que administran. E.P.: Desde el punto de vista financiero, nuestra Alcaldía es solvente? Nos referimos a su capacidad siempre financiera en relación con las tareas que debe realizar. G.S.: La solvencia de cualquier institución esta definida a partir de la capacidad de hacer frente a sus obligaciones. Desde esa perspectiva yo creo que la Alcaldía no es solvente. A partir de la concepción clásica los recursos con los que cuenta la Alcaldía no le alcanzan para cumplir con sus competencias establecidas por Ley. La Alcaldía no se puede apegar a esta concepción clásica y ser una institución que tenga como única responsabilidad el desarrollo urbano; arreglar parques, pavimentar calles, poner luminarias, y a veces recoger la basura. Si bien, las obras municipales y los servicios son una premisa básica que deben cumplir; el reclamo fundamental del pueblo es que las autoridades fueron electas para gobernar. Y gobernar significa administrar, prestar servicios básicos eficientes, pero también construir un proyecto de desarrollo municipal y regional. Estamos hablando de un proyecto de impacto en la vida diaria del ciudadano y, a partir de la implementación de políticas municipales dirigidas al servicio del vecino, el impacto se traduzca en desarrollo económico y humano de nuestro país. Es necesario poner esa visión urbanista al servicio de una visión que incorpore el Desarrollo Económico Local como premisa para enfrentar la globalización. E.P.: Que debe hacer la Alcaldía para influir en el manejo de las regalías petroleras en la proyección de los grandes objetivos del Departamento. G.S.: Aparentemente la Alcaldía del Cercado no tendría nada que hacer en un territorio que no esta bajo su jurisdicción. Aquí tenemos que introducir un concepto vital, necesitamos pensar globalmente para actuar localmente. Tenemos que entender que cualquier emprendimiento público o privado en cualquier parte de nuestro departamento, nos beneficiará de manera indirecta; porque usaran nuestros hoteles, restaurantes, transporte, aeropuerto o terminal de buses. Por lo que debemos fomentar toda iniciativa así esta no este en la jurisdicción territorial. Lo grave es que las empresas petroleras que operan en nuestro Departamento, no tienen ni siquiera oficinas en Cochabamba, entonces no están generando efectos multiplicadores en la economía departamental. La Prefectura; que es la institución que recibe los recursos de las regalías, no tiene una oficina para el control de la cantidad de hidrocarburos que se explotan o exploran, por lo que tampoco tenemos control ninguno sobre su manejo y menos una política departamental hidrocarburifera. E.P.: En relación con la seguridad, el alcoholismo, la violencia, la delincuencia que puede hacer la Municipalidad? G.S.: Estos son los síntomas de una sociedad en crisis. Para esto, la Alcaldía tiene que asumir que es responsable del bienestar social local. La única manera de luchar contra estos males es devolviéndole a la gente “dignidad” a través de un empleo seguro, de acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, y recuperando el sentido de solidaridad y apropiación del espacio que había en los pueblos de los que vienen nuestros padres. La delincuencia, la violencia y la inseguridad toman ventaja en una sociedad individualista, donde lo que le suceda al vecino no me importa, porque además no lo conozco. Es necesario que el Gobierno Municipal formule políticas que impulsen el desarrollo económico local, para la creación de fuentes de trabajo, asuma los indicadores de educación y salud para manejar la nave de sus recursos humanos y al mismo tiempo desarrolle programas de integración barrial para establecer relación entre los vecinos a través objetivos comunes, como el mejoramiento de su calle o de la plazuela barrial, etc. Necesitamos también, integrar a los jóvenes a nuestra sociedad en brigadas de salud, de educación, de seguridad escolar, de primeros auxilios, de cuidado al medio ambiente, ellos son la mayoría de nuestra población por lo que tenemos que tomarlos en cuenta. Los problemas de alcoholismo y drogadicción comienzan, cuando ellos no se sienten parte de algo y esa es nuestra responsabilidad y la Alcaldía debería tener un rol protagónico en su integración. Además en forma conjunta con las Universidades deberíamos desarrollar un programa de inserción laboral, donde el estudiante de último año trabaje durante seis meses realizando su “servicio social” o su “tesis aplicada” generando beneficio común. De esa manera también rompemos el circulo de NO tiene experiencia.

En 1985 se inicia el proceso de descentralización política en Bolivia con la promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que responde a una ineludible necesidad de un gobierno fuertemente centralizado y poco eficiente. Entre 1994 y 1999 se pretende definir un nuevo modelo de gestión territorial, que encuentra algunas dificultades en la falta de claridad de la asignación de responsabilidades y en el inadecuado sistema de transferencias del gobierno central a los gobiernos locales. La propuesta de descentralización, para bien o para mal, tiene un componente administrativo, otro económico y un tercero político que no son necesariamente concordantes. El primero busca la eficiencia en la captación y el uso de los recursos. El segundo busca el aligeramiento del Gobierno Central, delegando algunas responsabilidades del Estado a los Gobiernos Municipales. El componente político, puede convertirse en un peligro para la administración central, pues compite en popularidad, convirtiendo a los municipios en los nuevos escenarios para el surgimiento de lideres regionales que se han constituido en una amenaza para la vieja estructura política partidista de cuoteo del poder. Esta dicotomía ha obligado a algunos “asesores” del Gobierno Central, ha constantemente atentar contra el proceso de descentralización, con medidas como la de coartar la actuación de nuestros consejeros departamentales –llevada a cabo en la anterior administración- o como la última ocurrencia del actual gobierno de desviar los recursos del alivio de la deuda para resolver algunos de los múltiples candados, que la incapacidad de las autoridades del sector económico-financiero –las cuales curiosamente no fueron cambiadas a pesar de ser las directas responsables de los hechos luctuosos de febrero- no han sabido descifrar en un país tan dependiente como el nuestro. No solo que no les ha importado que se promulgo una Ley 2235 del Dialogo Nacional para garantizar que a ningún otro gobierno “inteligente” se le ocurriera otro destino que no sea el de luchar contra la pobreza, para los recursos del alivio de la deuda, sino que también se vulnero la fe del Estado comprometida con el Club de Paris, en relación al uso de estos recursos, además de burlarse de los padrinos –hablase la Iglesia Católica- de la condonación de la deuda externa. Parece que en estos días los “asesores” del Presidente, se han convertido en una suerte de verdugos de la suerte del mismo, haciendo creer que todas sus equivocaciones ya no son del todo casuales e intencionales, sino también hablan de una conspiración al interior del partido de gobierno o ¿será de alguno de sus aliados?. Por lo menos para el pueblo boliviano esta claro que los fantasmas que ve el Gobierno Central junto con los expertos que detectaron las armas de destrucción masivas, así como el golpe de estado, solo esta sirviendo para darle oxigeno a un gobierno que no solo no tiene autoridad y gobernabilidad, sino que día a día se esfuerza por perder legitimidad, y que terminara cayendo por su propia boca y no porque los partidos de oposición y/o casi todo el pueblo le pida que se vaya. Seria importante recordarle al Señor Presidente –incluyendo al en ejercicio- que la descentralización puede ser un instrumento eficaz para el fortalecimiento de la democracia, la dinamización del desarrollo y fortalecer la participación ciudadana, siempre cuando el Gobierno Central este dispuesto a devolver la autonomía del uso de los recursos a los gobiernos y comunidades locales, buscando mejorar la eficiencia administrativa, ayudar a la redistribución equitativa, y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo gracioso de toda esta historia es que el principal partido del Gobierno Central fue el principal promotor de la descentralización y su principal socio su principal detractor. Será que alguno se ha convencido que se ha equivocado –por lo menos en términos de réditos políticos- o será que la descentralización le esta cobrando una factura a sus ideólogos. Por lo pronto, quienes defendemos y creemos que “el mejor gobierno es el que esta mas cerca del pueblo”; es decir defendemos la descentralización le decimos, no se equivoque Señor Presidente, se puede engañar a alguien todas las veces, se puede engañar a todos alguna vez, pero no se puede engañar a todos todas las veces.

Esperemos que el Evo haya leído la historia, porque todo parece indicar que las circunstancias lo están obligando a tener dos frentes de batalla, en esta guerra que ha decidido encarar vanguardizando a los marginados de este país. El primer frente parece más fácil que el segundo. El bloqueo nacional tiene aparentemente un vencedor y dos posibles perdedores. Evo ha ganado, porque una vez que los bloqueos se suspendan –con la ayuda de la suerte o nuestros acostumbrados bomberos- el habrá fortalecido su posición política; primera victoria. Su victoria podría ser mucho más contundente si hubiese logrado lo que la oposición venezolana ha logrado, que es agrupar a los empresarios privados del país en este “paro nacional”, porque dicho sea de paso hasta ahora, el gobierno no ha resuelto el problema de la grave recesión económica que nos esta afectado, claro esta además de lanzar medidas financiadas con el dinero de otros; como el pago del Bonosol y el Seguro Universal Materno Infantil. Los dos posibles perdedores, el país y el gobierno. El país porque el grado de avance del SIDA –léase crónica crisis económica- que tenemos no aguanta ni un resfrió más. El gobierno, porque aún después que ha regañadientes se acepto la tregua de 90 días –que han sido más de 180 días- planteada por ellos mismos, con su actitud desafiante y bravucona que desplegó en los medios de comunicación los días antes al bloqueo, ha demostrado una incapacidad del manejo de los conflictos, cometiendo errores inaceptables, entre otros como intervenir a los rentistas provocando la muerte de muchos de ellos y violar la autonomía universitaria; y no importa si son troskos o liberales los universitarios que hacen uso de las reglas de la democracia, eso es simplemente inaceptable. En todo caso, Evo tiene que entender que en Bolivia hemos elegido a la democracia como instrumento para gobernar nuestro país y que no aceptamos que se atente contra ella a titulo de las “reivindicaciones sociales” y por estrategia de posicionamiento político. El segundo frente de batalla del Evo es mucho más peligroso, porque parece ser una cuestión de “ser o no ser”. Me explico, Evo hasta ahora se ha caracterizado por ser un dirigente sindical cocalero con mucho éxito y cuya fama ha contagiado a algunos sectores a verlo con ojos de líder natural. La batalla que esta librando el Evo, es si sus decisiones van ha dar la talla de un líder o continuara siendo un caudillo. Para ser lo primero necesita dar claros mensajes a los sectores que dice representar que esta dispuesto a compartir el liderazgo con mandos intermedios y entender –lo que algunos dirigentes políticos nacionales no han entendido- que el éxito de un líder no es, estar en cada uno de los escenarios, sino tener la capacidad de reproducirse y que el éxito de sus mandos medios es el éxito de él. Esta frente de batalla no tiene tiempo, por eso es más peligroso. Parece que en los próximos días estaremos viviendo anticipadamente lo que nos depara el 2004 en el ámbito político, o el MAS es más o es menos, por lo menos la historia cuenta que quienes abrieron dos frentes de batalla perdieron sus guerras. La gran pregunta, que deberíamos hacernos, es si la guerra del Evo no es más que una guerra que ni siquiera es nuestra y tiene más que ver con la intención no develada de dos bloques económicos por marcar el territorio donde el Euro o el Dólar marquen su dominio, en un ambiente –como el Latinoamericano- que se muestra como excelente caldo de cultivo para una reconfiguración geopolítica y económica del mundo. Es necesario que nuestra clase política entienda que tenemos dos posiciones y un país en medio. Que la solución a nuestros problemas, ya no es solo un problema de Bolivia y que si fuéramos un poquito más atrevidos alzaríamos nuestra voz en forma conjunta contra este modelo que ha demostrado que “el desarrollo” solo ha servido para marcar más la diferencia entre los países que concentran las riquezas y los países pobres. Y que el problema de la coca no es un problema en si, el problema pasa por generar mejores condiciones de vida para los marginados y eso no se resuelve con una intervención armada ni con un bloqueo.

A muchos no nos sorprendió la renuncia de Gonzalo Terceros Rojas a la Alcaldía de Cochabamba, debido a que parecía inminente su censura o renuncia anticipada. Son innumerables los “asuntos” que fueron poniendo al descubierto la falta de conducción adecuada de la Honorable Municipalidad de Cochabamba. La historia de esta crónica puede comenzar en cualquier momento, pero para fines prácticos nos situaremos en junio del 2001 cuando los problemas comenzaron por la caída de árboles en las Av. Beijing y Juan de la Rosa; después fue el robo de las computadoras de la Contraloría que contenían información auditada; el descontrol total de los lenocinios y chicherias; los problemas con el transporte público asociado y libre; el relleno de K’ara K’ara; el pago de cuarenta mil dólares diarios para amortizar las deudas; el juicio contra ECM Ingeniería Prosertec, consorcio que administró el Servicio de Estacionamiento Cochabamba (SEC) durante cuatro años hasta el año 2000; el descontrol de los comerciantes en los mercados y en las calles de la ciudad; las denuncias de los malos manejos en la Unidad de Gestión Social; el intento de demolición de los frontones de la Escuela de Sargentos; el pago anticipado al Banco de Crédito por el inmueble de la plaza principal; los gastos de publicidad de más de doscientos mil dólares anuales; las denuncias de nepotismo; la baja ejecución físico-financiera (35%) del Programa Operativo Anual, debido, según se decía, a la falta de recursos originados por la crisis económica del país o por la pesada deuda que “heredo” su gestión y que no supo administrar correctamente; y otros asuntos menores. Pero a diferencia del discurso de despedida, que atribuye su salida a una mezcla de “ambiciones personales y políticas” que amenazan con reeditar una crisis municipal como la del ‘92, creo que la crónica de los hechos muestra que en realidad Gonzalo Terceros Rojas perdió una batalla en un campo diferente, y fue la falta de capacidad de gestión ejecutiva que tuvo a lo largo de su paso por la conducción de la comuna cochabambina, así como su incapacidad de generar consensos al interior de su partido (NFR) que en realidad era su respaldo político a su cargo. Lo que es cierto, es que Gobiernos Municipales como el de La Paz que también sufren de los mismos males (falta de recursos, abultada deuda, nepotismo, corrupción, etc.) y más aún, con un Concejo Municipal donde el partido del Alcalde no tiene mayoría, han sabido sortear mejor que el Alcalde Terceros su suerte y se sostienen previendo darle continuidad a una administración municipal, que para la mayoría de los burgomaestres del país ha resultado ser una trituradora de políticos. Lamentablemente una vez más, el fantasma del voto “constructivo” de censura –del cual hablamos en Los Tiempos el 27 de diciembre pasado- atenta nuevamente contra el desarrollo del municipio con una visión de largo plazo, ocasionando inestabilidad en los gobiernos municipales, perdiendo como siempre los ciudadanos, en este caso, los cochabambinos. Además, el excesivo paquete de ofertas electorales, genera expectativas que a la hora de la verdad no puedan ser cumplidas; sumado al desconocimiento del manejo de la administración pública de los ciudadanos electos y de las restricciones de recursos económicos y humanos que tienen las Alcaldías de todo el país, hacen de caja de resonancia y quienes a tiempo no saben o no pueden prever sus efectos, terminan siendo una crónica de una renuncia anunciada.

El Voto “Constructivo” de Censura (VCC) es el procedimiento mediante el cual el Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200 de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido, como medida de excepción, cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en este. ¿Cuando el Concejo Municipal pierde la confianza en el Alcalde?. La lógica diría que es cuando el Alcalde realiza malos manejos. Entonces no seria lógico que el Alcalde y/o sus funcionarios respondan por estos malos manejos de acuerdo con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se puede abrir contra este, y de esta manera evitar que el VCC sea la “espada de Damocles” de los Alcaldes, reduciendo la gestión municipal a un año, generado que la visión y los objetivos de los Alcaldes de turno sean de corto plazo, obligándolos en muchos casos a trasformar sus Planes de Desarrollo Municipal (quinquenales) en Planes de Desarrollo Urbano aún en municipios eminentemente rurales, perdiendo la perspectiva del desarrollo económico sostenible, atentando contra la ya frágil capacidad de gestión, generando inestabilidad laborar –además de la alta rotación de personal per se- provocando de esta manera que los esfuerzos de capacitación de los funcionarios, ya sea a través de procesos formales, de asistencia técnica y de elaboración de documentos técnicos operativos y/o implementación de sistemas administrativos, continuamente estén cayendo en sacos rotos. Además, los Concejos Municipales y otras instituciones de Control Social, han usado este instrumento para desestabilizar los Gobiernos Municipales o para negociar espacios de poder, más que para garantizar la eficiencia y transparencia del uso de los recursos municipales. Inclusive convirtiendo los mecanismos de planificación participativa en instrumentos de intercambio, donde lo que se negocia no es el futuro del municipio sino la permanencia del Alcalde v.s. prebendas. Quizás el principio con el que se concebio el VCC fue bueno; no se tiene porque soportar a un Alcalde malo durante cinco años, pero su aplicación en la práctica ha reducido el manejo del Gobierno Municipal a una dictadura de tres personas (en la mayoría de los gobiernos municipales solo se tiene 5 concejales), a través de la famosa democracia representativa. Durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero el fantasma del VCC cobra una fuerza inusual en el ámbito político de los Gobiernos Municipales. Esto no significa que durante todo el año vivamos constantemente anuncios de cambios de Alcaldes en los diferentes gobiernos municipales de nuestro país. Pero en especial este proceso cobra una importancia inusual a los años precedentes ya que el artículo 51 inciso 9 de la Ley 2028 de Municipalidades establece que durante el quinto año de gestión municipal dicho procedimiento no podrá ser aplicado, lo que implica que los Alcaldes en ejercicio el 6 de febrero del 2003 continuaran siendo Alcaldes durante dos años más, salvo casos de fuerza mayor, por esto, es que no nos extrañe que en los siguientes días estemos frente a una reconfiguración del mapa político de los Gobiernos Municipales La carrera por las elecciones municipales del 2004 ya se ha lanzado. Si así es, esta recomposición de los gobiernos municipales, obedece circunstancialmente a nuevos “pactos democráticos” que encontraran en mejor posición a los partidos políticos que estén en el ejercicio del poder durante las elecciones municipales venideras. Por esto es importante plantear una reforma a los artículos 200 y 201 de la Constitución Política del Estado y los artículos 50 y 51 de la Ley 2028 de Municipalidades, ya sea implementando el Referéndum como una manera de validar dicho proceso o modificando la elección de los Acaldes y Concejales, para que cada quien ocupe el lugar para el cual fue elegido. Esto permitirá darle mayor gobernabilidad a los municipios y transformar la visión cortoplazista, en una visión que desarrolle la vocación productiva del municipio. Parece que el Voto “Constructivo” de Censura es necesario censurarlo y no es tan constructivo, por lo que es importante que cada uno de los actores en sus diferentes ámbitos contribuyan a que el proceso de descentralización de nuestro país, sea un proceso que coadyuve al desarrollo nacional a partir del desarrollo local, pero para eso necesitamos que cada quien haga su parte.

Durante la campaña electoral pasada, duras fueron las peleas de quienes se adjudicaban la paternidad de la idea de la Asamblea Constituyente. Comenzando por quien días atrás la vuelve a mencionar como si todavía estuviera en campaña, atribuyéndose ser el primero en proponerla, aunque a la fecha no se sabe claramente para qué, ni cómo, ni porque. Pasando por quien la usó como su único eje de discurso, que en un principio lo llevó a estar peleando los primeros lugares de las encuestas, pero ya vimos que por boca propia se cayó, seguramente para comprobar el mismo que el país no lo merece. Y terminando en los intentos desesperados de montarse al caballo de la idea que parecía concentrar las demandas de participación de la población a la clase política. Pero parece que al pasar el tiempo, el gobierno actual ha tenido la habilidad de desviar el interés del tema –será porque además el principal partido de gobierno no creía en este reclamo popular- con una estrategia que a propios y ha extraños nos ha sorprendido desconociendo al ex Ministro de Gobierno y actual Ministro de la Presidencia, en una posición de conciliación irreconocible. No solo han logrado que nos olvidemos del asunto, sino que además están logrando convertir a Evo Morales otra vez en el dirigente sindical de los cocaleros que solo representa a este sector y que no representa a una sociedad cansada de lo mismo y que votó por el, con la esperanza de que el podría representar a la grandes mayorías con el eslogan de “somos MAS”. También ha logrado, a través de un “fast track”, que el Mallku deje sus posiciones intransigentes y pase de ser un irreverente a un parlamentario muy educado. Si bien algunos ciudadanos comunes, no creíamos que la Asamblea Constituyente por si misma resolvería las grandes diferencias que existe en nuestro país, también creíamos necesario su conformación como un pacto social entre todos los bolivianos, que fuera incluyente y no excluyente, que reconociera la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. E intencionalmente no digo un nuevo pacto, porque nunca ha existido un pacto real entre todos los habitantes de nuestro rico país. Inclusive hubimos algunos que trabajamos en encontrarle una salida constitucional a la Asamblea Constituyente que evitará que la “mañudería” política nos privara de esta oportunidad. Una de las grandes contribuciones que tuvo la Ley 2235 del Diálogo Nacional –aunque no creo que haya sido intencional- fue que en su artículo 33 previó (…sig) “El Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia y conforme a las atribuciones y facultades establecidas por las disposiciones legales vigentes, al menos una vez cada tres (3) años , convocará a las organizaciones naturales de la Sociedad Civil al Diálogo Nacional, a los efectos de promover la concertación de políticas públicas destinadas al desarrollo económico, social e institucional del país e informar sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de largo plazo”. Seguro que algunos jurisconsultos podrían desterrar esta “salida constitucional” pero en todo caso la voluntad política será quien determine su factibilidad o no. Aún a pesar de que las nuevas constituciones promulgadas por otros países hermanos no han sido la respuesta a sus innumerables problemas, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de reconstituir nuestra Carta Magna, que fue elaborada para y por los que detentan el poder, solo para garantizar el círculo vicioso de quien más tiene, más y mejores oportunidades tiene. Será que la Asamblea Constituyente era un eslogan de campaña o es una necesidad real de participación ciudadana en la construcción de nuestro país?

Quienes nos denominamos de corte municipalista, celebramos la creación del Ministerio de Desarrollo Municipal, con la firme convicción que al fin la clase política había entendido la importancia de un proceso de descentralización truncado que exigía la creación de una instancia de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales, ya que las prefecturas habían fracasado en su papel de nexo regional de coordinación entre ambos niveles de gobierno. Las primeras palabras del ministro Paredes auguraban también que se había entendido que los Fondos de Inversión tenían que dejar de ser instrumentos políticos y debían de servir a los gobiernos Mmnicipales como una Banca de Inversión -la cual no tenemos por cierto en Bolivia- para concentrar los recursos en la planificación participativa como la verdadera expresión de la democracia participativa. Pero a pesar del discurso lo cierto es que los fondos siguen siendo dependientes del Ministerio de la Presidencia (brazo político del Gobierno Central) inclusive desconociendo un proceso de institucionalización que se había llevado en la gestión de gobierno pasada. Son innumerables las tareas pendientes del proceso de transferencia de recursos y de competencias del Gobierno Central a los gobiernos municipales que han quedado inconclusos en el modelo de descentralización boliviano. Comenzando con la difícil tarea de unificar a la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) -que agrupa a una treintena de municipalidades; entre las que destacan los de la principales ciudades del país- y a la Federación de Asociaciones de Municipalidades de Bolivia (FAM); apoyada técnica y financieramente por organismos de cooperación internacional, buscando romper la lógica del sindicalismo oportunista a una de asociativismo institucional. Pasando por reformular la fracasada Política Nacional de Compensación (PNC), que una vez más ha demostrado que centralizar los recursos, congestiona las decisiones y evita incrementar la inversión pública que tanta falta nos hace. Y que de “yapa” no solo castiga a los que mayor cantidad de esfuerzos hacen por luchar contra la pobreza -posiblemente la lógica de que los pobres necesitan más recursos para ser menos pobres no sea la más adecuada hipótesis- sino que además inhibe la capacidad de gestión de los gobiernos municipales para conseguir recursos de la cooperación internacional pues castiga su “techo indicativo presupuestario”; dicho en cristiano, la cantidad de recursos que consiguen de la cooperación internacional es descontada de los recursos que les tocaría a través de la PNC. Además de los problemas de Ordenamiento Territorial, que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo y seguro se olvidarán debido a que el ente rector de esta área ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. O el Programa de Ajuste Estructural llamado Plan de Readecuación Financiera (PRF), que ha estrangulado mucho más a las ya altamente endeudadas municipalidades, disminuyendo su capacidad de inversión, pues sus reducidos ingresos debido a la recesión en la cual nos encontramos los tienen que destinar al Fondo de Garantía del PRF para el pago del servicio de la deuda. Y terminando en el fracaso de la descentralización y la transferencia de la administración de educación y salud a los gobiernos municipales, con lo cual no sólo perdimos todos, porque con la cortina de humo de la “privatización” de estos servicios quienes nos gobiernan cedieron a las presiones de los sindicatos que vieron peligrar sus lógicas centralistas de poder, negando la oportunidad al ciudadano común de exigir más y mejores servicios educativos y de salud. También perdieron los gobiernos municipales porque de los recursos del HIPC -que de acuerdo a las conclusiones del Diálogo 2000 debían ser administrados en su integridad por los gobiernos municipales- el Gobierno central administra 27 millones de dólares (25 por ciento más o menos) en el Fondo Solidario Municipal para la Educación y la Salud Pública. Seguro que la fragilidad de mi memoria deja varios asuntos pendientes en el tintero, tendremos que estar condenados por un tiempo más a que la solución a nuestros problemas cotidianos, sean decididos por burócratas sentados en los escritorios de los ministerios del ramo, sin posibilidad de la participación de la ciudadanía. A menos… a menos que exista una real voluntad política que a la fecha no hemos visto transcurridos los 90 días que pidió el nuevo gobierno de plazo.

Cuando se realizo el Dialogo Nacional, la discusión se centro en como se debía redistribuir los recursos provenientes del alivio de la deuda (HIPC), olvidándose que Bolivia además recibía recursos proveniente de Donaciones y/o Créditos Concesionales, los cuales tendrían que ser canalizados a la Inversión Pública a través de algún mecanismo. Dicho mecanismo fue establecido en la Ley del Dialogo en lo que se denomino la Política Nacional de Compensación. La idea original era recentralizar los recursos provenientes de la ayuda oficial y la cooperación internacional. Para esto se redefinió el rol de los Fondos de Inversión manteniendo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como brazo crediticio y creando al Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) para administrar los fondos de transferencia no reembolsables. Se asigno recursos a los municipios tomando en cuenta la misma formula que se usa para la distribución de los recurso HIPC. Se comunico que los Gobiernos Municipales recibirían un 85% más de los recursos de Coparticipación Tributaria, entre los recursos HIPC más las asignaciones del FPS. En Cochabamba los Gobiernos Municipales recibirán –nominalmente- 31 millones de dólares de Coparticipación Tributaria, casi 11 millones de dólares de los recursos HIPC (7.3 para infraestructura productiva y social, 2.3 para educación y 1.3 para salud) y alrededor de 15 millones de dólares en asignaciones del FPS. Estas asignaciones obliga a los Gobiernos Municipales en promedio a comprometer 3.4 millones de dólares de sus recursos en contrapartes. A la fecha el FPS ha anunciado con gran pompa y sonaja que Cochabamba ya tiene proyectos aprobados por 4 millones de dólares y que próximamente serán licitados. Para quienes conocen de procesos administrativos esto equivale a decir que por ahí de Octubre si tenemos suerte se comenzaran a ejecutar dichos proyectos, lo cual equivale a decir que en el mejor de los casos se ejecutará el 20% del anticipo, o sea, 800 mil dólares americanos. Es decir tendremos en Cochabamba para fines prácticos 17.6 millones de dólares de inversión pública congelados, de los cuales aproximadamente los casi 3 millones de dólares de la contraparte municipal se encuentra congelada desde principios de la gestión, por lo que me pregunto no será que ha fracasado la Política Nacional de Compensación?