Hace unos días tuve que ir a sacar mi Cédula de Identidad al SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y compartí mi experiencia y mi sueño que algún día todo el trámite pueda ser 100% digital, y se inició una lluvia de ideas sobre los pros y los contras de algo así, en mis redes sociales.
Partamos del principio que hay varias experiencias en el mundo sobre una identificación digital, pero sin duda el modelo a seguir -no necesariamente a copiar- es la de Estonia, que en el año 2002 lanzó su ID-card junto con la firma electrónica, el 2008 su Mobile-ID y el 2017 su Smart-ID; una aplicación gratuita que se puede instalar en cualquier dispositivo móvil, y que tiene como objetivo servir como identificación digital de los ciudadanos de ese país y en la Unión Europea, para acceder a todos los servicios del gobierno y de las empresas privadas ahorrando mucho tiempo y dinero a todos. Por lo que, no solo es posible tener una cedula de identificación digital, si no que ya se está usando desde hace muchos años y hay varios países que están en el mismo camino.
Obviamente el principio más importante de cualquier servicio público ya sea digital o no, es que sea de acceso universal, así que el primer desafío seria garantizar la infraestructura adecuada para su acceso. El segundo desafío sería iniciar un proceso de educación digital ciudadana, que podría convertirse en una oportunidad para generar una política nacional de educación digital que sería un gran salto para los bolivianos.
Pero lo interesante de la lluvia de ideas, fueron las propuestas originales que fueron sumando, por ejemplo: que la identificación digital consigne el tipo de sangre de cada ciudadano. ¿Se imaginan que con tu ID Digital, tu puedas acceder a tu historia clínica desde que naciste? Provocaríamos una Transformación Digital del sector salud, pero eso será motivo de otro artículo.
Otra sugerencia fue que, en la misma identificación digital, indique si eres donante de órganos, lo cual nuevamente generaría un impulso importante a esta política que debería ser pública.
Una observación interesante fue que la foto tiene que ir en el mismo lado que el nombre completo, ya que por esta situación en otros países no aceptan la Cédula de Identidad como documento de identificación valido.
Además, sugirieron, que te puedan enviar tu Cédula de Identidad a la dirección declarada en la misma Cédula de Identidad; el delivery correría por cuenta propia, y de esta forma impulsar la creación de un código postal que es uno de los pilares del comercio electrónico en otros países.
Actualmente te piden para emitir por primera vez o renovar tu cedula de identidad, un Certificado de Nacimiento original actualizado emitido por el SERECI (Servicio de Registro Cívico), la boleta de depósito bancario y obviamente la presencia física para sacar la foto y registrar sus huellas dactilares.
El primer problema por resolver es que tenemos dos instancias que hacen prácticamente lo mismo; el SEGIP y el SERECI, el primero (dependiente del órgano ejecutivo) emite un documento de identificación personal y el segundo (dependiente del órgano electoral) cuya “función es organizar y administrar el registro de las personas naturales, en cuanto a nombres y apellidos, su estado civil, filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, así como el registro de electores y electoras para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. (Art. 70, Ley N. 018 del Órgano Electoral)”, violando el principio más importante de la digitalización que es entregar un documento físico una sola vez a una institución del Estado.
Hay otros problemas “técnicos” que resolver, ¿nos seguirían pidiendo huella dactilar? ¿la firma sería digital? ó ¿tendríamos que escanear nuestra firma y valdría como una firma digital? Además, la foto debería cumplir con ciertas características técnicas y seguramente ser validada con un sistema de reconocimiento facial, como ya lo hacen varias aplicaciones en el mundo y la propia aplicación del gobierno de Ciudadanía Digital.
Además de la dirección, la Cédula de Identidad especifica la fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, el domicilio y todos estos datos los tiene el SERECI y se podrían “jalar” de su base de datos (si no lográramos la unificación de instituciones) establecido en la Ley 1080 de Ciudadanía Digital y el Decreto Supremo 3525; que norman la Ciudadanía Digital y el archivo digital, la interoperabilidad y la tramitación digital. La profesión/ocupación debería ser simplemente una declaración jurada; con sus consecuencias legales en caso de falsear la información, así no tendríamos que estar llevando el original de cade certificado para que verifiquen la autenticidad del dato.
La identidad digital, junto a la firma digital es la base de la Transformación Digital de un Estado, convirtiéndose en un instrumento de inclusión reduciendo los costos de transacción en la economía, contribuyendo a mejorar la calidad de servicios tanto del sector privado como del sector público.
No encarar este proceso, significa quedarnos en el subdesarrollo, ahora de la economía digital global.
Columna originalmente publicada en público.bo y eju.tv, el 27 de enero de 2022.
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