Han pasado cerca de 10 meses desde que el Senador pandino Roger “Chonta” Pinto, tomo la difícil decisión de solicitar asilo político en la Embajada del Brasil. A pesar que dicha solicitud fue aceptada por el gobierno brasileño, Evo Morales y su administración se han resistido a otorgarle el salvoconducto que le permita abandonar la Embajada en La Paz, con dirección al vecino país.
Las razones que obligaron a Chonta Pinto a tomar esta difícil decisión, las describí en un artículo previo que lo titule ¿Cuál es el límite?
Lo que ahora me motiva escribir este nuevo artículo, es describir las condiciones humanas en las cuales ha tenido que mantener este cautiverio de alrededor de 300 días. Roger está en una oficina de la Embajada y no en la casa del Embajador, por lo que cuento con un espacio de 5×5 metros que se han convertido en su dormitorio, su sala, su comedor, en resumen su estar permanente.
A diferencia de una cárcel, no tiene “compañeros” con los cuales compartir una charla o peor aún un café. Ni hablar de una copita de trago, que todos sabemos circula en los diferentes centros penitenciarios del país. No tiene visitas conyugales, pues su esposa tuvo que huir al Brasil para resguardar su vida.
A raíz de la última visita del Ministro de Relaciones Exteriores; Patriota, se tuvo que reconocer que parte de los asuntos pendientes entre los gobiernos de Bolivia y Brasil es el caso Pinto, para lo cual se determinó conformar una comisión, en especial debido a la probable visita de la Presidenta Dilma Rousseff el próximo mes.
Está claro que Evo se quejó a Patriota respecto a las visitas que recibía Chonta en las oficinas de la Embajada del Brasil en La Paz. A raíz de eso, el gobierno brasileño ha decidido restringir las visitas a sus familiares y a un abogado.
Ante esta circunstancia me fue imposible visitar al Senador Pinto, aunque recibí las explicaciones que he detallado por personal de la Embajada del Brasil. La ironía es que día anterior tuve la oportunidad de visitar al preso político más importante de nuestra historia moderna; Leopoldo Fernández, que debido a una grave complicación de salud tuvieron que darle detención domiciliaria, tras cuatro años y medio de cárcel sin sentencia.
Imagínese usted estar peor que preso durante casi 10 meses, con el status diplomático de asilado político, y encima que el propio gobierno que le ha otorgado esa categoría comience a restringir sus derechos humanos.
Es no solo lamentable, si no deplorable que nuestro principal vecino, más allá de las coincidencias ideológicas con el gobierno actual, siendo su Presidenta una víctima de las dictaduras, otorgue semejante trato a un Senador de la República cuyo único pecado fue -cumpliendo su mandato constitucional- denunciar los vínculos de funcionarios del gobierno con el narcotráfico y con la red judicial que se ha usado para amedrentar, perseguir y extorsionar a cuanto sujeto hayan querido y podido.
En estas condiciones no sé ¿qué es mejor ser en este país?, si un preso con condena cuyos derechos (excepto la locomoción libre) están en ejercicio o un asilado político.
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