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Quienes son defensores de la producción de hoja de coca, han basado su defensa en que es una hoja milenaria y que hace a los usos y costumbres de los pueblos indígena y originarios, y que su uso y consumo se debe fundamentalmente a practicas inofensivas para la salud. A pesar de haber masticado (pijchado) la hoja de coca, no le encuentro ningún sentido en preservar esta costumbre. Mucho mas si está se convierte en el principal insumo para la fabricación de cocaína, droga que no solo nos estigmatiza como país, sino que además provoca un circulo vicioso que alimenta la violencia, destruye a las personas, a las familias y la sociedad en su conjunto, y genera riquezas de un día para otro, desvalorizando la educación, el esfuerzo y los emprendimientos lícitos. La cadena productiva de la cocaína se vio incentivada con la llegada del principal dirigente de productores de hoja de coca al gobierno. Si usted fuera productor de jugo de naranja y se anoticiaría que en un x país, el principal dirigente de los productores de naranja se ha convertido en Presidente, estoy seguro que no dudaría ni un minuto en llevar su fabrica, y todos sus recursos a ese país. Varias han sido las últimas publicaciones que han relacionado a nuestro país con el incremento sustancial de producción de cocaína, la presencia de carteles del narcotráfico mexicanos, colombianos y brasileros y la participación de altos funcionarios de gobierno en este negocio. En enero del 2012, un artículo en una publicación especial en The Wall Street Journal titulado “Cocaine: The New Front Lines” establecía que el incremento en la produccion de coca en relación al año 2000 había sido del 112%, señalando además que el mayor reto de Bolivia era la creciente presencia de los carteles internacionales de México, Colombia y Brasil. En junio, otro artículo de la revista Foreign Policy titulado “The Bolivarian Legacy” establece que la persecución política sobre el Senador Roger Pinto, lo llevo a pedir asilo a la Embajada del Brasil por las denuncias que realizo sobre los vínculos de los funcionarios de gobierno con el narcotráfico, en especial la del Gral. Sanabria ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y jefe del Centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, hoy convicto en Estados Unidos por el trafico de 144 kilos de cocaína. Después, la revista brasileña Veja publico un artículo titulado “A república da cocaína” donde -según un informe policial- se revela el encuentro de un narcotraficante brasilero con el número dos del gobierno, el actual Ministro de la Presidencia Juan Ramon Quintana y la ex candidata a la Gobernacion del Beni, Jessica Jordán. El mismo mes -julio- otra publicación en un diario mexicano titulaba “Bolivia, otro abastecedor de carteles mexicanos“, estableciendo la presencia de los carteles mexicanos operando en nuestro país, y mencionando que se había sugerido al gobierno de “Bolivia mejorar su ambiente legal y regulatorio, así como sus esfuerzos del sector judicial para combatir la producción y tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción, así como otros crímenes trasnacionales y llevar así a las organizaciones criminales ante la ley.” El informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, oficializó al Perú como primer productor de cocaína, por delante de Bolivia y Colombia. Los resultados indicaron que Perú produjo 325 toneladas métricas, mientras que Bolivia bordeó las 295 TM y Colombia 195 TM. Finalmente, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) acaba de presentar un informe en el que “el cultivo de hoja de coca en Bolivia se redujo un 12%, de 31.000 has. el 2010 a alrededor de 27.200 el año pasado, pero advirtió que el precio de la hoja creció más de un 30% en el mercado legal y un 16% en el clandestino, lo que hace que su cultivo sea más atractivo”. Este informe omite el incremento en la productividad (Tn/Ha) y la producción de coca transgénica que ha duplicado el número de cosechas al año (de 4 a 8); con el uso de químicos las hojas que tardaban 100 días ahora están para listas para la cosecha en 45. Es difícil tapar el sol con un dedo, cuando toda la información nos sindica como el paraíso de la cocaína y que siguen los ratones cuidando el queso.

A seis años de haber sido elegido Constituyente por el Departamento de Cochabamba, Gamal Serhan Jaldin dijo que se había completado la triada, habiendo trabajado en el Proyecto de Constitución de PODEMOS, en el Proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento de Cochabamba y ahora con el Proyecto de Carta Orgánica del Municipio de Cochabamba (Cercado). Todas fueron presentadas como una Propuesta para el Debate, debate que todos sabemos hasta el día de hoy no se ha realizado debido a la incapacidad de los miembros del Movimiento al Socialismo. Proyecto de Carta Orgánica del Municipio de Cochabamba (versión final) View more documents from Gamal Serhan Jaldin

No podía quedar indiferente ante la difícil situación que atraviesa un extraordinario ser humano, que además de tener el privilegio de ser su amigo. Si, me refiero a Roger “Chonta” Pinto Molina; Senador de la República, que hace días atrás tuvo que pedir asilo político en la Embajada del Brasil en la ciudad de La Paz. Chonta es un pandino, casado con tres hijas, abogado de profesión, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista que ha desarrollado su actividad política desde hace 20 años y actualmente es Jefe de la Bancada de Oposición del Senado. Cumpliendo su rol de fiscalización ha realizado una serie de denuncias sobre muchos hechos irregulares, corrupción y vínculos con el narcotráfico de funcionarios del actual gobierno. Entre las muchas denuncias, resaltan las reuniones de funcionarios de gobierno para el control del órgano judicial y los procesos de investigación sobre el Porvenir, trafico de influencias de la Ministra Suxo para favorecer a sus familiares, tortura y ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, vinculo de altas autoridades del gobierno -entre los que destaca el Gral. René Sanabria Oropeza- con carteles de narcotráfico, corrupción del Gobernador de Pando Luis Flores Roberts, corrupción del Fiscal a.i. de Distrito de Pando Vladimir Lazcano actualmente prófugo. Esto le ha valido que le inicien más de 20 procesos judiciales a lo largo y ancho del territorio nacional, teniendo que asistir a las oficinas del Ministerio Público y del Órgano Judicial en Cobija, La Paz, Sucre y Santa Cruz, además de cumplir con sus obligaciones inherentes a su cargo de Senador. Como prueba mayor que los procesos obedecen a una persecución política, el gobierno del Brasil ha decidido otorgarle el asilo político solicitado, asilo que a la fecha no ha podido ser efectivo ya que el gobierno del Movimiento al Socialismo no le ha otorgado el salvoconducto para que este pueda ser trasladado al país vecino. Esto, es una evidencia más que los derechos humanos en nuestro país, son vulnerados una y otra vez, en especial para quienes hemos manifestado abiertamente nuestra oposición a este régimen autoritario que ha logrado concentrar en su poder a todos los órganos públicos y someterlos a la voluntad política de su jefe y el partido en gestión. ¿Cuando y como se re-establecerá el Estado de Derecho en Bolivia? La respuesta es muy obvia, esto solo será posible cuando el actual partido en funciones de gobierno deje el poder. La pregunta difícil es ¿como se enfrenta a estos atropellos? mientras mantengan el control total sobre todos los órganos del poder publico, y en especial al ministerio publico (supuestamente encargado de defender a la sociedad) y la presión sobre el órgano judicial (supuestamente administrador de justicia). No existe un límite, para a través de la guillotina jacobina se ejerza presión y persecución sobre los que pensamos diferente a un régimen que vulnera constantemente la Constitución Política del Estado y todos los tratados sobre Derechos Humanos. Por eso mi mayor respeto, respaldo y admiración a l@s hombres y mujeres que como Chonta Pinto, han aguantado y enfrentado con toda la fuerza de sus ideas, valores y principios a un régimen que pronto tendrá que rendir cuentas y estar en el banquillo de los acusados.

A partir de la emisión del Decreto Supremo 1126 que restablecía en el Sistema Nacional de Salud Público y la Seguridad Social de Corto Plazo -raro que no lo hayan cambiado a Plurinacional- dependiente del Estado, la jornada laboral a tiempo completo de ocho (8) horas y la jornada laboral de medio tiempo de cuatro (4) horas diarias, muchos de los bolivianos recién le prestamos atención a los problemas que tiene este sector. Bastas son las experiencias amargas de la deficiente atención del sector de la salud pública en nuestro país, principalmente por problemas estructurales de un viejo Estado centralista que pelea por subsistir ante la emergencia de un Estado Autonómico que no goza de la simpatía del partido oficialista y de los principales gremios de trabajadores de salud y educación. Como nos tiene acostumbrado el Movimiento al Socialismo, dicto este Decreto Supremo violando la nueva Constitución que en su artículo 46 parágrafo III establece que “Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución“, además el articulo 49 parágrafo II dice que “La ley regulará… (la) jornada laboral…“. La salud boliviana no goza de buena salud, debido entre otras cosas, a que es un monstruo de tres cabezas donde la responsabilidad se diluye en el nivel central, los flamantes gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Uno es responsable de manejo de los ítems (contratación de personal), otro a través de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) son los responsables de la administración del personal y finalmente los últimos son responsables de la dotación de infraestructura e insumos para su funcionamiento. Por lo que es casi misión imposible garantizar la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones. De ahí, ante la imposibilidad del gobierno central de atender la demanda de nuevos ítems, que deciden ampliar su jornada laboral a tiempo completo ocho (8) horas asumiendo que esto resolvería los problemas del sector. La reglamentación a dicho decreto incorporo la prohibición para la docencia asistencial, lo que sumo a otro sector; los estudiantes de las ciencias de salud, al conflicto. Los profesionales amenazaron con dejar la docencia en las universidades públicas, porque además la Ley Financial estable como límite máximo a la remuneración de un funcionario público el sueldo del Presidente, por lo que se esta produciendo una fuga de cerebros hacia las universidades privadas, incorporando de esta manera a otro sector más en el conflicto. Lo irónico, es que mientras países donde efectivamente lideran partidos socialista avanzan con normas que disminuyen la cantidad de horas de los trabajadores como conquistas sociales, el gobierno que disque es del Movimiento al Socialismo se ha convertido en el principal verdugo de clase obrera, supuesta vanguardia de cualquier revolución. Durante mas de 45 días es país fue testigo, al principio con escepticismo y luego con solidaridad, de las protestas de este sector que finalmente cedió a la posición intransigente del gobierno de no abrogar dicho Decreto Supremo, con la promesa de la suspensión -figura jurídica inexistente- de dicha norma y la realización de una cumbre más o será del MAS, para discutir la vigencia o nó de la norma en cuestión y la problemática del sector. Solo queda esperar que estudiantes, trabajadores y profesionales del sector salud conviertan su rebelión en una revolución que ponga el dedo en la llaga y resuelvan los problemas estructurales. Caso contrario, la rebelión de los mandiles blancos pasaran a la larga historia de movimientos sociales que no tuvieron ninguna trascendencia, perdiendo el país la oportunidad de resolver un problema que es de todos.

Gamal Serhan presentó un proyecto de Ley Municipal en el que se propone la disposición de 10 millones de bolivianos provenientes de los impuestos para dar un bono anual de Bs 40 a 250 mil niñas de entre 6 y 13 años de edad e incentivarlas a que no abandonen los estudios. Proyecto de Ley Municipal “Heroínas de la Coronilla” View more documents from Gamal Serhan Jaldin

Después de dos años de la “nacionalización”, se presenta un Informe Especial sobre la expropiación del paquete accionario de COMTECO Ltda. en ELFEC SA” Informe Especial – La injusta expropiación de las acciones cochabambinas en ELFEC SA View more documents from Gamal Serhan Jaldin En este informe encontrarán los antecedentes; la evolución de la propiedad de las acciones de ELFEC y la estrategía de diversificación de COMTECO Ltda., el proceso de compra de las acciones de COMTECO Ltda. en ELFEC S.A.; la valoración de la inversión, el contrato de compra y venta y el benficio contable al momento de las compra, los resultados obtenidos durante la administración de COMTECO Ltda., la intervención estatal; el proceso de negociación, la posición de los Consejos de Administración y Vigilancia, y finalmente las conclusiones.

Me hubiese gustado utilizar el título de este artículo para describir que el país anda muy bien, pero lamentablemente lo tengo que usar para hablar de todas las marchas que reclaman mejores días para cada uno de los diferentes sectores en conflicto con el gobierno central. Uno de los principales problemas de gobiernos populistas con tintes fascistoides, es que les vende al común de la gente la ilusión de la tierra prometida, cual si fueran profetas muy cercanos a ser Dioses. La diferencia, es que en algún momento sus propias promesas comienzas a cobrarles la factura, porque muchas veces han confundido la paciencia y el silencio de la gente con estupidez. El pueblo boliviano; en su mayoría, queríamos un cambio en la forma de conducción del país. El problema es que muy pocos nos pusimos a discutir la dirección del cambio, y muchos fueron encantados por los cantos de sirena del “proceso de cambio” que muy hábilmente vendió el Movimiento al Socialismo, capturando la confianza y el voto de millones de habitantes cansado del abuso de poder de ciertos círculos que se conformaron en torno al poder político y económico del país. Lo cierto es que hoy sectores que se reclamaban parte del “proceso de cambio”, ven con frustración que han sido engañados y han decidido utilizar todos los recursos a su alcance para hacer escuchar su voz de protesta por el maltrato de medidas de gobierno que afectan en especial sus bolsillos. “Hemos dado cátedra en economía, no sólo al país, sino a todo el continente” decía el Vicepresidente fanfarroneando sobre la nacionalización, que como vimos en días pasados fue una farsa que solo heredo los beneficios de la Ley 3058 de Hidrocarburos aprobada por Hormando Vaca Diaz (Q.E.P.D.) y el incremento del 100% en los precios del petróleo. La pregunta natural de la población es; si somos tan ricos como dicen los millonarios spots televisivos y cuñas radiales, ¿Por qué los asalariados no pueden tener un incremento salarial acorde a la subida de la canasta familiar? ¿Por qué el gobierno se empeña en que los médicos trabajen 8 horas, sin poder incorporarlos a la Ley General del Trabajo que garantice la vigencia de sus derechos laborales? ¿Por qué los maestros urbanos son tratados con discriminación respecto a los maestros rurales? ¿Donde queda esa danza de miles de millones de dólares de la cual habla cada miembro del gobierno en cada acto de campaña en la cual se encuentra el Movimiento al Socialismo desde hace 6 años? Siguen los anuncios, siguen las promesas y el país pide resultados. Lamentablemente los únicos resultados que veremos cuando los inquilinos circunstanciales de Palacio Quemado abandonen sus aposentos, será la gran telaraña de corrupción y compadrerio que han tejido los cocaleros y algunos colonizadores, parte de la nueva oligarquía gobernante. Ahora solo vemos a Bolivia en marcha demandando mejores días para los trabajadores de los diferentes sectores y de los pueblos indígenas, pidiendo que los gobernantes cumplan sus promesas de su permanente campaña y la nueva Constitución.

Desde que Evo Morales comenzó con sus procesos de nacionalización, el pueblo boliviano ha sido sistemáticamente engañado respecto a quienes fuimos victimas de confiscación de los derechos de propiedad sobre las “famosas” empresas transnacionales. Comenzamos esta historia de burlas con la tan mentada nacionalización de los hidrocarburos a través de la emisión del DS 28701 del 1 de mayo de 2006 que en su artículo 6 inciso I se estableció que “se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S. A., Andina S. A. y Transredes S. A.” En Chaco y Andina, los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995 teníamos alrededor del 48% de las acciones y el 34% en Transredes, tuteladas por las dos administradoras de fondos de pensiones que operaban en el país. En buen romance el Estado boliviano nos quito sin que medie Ley e indemnización justa a los bolivianos nuestras acciones en las empresas hidrocarburiferas a titulo de nacionalización. Mientras que llego a jugosos acuerdos para pagar sus acciones a las empresas transnacionales, que según el cálculo de Francesco Zaratti; en un estudio que forma parte del libro Nacionalización, le costó al país cerca de 3.900 millones de dólares (solo de este sector). El 23 de abril de 2007, mediante DS 29101, dispuso “la transferencia en favor del Estado boliviano, a título gratuito, de las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en ENTEL S.A., administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones”, confiscando nuevamente la participación accionaria de los bolivianos. El 1 de mayo de 2008, el gobierno emite el DS 29544 que establece la nacionalización del paquete accionario que tiene la empresa Euro Telecom International NV (ETI) en la empresa Entel S.A., acordando tiempo después un pago de pagó 100 millones de dólares a ETI, cerrando todo arbitraje y conflictos legales, según informo el propio Gobierno. El 1 de mayo del 2010 fue el turno de las empresas del sector eléctrico. El DS 0493 estableció la nacionalización de la Empresa Guarachi S.A. (EGSA), Corani S.A. y Valle Hermoso S.A. y el DS 0494 estableció la nacionalización de ELFEC S.A., estableciendo en ambos casos un plazo de 120 días para que se determine el costo que ENDE pagará por cada una. En octubre del 2011 el Gobierno llegó a un acuerdo con los accionistas de GDF Suez de Francia pagando 18,4 millones de dólares como indemnización por la nacionalización del 50% de sus acciones en la Empresa Eléctrica Corani S.A. La transnacional británica Rurelec PLC, que controla el 50% del paquete accionario de EGSA, notificó el inicio de un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano en diciembre de 2010, exigiendo una compensación de más de 70 millones de dólares. PPL Corporation poseía a través de su subsidiaria PPL Bolivia Holding Company el 92.12% del paquete accionario de ELFEC S.A. e Integra S.A. En Julio de 2007, PPL Corporation anunció la venta total de sus acciones en PPL Bolivia Holding Company a un grupo de inversores entre los cuales se encontraban ejecutivos y trabajadores de la misma empresa, convirtiéndola en 100% nacional. Estos, mediante asamblea extraordinaria de socios, decidieron cambiar la razón social a Luz del Valle S.A., quedando conformada la nueva sociedad por SOELBO S.A. (60%) y los trabajadores de ELFEC e Integra (40%). En fecha 09 de abril del año 2008, COMTECO adquiere de SOELBO S.A. el 56.66% del paquete accionario en la empresa Luz del Valle S.A., que equivalió a adquirir y controlar el 52.2% de las acciones de ELFEC S.A e Integra S.A. La referida adquisición, demandó una inversión de 17,1 millones de dólares, que de acuerdo a la última valoración realizada en octubre de 2009 era cercano a los 24 millones de dólares. El Gobierno estableció mediante el DS 1178 transferir la titularidad de las acciones pertenecientes a Luz del Valle S.A. a favor de ENDE, expropiando de esta manera las acciones de COMTECO y los trabajadores de ELFEC e Integra, violando lo dispuesto en el Código de Comercio y la propia Constitución Política del Estado. El artículo 57 de la Constitución Política del Estado establece que “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa.” Pregunto ¿hasta cuando los bolivianos estaremos sujetos al abuso del Estado y del partido de gobierno? ¿hasta cuando nos quitaran lo que nos pertenece? ¿hasta cuando nuestros gobernantes no cumplirán la Ley? ¿hasta cuando nos podrán nacionalizar lo nacional?

Desde que Evo Morales asumió la primera magistratura del país, varios fueron los reclamos de muchos que creíamos que debía renunciar a la Presidencia de las 6 Federación de Productores de Hoja de Coca del Chapare. Pero ninguna de estas peticiones fueron escuchadas por el. El argumento es sencillo, para poder gobernar a favor de todos los bolivianos tenía que dejar de ser Presidente de solo un sector. El último informe de monitoreo de cocales de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bolivia reporto que existen 31,000 hectáreas de coca, 19,000 hectáreas más de lo permitido por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y de Sustancias Controladas. Es claro que este incremento de la producción de hoja de coca, se debe a la protección que el gobierno nacional ha desarrollado sobre los productores de coca, en especial, los del Trópico del Chapare, base fundamental del Movimiento al Socialismo. El mismo informe revelo que el 93,53% de la coca que se produce por las 6 Federaciones de las cuales es Presidente Morales no se comercializa por el mercado legal, es decir; se destina al narcotráfico. Esta claro que es imposible que dejar a los ratones cuidandoel queso, pero ¿que se hace cuando el Presidente del país, es el Presidente de los ratones? La guerra por el TIPNIS, tiene un ingrediente especial por el cual Morales ha decidido meter toda la carne al asador para “si o si” construir la carretera que atraviesa el corazón de este territorio. Los cocaleros del chapare han agotado sus tierras y necesitan tierras vírgenes donde ampliar su frontera agrícola para dicho cometido, y parece que Evo les ofreció “la tierra prometida” a sus fieles, demostrando una vez más que no es Presidente de los bolivianos, sino simplemente del sector más duro de sus movimientos sociales que lo llevaron al gobierno. La aprobación de la Ley 180 de Protección (e intangibilidad) del TIPNIS, puso en jaque al Presidente de los Cocaleros, quien rápidamente borro con el codo lo que escribió con la mano aprobando la Ley 222 de Consulta Previa en el TIPNIS. La causa de la coca, no solo ha marcado la agenda política nacional, sino que además ha desplazado a la única política de Estado que ha tenido el país, la defensa de una salida soberana al mar Pacífico. El 1 de julio de 2011, Bolivia anunció su retiro de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU; conocida como Convención de Viena, medida que se haría efectiva el 1 de enero de 2012. Antes de que se cumpla ese plazo, el 31 de noviembre de 2011, el gobierno de Morales envío a la ONU una nota de adhesión y reserva, señalando que el requisito de la Convención que establece que “la masticación de hoja de coca debe ser abolida” es incompatible con lo establecido por el artículo 384 de la nueva Constitución. Ahora ha señalado que el 12 de marzo, viajará junto a un grupo de cocaleros a Viena, para defender el uso legal de la hoja de coca en este foro internacional. Evo no fue, no es y no será Presidente de los bolivianos, fue, es y seguirá siendo Presidente de los Cocaleros.

Si alguien pensó que la lucha por preservar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) había finalizado con la sanción y promulgación de la Ley No 180 de 24 de octubre de 2011, se equivoco. Bastaba ver la cara de Evo Morales en el acto de promulgación llevado a cabo en Palacio de Gobierno para saber que se venía la revancha contra aquellos que habían osado contravenir su voluntad suprema. “Quieran o no quieran vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión” sentencio Morales el 30 de junio de 2011. Y no tardaron las acciones para revertir la derrota infringida por los indígenas de tierras bajas. Primero, llamo fuertemente la atención del Gobernador y Alcalde de Cochabamba por no haber realizado ninguna acción en apoyo a la construcción de dicha carretera. A raíz de esto, Edmundo Novillo trato de articular un Comité Impulsor de la Carretera con la vergonzosa participación de algunos actores cochabambinos que como tontos útiles se prestaron a esta maniobra oficialista. Luego vino la organización de la contramarcha, movilizando a la base fundamental del Movimiento al Socialismo; los cocaleros del Trópico del Chapare y los colonizadores, quienes además tienen intereses económicos muy fuertes en la construcción de dicha carretera. El TIPNIS es un área protegida creada como Parque Nacional Isiboro Secure mediante DS 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarada Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas. Tenía originalmente una extensión de 1.236.296 has, y debido a la presión de colonizadores, el presidente Evo Morales entrego a los pueblos indígenas un título ejecutorial sobre el TIPNIS en el año 2009, reconociendo sólo 1.091.656 has. Estas cerca de 200.000 has están delimitadas por una línea roja donde se prohíbe nuevos asentamientos y es conocida como polígono 7, que ha sido deforestada por los colonizadores y utilizada para sembrar coca habiendo desaparecido 8 comunidades indígenas. La reciente Ley de Consulta promulgada desnuda lo que todos sabíamos, Evo le meterá no más, y contra viento y marea intentará consolidar la construcción de la carretera atravesando el TIPNIS para beneficiar a los colonizadores y cocaleros, y seguramente cumplir compromisos con algunas transnacionales hidrocarburiferas. Los indígenas aglutinados en la CIDOB ya han anunciado la IX Marcha en defensa de su territorio y sus derechos, lo que desata la posibilidad de un conflicto de escalas mayores. Hay que recordar que la Guerra del Gas, inicio con la demanda de la “nacionalización” de los hidrocarburos y término exigiendo la salida del ex Presidente Sanchez de Lozada. Son muchos los sectores urbanos y rurales que ya han manifestado su apoyo a la nueva marcha, y cuidado que la defensa de esta causa termine como catalizador del descontento social del país y se termine exigiendo la renuncia de Morales. Quienes creemos en los principios de la democracia, no podemos estar de acuerdo con una salida por el desastre. Pero esta claro que la tozudez de algunos gobernantes, terminan exacerbando los sentimientos del pueblo y es en éste el que en última instancia reside la soberanía, por lo que dice el refrán “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Son impredecibles las consecuencias de la escalada de este conflicto, pero lo único que queda claro es que una vez más Evo ha demostrado que solo gobierna para los fieles del MAS.

Cuando Evo Morales nos presento a Edmundo Novillo y Edwin Castellanos para ser candidatos; uno para la Gobernación y el otro para la Alcaldía, nos dijo que había elegido a los mejores hombres para gobernar Cochabamba. En el caso de Novillo, todos sabíamos que el ex Presidente la Cámara de Diputados en la primera gestión de Morales, era un hombre cercano al Presidente por lo que su candidatura no sorprendió a casi nadie. La sorpresa fue sin duda que un músico talentoso como Castellanos haya sido elegido para ser candidato en una de las plazas donde la disputa política seria dura para el Movimiento al Socialismo. Recuerdo todavía al mismo Evo haciendo campaña en un spot televisivo al pie de Cristo de la Concordia presentando a su diestra y a su siniestra a estos dos candidatos. A más de un año y medio los resultados han sido desastrosos en ambos casos. Cochabamba que debería ser la hija predilecta del Presidente Morales, ya que es su cuna política, no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido como nunca. La vara con la que sería medido Novillo de por si era alta, pues mas allá de los Prefectos interinos Rafael Puente y Jorge Ledezma -que estuvieron 20 meses- cuya gestión dejo mucho que desear, el Prefecto Manfred Reyes Villa había demostrado un dinamismo propio de él en sus gestiones como Alcalde del Cercado, intentando desde ahí construir su segunda candidatura presidencial. En cambio, para Castellanos la vara era pequeña. Todos coincidíamos que cualquiera que sustituyera al Alcalde Chaly Terceros lo haría mejor. Su gestión había sido tan ineficiente que era muy difícil superar dicha incompetencia. En ambos casos, tanto Novillo como Castellanos, han demostrado una total ineptitud no solo para gestionar más y mejores recursos para Cochabamba, sino para ejecutar los recursos con los que ambos cuentan por ley. En su primer año de gestión, ambos no superaron el 50% de ejecución presupuestaria, y no dudaron en justificar este desastre -en coro- echandole la culpa a la transición de gestión. No hay que olvidar que Novillo sustituía a Ledezma; ambos del Movimiento al Socialismo, y Castellanos sustituía a Terceros, socio del partido de gobierno no solo en el Gobierno Municipal, sino en cuanto proceso electoral sucedió durante el periodo comprendido entre el 2004-2010. Su segundo año de gestión ha concluido y los resultados siguen siendo los mismos. Ambos bordean el 50% de ejecución presupuestaria, y sin movérseles un pelo no han dudado en salir a celebrar el esfuerzo de sus equipos técnicos por semejante logro. Cochabamba, definitivamente no se merece este tipo de autoridades. En el desquite ya se aplazaron y tienen un año más para el re-desquite, pues en diciembre; cumplido la mitad de su periodo de mandato constitucional, se abre la posibilidad de impulsar el Referéndum Revocatorio de las autoridades electas por el voto ciudadano. Para hacer efectiva dicha iniciativa popular se deben cumplir las siguientes dos condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 026: “a) El número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria (casilla SÍ) es superior al número de votos válidos emitidos en contra (casilla NO); y b) El número y el porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria (casilla Sí) es superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad”. Habrá que considerar esta trampita, para decidir con rigor matemático que iniciativa impulsamos los estantes y habitantes Cochabambinos, yo apostare por la Revocatoria del Alcalde Castellanos. Lo cierto es que otra cosa es con guitarra ¿no Edwin?.

Finalmente, nada menos y nada más que el Presidente Morales suministro posesión a las máximas autoridades judiciales que fueron elegidas el año pasado, demostrando con este acto la absoluta sumisión del “nuevo” Órgano Judicial Plurinacional al Órgano Ejecutivo. El artículo 12 de la flamante Constitución Política del Estado establece que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado esta fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos Órganos”. En un país donde la Democracia y el Estado de Derecho no fueran simples enunciados, se respetarían estos principios. Todos en Bolivia sabemos que el Movimiento al Socialismo tiene el control total del Órgano Legislativo, por lo que haciendo uso de sus dos tercios ha designado a cuanta autoridad puede hacerlo desde ahí; incluidas las del Órgano Electoral, y ha aprobado –ya que ni siquiera para elaborar tiene iniciativa- cuanto proyecto de ley le ha mandado el Órgano Ejecutivo para consolidar así el monopolio del poder del Estado en las manos de Evo I, cual si fuera el Rey Luis XIV de Francia que dijo “El Estado soy yo”. Ya el 18 de febrero de 2010, a un mes de asumir por segunda vez la presidencia Morales designo por Decreto Supremo 432 a 18 magistrados titulares y suplentes en el Poder Judicial; cinco autoridades de la Corte Suprema de Justicia, diez (cinco titulares y cinco suplentes) del Tribunal Constitucional y tres del Consejo de la Judicatura, que ejercieron sus cargos hasta ahora. Si alguna virtud tuvo las elecciones judiciales 2011 fue que expusieron a los ojos de la población la toma del Órgano Judicial por parte del partido de gobierno y pintaron a las autoridades “electas” de azul. Ahora con la posesión de los magistrados pitufos, habrá consolidado dicho control sobre este Órgano y con él de la administración de justicia, función que ha sido instrumentalizada para utilizarla como guillotina jacobina. Los llamo magistrados pitufos –aunque podía bien haberlos llamado maSistrados- no solo porque están vestidos de azul (color que representa el partido de gobierno), sino en especial por el tamaño de su legitimidad electoral, que en el mejor de los casos proviene del voto del 5% para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 6% para el Tribunal Agroambiental y 9% para el Consejo de la Magistratura del Padrón Nacional Electoral respectivamente. Ya ni hablar del voto de las últimas autoridades electas que ni siquiera llegan al 1% de respaldo popular. Por su parte, el voto Nulo en todos los casos supero el 34%, el Blanco el 12% y la abstención fue del 20% del mismo padrón. Además, la primera muestra de su tamaño la dieron al aceptar ser posesionados por Evo Morales, cuando lo natural sería que el Órgano Electoral –cuyo Presidente se ha demostrado es un ferviente militante del partido de gobierno- bien se hubiese prestado para camuflar este acto vergonzoso de sumisión. Inclusive a pesar, que el artículo 24 inciso 15 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional dice que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral “Registrar candidaturas, disponer su inhabilitación y otorgar las credenciales a las candidatas y los candidatos que resulten electos, en los procesos electorales de alcance nacional” el Presidente del Estado Plurinacional en un acto caracterizado de soberbia dio por inaugurado un nuevo ciclo de la justicia boliviana. Difícil es en estas condiciones, creer que la “nueva” justicia sea independiente e imparcial, pues lo único evidente es que seguirá al servicio del poder político de turno, hoy de los pitufos.